El juez recuerda que investiga por terrorismo a Tsunami desde 2019, cuatro años antes de la amnistía

El juez instructor del caso Tsunami, Manuel García-Castellón, ha recordado este lunes que la calificación de los hechos imputados a ese grupo violento independentista como delito de terrorismo se puede constatar desde hace cuatro años. Poco después de la apertura de la investigación, en octubre de 2019, el magistrado enmarcó este procedimiento judicial en el terrorismo, motivo por el cual el caso se analiza en la Audiencia Nacional y no en juzgados ordinarios de Cataluña. En particular, rescata las primeras comisiones rogatorias enviadas a Suiza y EEUU, en diciembre de 2019, donde ya se hablaba expresamente de presunto delito de terrorismo.

A pesar de que la Fiscalía se esfuerza ahora en desmontar que es terrorismo, García-Castellón recuerda que lleva cuatro años con las mismas sospechas. Aunque la izquierda se lanza contra el magistrado de acusar ahora de terrorismo a Tsunami, lo cierto es que desde hace casi 50 meses la causa judicial recoge posibles delitos de terrorismo.

Este domingo se ha conocido que el fiscal del Supremo encargado de estudiar la exposición razonada elevada por García-Castellón tampoco ve esos delitos de terrorismo y argumenta que no se ha investigado lo suficiente para dirigir la investigación contra el expresidente catalán Carles Puigdemont. Sin embargo, el caso se está instruyendo desde finales de 2019 sin pausa.

Ahora, el magistrado rememora que a los pocos días del arranque de la investigación, el 19 de noviembre de 2019, ya apreció la presencia de unos hechos susceptibles de incardinarse en infracciones susceptibles de constituir una alteración grave de la paz pública –como señala el artículo 573 del Código Penal para «los delitos de terrorismo»–.

De esta forma, García-Castellón enfatiza que la calificación que contiene su auto del 6 de noviembre de 2023, resolución en la que enumeraba a los imputados, «no resultaba ni mucho menos novedosa» y no era una «imputación sorpresiva o acomodada a circunstancias ajenas a la investigación», una alusión clara a la negociación de la Ley de Amnistía entre partidos independentistas y el PSOE.

Por otra parte, el auto de este lunes, consultado por este periódico, agrega que también en fechas más recientes, una vez presentados los informes de imputación individualizados de 4 de mayo, se hablaba de terrorismo. El 21 de julio –antes de las elecciones del 23J en las que Pedro Sánchez unió su destino a Junts–, el juez ya habló de un posible delito de terrorismo expresamente.

El juez subraya que ese auto de julio acogió en su integridad el criterio de la Fiscalía que, en su informe de 19 de ese mismo mes, aceptó expresamente que los hechos investigados eran susceptibles de ser calificados como delito de terrorismo. No obstante, como publicó OKDIARIO, la Fiscalía tras las elecciones dio un giro aludiendo a un «error» interno.

El Ministerio público afirmaba en un documento de cinco páginas: «Los propios atestados elaborados evidencian la gravedad de los hechos, que permiten sostener de manera razonable el juicio aun provisional según el cual se ha cometidos un delito de terrorismo».

Fuentes fiscales argumentan que si bien el fiscal titular del caso, Miguel Ángel Carballo, no sostuvo nunca que viera terrorismo, en un momento en el que él estaba de vacaciones un compañero tuvo que sustituirle para contestar a un trámite y por error calificó de terrorismo el asunto.

No hubo recursos

Ahora, en este nuevo auto García-Castellón indica que es cierto que unos días después, el 26 de julio, el fiscal presentó escrito de subsanación de su escrito inicial, pero el juez apostilla que «no consta recurso alguno ni por la Fiscalía, ni por ninguna de las defensas ya personadas en aquel momento, contra el auto de este magistrado del 19 de julio en el que ya se calificaba el hecho como delito de terrorismo».

El auto de este lunes está centrado en pedir a la Guardia Civil que localice al diputado del Parlament de ERC Rubén Wagensberg, que se encuentra en Suiza según informó su formación política. El magistrado detalla que «se ha publicado en diversos medios de comunicación en los últimos días que uno de los investigado en el presente procedimiento, Rubén Wagensberg, habría podido abandonar el territorio nacional y podría encontrarse en algún punto de la Confederación Helvética». La Benemérita tendrá que comprobar si sigue viviendo en su domicilio habitual y si acude a su trabajo en el Parlament.

Como adelantó OKDIARIO, pide «determinar la localización de Wagensberg y asegurar su disponibilidad ante el órgano de instrucción, resulta un hecho relevante para los fines de la instrucción sumarial» y agrega que cabe la posibilidad de que «el investigado pudiera haber tratado de abstraerse de la acción judicial». El diputado se ha fugado aunque ERC esgrime que la marcha a Suiza de su compañero «no tiene nada que ver» con la paralización en el Congreso de la ley de amnistía.

Pude más informes

Por otro lado, García-Castellón pide recabar de la Agencia Española de Seguridad Aérea (EASA) información relativa a los hechos acontecidos en el Prat en octubre de 2019 e informar de los mismos a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para que acredite si se ha realizado alguna actuación al respecto. Igualmente pide a AENA y Enaire datos sobre los convenios internacionales de Montreal sobre seguridad de la aviación civil y del Consejo de Europa para reforzar la acusación a Tsunami.

La resolución explica, además, que hay que ampliar la comisión rogatoria enviada a Suiza por la que pedía localizar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. También requiere a ese país información relativa a datos bancarios para indagar en la financiación que la plataforma pudo recibir para materializar sus acciones.