La juez abre investigación a la pareja de Ayuso por fraude a Hacienda y facturas falsas

El juzgado número 19 de Madrid ha imputado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos fiscales. La juez admite a trámite la denuncia de la Fiscalía y le llama a declarar como investigado junto al resto de personas denunciadas. González Amador tendrá que declarar por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y de falsedad en documento mercantil.

El total del dinero defraudado por la pareja de Ayuso, a través de una presunta trama de facturas falsas, ascendería a 350.951 euros. Los cálculos de Hacienda señalan a que se habría defraudado este dinero durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, cuando se realizaron negocios relacionados con la pandemia del coronavirus. González Amador intermedió entre una empresa proveedora de mascarillas con otra interesada en comprarlas, en una operación que se produjo entre dos sociedades privadas.

En el auto, la juez sostiene que de la investigación de la Agencia Tributaria «se desprende indiciariamente la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública». Esgrime que «las facturas no se corresponden con los servicios realmente prestados» y llama a declarar también a las inspectores de Hacienda que investigaron a Alberto González Amador con el fin de que ratifiquen sus informes realizados sobre la pareja de Ayuso.

«Como consecuencia e estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros, delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal», explica la juez en su resolución.

El informe realizado por el Ministerio de Hacienda contra la pareja de Ayuso se recalca que existe «un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer».

En esta causa están también imputados otros cuatro empresarios vinculados a las mercantiles que participaron en esta supuesta trama de facturas falsas (Maximiliano Eduardo N. G., David H. L., Agustín C. S. y José Miguel C. S). Las empresas involucradas están siendo investigadas como responsables subsidiarias y por ser personas jurídicas.

1,7 millones de €

Las investigaciones de Hacienda se centran en la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medio Ambiente, cuyo administrador único es Alberto González Amador. Según la denuncia presentada por la Fiscalía, la compañía habría presentado 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros.

Sobre esta empresa, el informe de Hacienda recalca «determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito». La Fiscalía investigó estos hechos y sostuvo que de ellos se deduce un presunto fraude fiscal por «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades».

«Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021», se añade en la denuncia de la Fiscalía.

Colegio de Abogados de Madrid

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) anunció este lunes que presentará una denuncia por lo penal a los responsables de la Fiscalía Provincial de Madrid por las filtraciones del procedimiento judicial relativo a la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. En una rueda de prensa, el decano de los abogados madrileños, Eugenio Ribón, detalló una batería de cuatro medidas ante unos hechos que califica de «muy graves y sin precedentes».

Los abogados de Madrid, a través de su máximo órgano de representación, decidieron también suspender el protocolo de acuerdos de conformidad con el Ministerio Público y el impulso de un expediente sancionador contra los filtradores.

De esta forma, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) presentará sendas denuncias administrativa y penal para tratar de dar con los responsables de la vulneración del secreto de las comunicaciones de un colegiado. La Junta de Gobierno del Colegio celebró previamente una reunión para concretar estas medidas en defensa de los colegiados madrileños.