El Colegio de Abogados denuncia a la Fiscalía por las filtraciones sobre la pareja de Ayuso

El Colegio de Abogados de Madrid va a denunciar por lo penal a los responsables de la Fiscalía Provincial de Madrid por las filtraciones del procedimiento judicial relativo a la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. En una rueda de prensa de este lunes, el decano de los abogados madrileños, Eugenio Ribón, ha detallado una batería de cuatro medidas ante unos hechos que califica de «muy graves y sin precedentes».

Los abogados de Madrid, a través de su máximo órgano de representación, han decidido también suspender el protocolo de acuerdos de conformidad con el Ministerio Público y el impulso de un expediente sancionador contra los filtradores.

De esta forma, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) interpondrá sendas denuncias administrativa y penal para tratar de dar con los responsables de la vulneración del secreto de las comunicaciones de un colegiado. La Junta de Gobierno del Colegio ha celebrado previamente una reunión para concretar estas medidas en defensa de los colegiados madrileños.

Así, el Colegio de Abogados pone el foco en el movimiento que hizo la Fiscalía de Madrid emitiendo a las 10:20 del pasado jueves una nota informativa sobre el ofrecimiento de un pacto por parte del abogado de la pareja de Ayuso en el contexto de las diligencias de investigación relativas con un supuesto fraude fiscal.

Dos delitos

«Ambas denuncias persiguen la identificación de los autores de estos hechos para depurar responsabilidades», ha remarcado el decano, que ha estado respaldado por varios miembros de la Junta de Gobierno. Ribón ha avanzado que hay dos posibles delitos en la actuación de la Fiscalía Provincial de Madrid: la violación del secreto y la infidelidad en la custodia de documentos.

El decano ha recalcado que dicha nota supone «una vulneración sin paliativos del artículo 4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece como pauta general de actuación el respeto a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados».

En una nota de prensa, el Colegio de la Abogacía Madrileña tachó la semana pasada de «extrema gravedad» la supuesta revelación de «datos concretos», detallando «fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados».

Así, remarcaban que «el Estatuto de la Abogacía, aprobado por Real Decreto 135/2021, en su artículo 22, establece sin paliativos el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, garantizando así la confianza y la protección de los derechos de su defendido».

Además, recordaban que «el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 4,5º, destaca el límite de la obligación de informar por parte del Ministerio Público, haciendo hincapié en el respeto al secreto del sumario y a los deberes de reserva y discreción inherentes al cargo, así como a los derechos de los implicados».

«Este marco legal subraya la importancia del secreto profesional, especialmente en las interacciones entre fiscales y abogados, ya sea durante las diligencias de investigación o en el transcurso de los procedimientos judiciales», ampliaban.

El Colegio de Abogados justifica sus denuncias en relación al ataque a la pareja de Ayuso porque «la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal».