El PSOE acuerda con Junts ceder el 100% de los tributos a Cataluña y el regreso de las empresas ‘fugadas’

El pacto de investidura entre PSOE y Junts per Cataluya incluye también un breve, pero contundente paquete económico que abarca desde la cesión del 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña y, durante la legislatura, renegociar el sistema de financiación y un plan para recuperar las empresas fugadas.

En el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno, dice el acuerdo suscrito, «Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA [Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas] que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya»

Además, el acuerdo de investidura incluye el compromiso del PSOE de que «apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya».

En el ámbito fiscal, el acuerdo de investidura parte de una situación en la que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha ingresado 4.503,4 millones de euros. Tanto a través de tributos propios como de los cedidos, la recaudación fiscal de la Generalitat ha aumentado el 11,9% hasta octubre, con respecto a los diez primeros meses del año pasado. Es decir, 477,6 millones de euros más.

Estos ingresos proceden del acuerdo entre Generalitat y Gobierno central suscrito entre Artur Mas y José Luis Rodríguez Zapatero que se plasmó en la Ley 16/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña.

En esa norma se cedía el 50% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) desde el 33% que retenía hasta entonces. Además, incluía una ampliación de las competencias de la Generalitat sobre este impuesto para que el gobierno catalán pudiera modificar los mínimos personales y familiares y las deducciones de la cuota.

Por tanto, desde 2010, la Generalitat asume el 50% de lo que recauda en concepto de Impuesto sobre el Patrimonio; Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; además de los Tributos sobre el Juego y el 50% del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

Además, la Generalitat se queda con el 58% por ciento de lo recaudado a través del Impuesto sobre la Cerveza; el Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas; el Impuesto sobre Productos Intermedios; y el Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas.

A eso se añade el 58% de tasas de alta recaudación como:

• El Impuesto sobre Hidrocarburos
• El Impuesto sobre las Labores del Tabaco
• El Impuesto sobre la Electricidad
• El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y
• El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

El acuerdo suscrito oficialmente por Santos Cerdán (secretario de Organización del PSOE) y Jordi Turul (secretario general de Junts per Catalunya) para que la formación nacionalista apoye la investidura Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, lleva ahora al 100% la cesión tributaria.

A esa medida se incluye también el compromiso del PSOE de apostar por «medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya».  Un enfoque a la base del sistema de financiación actual con el que se sienten insatisfechas la mayoría de las Comunidades Autónomas.

Recuperar la banca

El tercer gran punto económico del acuerdo de investidura se centra en recuperar las numerosas empresas y entidades financieras que cambiaron su sede a otras regiones tras la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017. 

Esa fuga de bancos señeros y grandes empresas y multinacionales a otras Comunidades autónomas aún escuece en las filas nacionalistas. De ahí su exigencia expresada en el acuerdo de investidura de «abordar» conjuntamente (PSOE y Junts) «los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años».

En el foco nacionalista están entidades financieras de la talla de CaixaBank (se trasladó a Valencia), Banco Sabadell (lo hizo a Alicante) o Banca Mediolanum y la gestora de fondos EDM, que dejaron de tributar en Cataluña al trasladar su sede a Madrid. Y negocia el apoyo socialista para diseñar un plan que permita a la Generalitat recuperar empresas perdidas.

Los bancos no fueron los únicos. En el sector asegurador, la Hacienda catalana perdió contribuyentes de la talla de SegurCaixa Adeslas, Grupo Allianz Seguros, Catalana Occidente y Zurich Insurance (se fueron a Madrid) o como Axa (cambió su sede a Bilbao), MGS Seguros (Zaragoza) o Divina Pastora (Valencia).

El daño empresarial y económico de la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, en octubre de 2017 es evidente y, ahora, los nacionalistas exigen el apoyo del PSOE para recuperar el domicilio social (y fiscal) de energéticas como la actual Naturgy; gestoras de infraestructuras y concesiones como Abertis, Cellnex y Aguas de Barcelona; inmobiliarias como Colonial y Servihabitat (Madrid) y grandes industrias como Cementos Molins, Mitsubishi Electric España, Panasonic o la biofarmacéutica Horyzon, que trasladaron su sede a Madrid, mientras Pirelli lo hacía Valencia.

Fueron, quizá las más llamativas, entre los centenares de empresas y pymes que trasladaron su sede para huir de la inestabilidad sociopolítica de entonces y no ver perjudicados su negocio y patrimonio.

Entre ellas, marcas como Applus, Digi, eDreams, Grupo Planeta o Bimbo cambiaron su domicilio a la capital de España. Mientras la bodeguera Codorniú lo hizo a La Rioja; la empresa de logística MRW, Idilia Foods (propietaria de marcas como Nocilla, Paladín y los batidos OK) se trasladaban a Valencia; el Grupo Gallo se marchaba a Córdoba; Cervezas San Miguel lo hacía hacia Málaga; el Grupo Alimentario Argal se cambiaba a Zaragoza.