Junts y ERC exigen a Sánchez aprobar un decreto urgente que obligue a las empresas a volver a Cataluña

Junts, el partido de Carles Puigdemont, y ERC están presionando al Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar urgentemente un decreto que fuerce a volver a Cataluña a las grandes empresas que cambiaron su sede durante el procés independentista. Entre ellas, se encuentran CaixaBank, Criteria, Banco Sabadell, Naturgy, Cellnex o Colonial.

Así lo aseguran fuentes conocedoras de la situación, que añaden que los independentistas no quieren que pase el tiempo y este compromiso alcanzado con Pedro Sánchez caiga en el olvido, eclipsado por la aprobación de la amnistía.

Para forzar este regreso, Junts propone endurecer mediante decreto ley la Ley de Sociedades de Capital para «obligar a que las compañías a situar su sede social donde tengan realmente la sede efectiva, es decir, donde están los servicios centrales y se toman las decisiones», según las fuentes. No obstante, la fórmula definitiva tendrá que ser negociada con el Ejecutivo.

El decreto ley también fue utilizado por Luis de Guindos en la vorágine de octubre de 2017 para facilitar el cambio de sede de las empresas catalanas sin que tuviera que ser aprobado por la junta de accionistas, algo que afectaba especialmente a CaixaBank.

El acuerdo firmado entre Junts y el PSOE para la investidura de Sánchez contiene como una de sus cláusulas que «se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años», pero no detalla cuáles serán esos elementos.

Para el partido de Puigdemont, conseguir la vuelta de las compañías que se fueron con el referéndum ilegal de 2017 sería una gran victoria que utilizaría como arma electoral en los próximos comicios autonómicos. Asimismo, implicaría un fuerte incremento de los ingresos de la Generalitat, ya que estas firmas pasarían a tributar en Cataluña. Algo que se imbrica en su exigencia de que esta comunidad recaude todos sus impuestos en un esquema parecido al cupo vasco.

Como informó OKDIARIO, las grandes empresas catalanas no tienen ninguna intención de volver a situar su sede social en esa comunidad, puesto que siguen sin darse las condiciones de estabilidad política y seguridad jurídica necesarias para ello. Por eso, temen sanciones o coacciones para obligarlas a regresar.

Hereu, más conciliador

El fin de semana pasado, el nuevo ministro de Industria del PSC, Jordi Hereu, planteó un escenario más amable en una entrevista con La Vanguardia: «Generaremos condiciones para que aquellas empresas que consideramos que tienen que volver o que se marcharon por unas ciertas circunstancias puedan volver».

Hereu añadió que «cuando todos percibamos que lo que tenemos que hacer lo haremos a través de reglas de juego previsibles, entonces eso se puede dar, y estoy seguro de que se dará». A priori, el ministro no está en la misma línea de Junts de forzar mediante un decreto o una modificación legal el retorno de las compañías.

Distintas fuentes aseguran que Hereu ha sido nombrado precisamente para gestionar este asunto con los independentistas. Una negociación que el PSOE pensaba que iba a ser larga, pero que Junts quiere cerrar cuanto antes.

Las empresas no quieren retornar ante la amenaza de un nuevo referéndum de independencia en Cataluña que tanto Junts como ERC se han comprometido a celebrar ante sus votantes. Este eventual referéndum podría provocar de nuevo inestabilidad, disturbios y una nueva declaración unilateral de independencia. Un escenario que dificulta aún más el retorno de las compañías.

Los más reacios a volver a poner su sede en Barcelona son los bancos CaixaBank y Sabadell, ya que no pueden permitirse salir del euro y, en consecuencia, del BCE, dado que dependen de él para obtener liquidez y para el sistema de pagos europeo (Eurosistema). En una hipotética independencia de Cataluña, el nuevo país saldría de la UE y las entidades perderían el acceso al banco central.