El juez tumba la investigación que pidió la asesora de Begoña Gómez por una exclusiva de OKDIARIO

El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha rechazado abrir diligencias sobre la queja por la noticia exclusiva publicada por OKDIARIO el pasado 13 de enero en la que se adelantaba que Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez se negaban a entregar sus pasaportes. El fiscal del caso, que en este caso habitualmente ha respaldado a Begoña Gómez y su asesora, no ve que haya delito de revelación de secretos y lamenta que gran parte del caso acabe en la prensa: «La cuestión causa cierta fatiga».

El magistrado no considera adecuado indagar sobre esa información periodística: las dos investigadas llevan más de dos meses sin atender el requerimiento judicial, lo que le obligó al instructor a solicitar la intervención de la Unidad Adscrita de Policía Judicial de los juzgados de Plaza de Castilla para hacer cumplir su orden o, al menos, dejar por escrito la actitud de la mujer de Pedro Sánchez y su asesora de cara al posible juicio oral.

La providencia dictada por Peinado, fechada a 12 de enero, resultaba inequívoca. En ella se señala que, «no habiéndose aportado por las investigadas Begoña Gómez y Cristina Álvarez los pasaportes expedidos a su nombre a día de la fecha, ofíciese a la Unidad Adscrita a fin de que informe sobre las gestiones realizadas y la respuesta obtenida hasta el día de hoy del requerimiento realizado a las investigadas de forma personal».

La solicitud original se remonta a principios del pasado mes de noviembre, cuando el instructor dictó un extenso auto en el que requería a ambas investigadas que aportasen sus pasaportes «con el fin de precisar fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero realizadas por ambas».

El objetivo del juez era cotejar si Cristina Álvarez, directora de Programas en Presidencia del Gobierno y pagada con dinero público, había acompañado a la esposa de Pedro Sánchez en desplazamientos internacionales relacionados con sus negocios privados. En concreto, el magistrado sospechaba que Álvarez había viajado con Begoña Gómez a Londres en 2020 para realizar gestiones vinculadas a la cátedra universitaria que esta última dirigía a través de la fundación África Center.

Pasaportes y defensas

Ni Begoña Gómez ni Cristina Álvarez atendieron la petición. Tampoco lo han hecho sus respectivas defensas, que consideran que las investigadas no están obligadas a facilitar dicha documentación.

José María de Pablo, abogado de Cristina Álvarez, justificó públicamente la negativa: «Pequeño recordatorio de que la jurisprudencia prohíbe a los jueces de instrucción requerir la aportación de documentos a los investigados, porque hacerlo vulnera el derecho a guardar silencio».

Sin embargo, otros juristas consultados han advertido de que la negativa podría constituir un presunto delito de desobediencia por no acatar la orden de un juez. Algunos expertos han añadido, además, una circunstancia que podría resultar contumaz para la instrucción: Begoña Gómez podría disponer de un pasaporte diplomático en el que no constasen los viajes que el magistrado investiga.

La nueva resolución de Peinado contraria a las intenciones de Cristina Álvarez admite recurso de reforma en un plazo de tres días, que deberá interponerse por escrito ante el Juzgado de Instrucción número 41.

El fiscal dice que «es ciertamente lamentable y lesivo, tanto la posible vulneración del deber legal y profesional de quien pudiera haberlo cometido, como también el uso y enfoque interesado, o juicio mediático paralelo que puede llegar a realizarse. Qué duda cabe que todo ello, a fuer de ser reiterado y extendido, puede afectar o acabar afectando a los derechos de los investigados y a la propia reputación de la Administración de Justicia. Y este proceso es un exponente de dicha degradación: informes, declaraciones, vídeos, resoluciones, anticipos de resoluciones y actuaciones policiales. Nada ha quedado al margen. Pero la conducta concreta que se expone, no colmaría, en nuestra opinión, dichas exigencias, pareciendo más bien una cuestión de ámbito de corrección disciplinaria y sanción administrativa».

Cabe recordar que, ya en noviembre, las acusaciones populares de Vox, Iustitia Europa, Hazte Oír y Manos Limpias habían instado al juez a prohibir a Begoña Gómez salir del país, retirarle el pasaporte y acordar comparecencias quincenales.

Peinado rechazó entonces esas medidas por considerarlas «innecesaria y desproporcionada», al estimar que era «difícilmente contemplable que pretenda residir en cualquier otro país, con carácter prolongado en el tiempo».

Informes de Google y Devoteam

En la misma providencia, el juez trasladaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de los informes presentados por las empresas Google y Devoteam sobre las reuniones mantenidas por Begoña Gómez en el marco de sus actividades universitarias.

Google ha explicado que, tras revisar la información disponible, no constan actas formales de esas reuniones, aunque sí pudieron haberse producido encuentros entre participantes con una frecuencia semanal y asistencia variable. La compañía ha advertido de que, por políticas internas, los correos electrónicos con más de 18 meses de antigüedad pueden eliminarse automáticamente, lo que impide garantizar su disponibilidad.

Por su parte, Devoteam Drago ha entregado toda la documentación de la que dispone, incluidas tres actas concretas de febrero de 2023, y ha detallado que la coordinación global del proyecto se llevaba desde la Universidad Complutense de Madrid, incorporándose posteriormente Deloitte como responsable de la coordinación.

La amistad entre Begoña Gómez y Cristina Álvarez se remonta a más de una década, cuando ambas trabajaban en Inmark, una empresa de empleo temporal dedicada a la consultoría de marketing. Álvarez siguió la investidura de Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso de los Diputados junto a la familia del presidente. Ahora las dos están imputadas por malversación de caudales públicos.

La instrucción judicial encara su recta final pendiente de varios recursos de apelación que deben resolver los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, tribunal que ya ha avalado en numerosas ocasiones la labor investigadora de Peinado. Mientras tanto, los pasaportes siguen sin aparecer.