La juez suspende la declaración del novio de Ayuso tras la petición del PSOE y Más Madrid
PSOE y Más Madrid se han personado en el caso y apuntan a la existencia de más delitos
La juez que investiga el presunto fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha cancelado la declaración prevista para este lunes tras la petición de PSOE y Más Madrid. Las partes no han tenido tiempo suficiente para analizar la documentación del caso, ha determinado la magistrada de Plaza Castilla. La acusación popular, que representan los dos partidos políticos, habían solicitado a la juez Inmaculada Iglesias un aplazamiento de la declaración de González Amador prevista para con la finalidad de que investigue supuestos nuevos delitos.
En un escrito del PSOE se reclamaba la práctica de determinadas diligencias a la vista del informe emitido por la jefa del Equipo de Inspección de la Agencia Tributaria en la Delegación Especial de Madrid, firmado el 22 de diciembre de 2023, obrante en el procedimiento. Subrayan que del análisis inicial de la causa se observa que tiene aproximadamente 1.500 archivos. Esos papeles le llegaron al PSOE el pasado 12 de junio, lo que, a juicio de esa parte, ha hecho «imposible el análisis completo de la documental contenida en el mismo».
Por ello, se interesa que se proceda a la suspensión de las declaraciones señaladas para el día 24 de junio de 2024, para poder tener adecuada instrucción de todos los documentos que conforma el procedimiento de cara a los interrogatorios previstos.
Del mismo modo, Más Madrid señalaba que habría indicios de más delitos que requieren más tiempo de investigación y estudio con el fin de una posible ampliación del delito fiscal, falsedad documental y delito contable.
La jueza de Instrucción número 19 de Madrid había citado también para este lunes al resto de los investigados, después de que el pasado 20 de mayo se suspendieran las comparecencias debido a un problema en la notificación de la citación a uno de los imputados. Ahora también se ha alegado que hay investigados que viven en Sevilla que tenían problemas para asistir este lunes.
La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos relativos al Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021, y en un presunto delito de falsedad en documento mercantil por la presentación de facturas que no corresponden a servicios realmente prestados, con el fin de reducir la cuota tributaria a pagar. En el auto de apertura de diligencias, la jueza indicó que, supuestamente, «como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el Impuesto de Sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros».
Por otra parte, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco José Goyena tramita la querella del novio de Ayuso por revelación de secretos contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal del caso, Julián Salto. Denuncia una nota de prensa difundida por la Fiscalía de Madrid que hablaba del intercambio de correos entre el abogado de Alberto González y el fiscal del caso. Como telón de fondo del caso está el posible pacto entre el novio de Ayuso y la Fiscalía tras una controvertida negociación que esta por ver en qué queda.
Precisamente en la causa contra González Amador, la Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse «gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades». «Gastos que no corresponden a servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público una menor cantidad de la que correspondía pagar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021», recoge la denuncia del fiscal.
El pasado 22 de enero, la Fiscalía recibió de la Agencia Tributaria un informe sobre la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, del que se deducen «determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021 que pudieran constituir delito».