El novio de Ayuso se querella contra la fiscal jefe de Madrid por un delito de revelación de secretos

Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha interpuesto una querella contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y contra el fiscal de delitos económicos Julián Salto por delito de revelación de secretos, que conllevaría penas de cárcel. La Fiscalía, en una nota informativa del pasado mes de marzo, dio datos sobre los correos que el fiscal del caso y el abogado de González Amador se intercambiaron con el objetivo de llegar a un acuerdo, después de que se revelase un presunto fraude del novio de Ayuso a Hacienda.

El juzgado número 19 de Madrid imputó el pasado 22 de marzo a Alberto González Amador por dos presuntos delitos fiscales. La juez admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía. También tendrán que declarar como investigados el resto de procesados en la causa. A González Amador se le imputa por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y de falsedad en documento mercantil.

El novio de Ayuso ha presentado esta querella ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Su presidente, Celso Rodríguez Padrón, ha asumido la ponencia de la causa. La querella ha sido trasladada a la Fiscalía Superior de Madrid para que sea o no admitida a trámite. En caso de que sea aceptada, se abriría un proceso penal contra Pilar Rodríguez Fernández y Julián Santo, además de nombrar a un instructor que dirigiría la investigación contra ellos.

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha enviado un escrito al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para comunicarle que ella debe abstenerse de intervenir en todo lo relativo a la querella presentada por Alberto González Amador por «haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo».

Revelación de datos

Lastra participó en el proceso interno de la Fiscalía que terminó con la difusión de una nota informativa sobre el novio de Ayuso, nota con la que la fiscal superior no estaba de acuerdo. En esta nota informativa se difundieron detalles como fechas, horas y frases entrecomilladas durante el intercambio de correos electrónicos que mantuvieron el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto. Debido a esto, el novio de Ayuso ha presentado finalmente una querella por un presunto delito de revelación de secretos, como ha adelantado este miércoles El Español. Los datos personales revelados tenían el carácter de secreto por hacer alusión a presuntas responsabilidades penales objeto de investigación.

La nota informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid fue difundida el pasado 14 de marzo, después de que se asegurara de que se había «ofrecido un pacto» a Alberto González Amador para que admitiera los delitos fiscales que Hacienda le atribuía. Este hecho no era correcto puesto que se basaba en una versión manipulada de un correo electrónico enviado por el fiscal Julián Salto al abogado del novio de Ayuso el pasado 12 de marzo, tras la denuncia de la Fiscalía. En realidad fue la defensa de González Amador la que propuso el pasado 2 de febrero un pacto fiscal admitiendo por escrito que «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública».

Penas de cárcel

La querella presentada por Alberto González Amador atribuye a la fiscal jefe de Madrid y al fiscal de delitos económicos dos delitos recogidos en los artículos 417 y 197 del Código Penal.

El primero es un delito contra la Administración Pública que castiga a «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados». «Incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años», añade. La pena mínima se situaría en dos años de cárcel por afectar a secretos de un particular.

El segundo se trata de un delito contra la intimidad, que se castigaría con una pena mínima de prisión de dos años la difusión de datos reservados de carácter personal.

Trama de facturas falsas

A Alberto González Amador se le acusa de haber defraudado un total de 350.951 euros a través de una presunta trama de facturas falsas. Así lo recoge la denuncia de la Fiscalía. Los cálculos de Hacienda señalan a que se habría defraudado este dinero durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, cuando se realizaron negocios relacionados con la pandemia del coronavirus. González Amador intermedió entre una empresa proveedora de mascarillas con otra interesada en comprarlas, en una operación que se produjo entre dos sociedades privadas.

En el auto, la juez sostiene que de la investigación de la Agencia Tributaria «se desprende indiciariamente la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública». Esgrime también que «las facturas no se corresponden con los servicios realmente prestados».