La Fiscalía del Supremo se alinea con Sánchez y se opone a investigar a Puigdemont por terrorismo

La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha alineado con Pedro Sánchez y se opone a que siga adelante la instrucción judicial contra el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont por terrorismo, por la violencia desplegada durante las revueltas independentistas ocurridas en torno al procés independentista. Sánchez, que en su día verbalizó su famosa sentencia sobre el control de la Fiscalía por parte del Gobierno, proclamó hace escasos días que esas revueltas separatistas no fueron terrorismo, en contra de los indicios encontrados por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

Ahora, el fiscal del Tribunal Supremo (TS) Álvaro Redondo reproduce esa misma conclusión del presidente. Lo hace en un informe que se incorpora al trámite abierto por el TS para determinar si asume o no la instrucción penal contra Puigdemont, ya que es aforado y es a esa instancia judicial a la que corresponde entender de delitos cometidos por cargos amparados por la figura del aforamiento.

Álvaro Redondo ha emitido un informe donde se opone a que el alto tribunal investigue a Carles Puigdemont por terrorismo, contestando así a la exposición razonada que envió al TS el juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa de Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, para que imputara al ex presidente catalán por estos delitos.

Según ha avanzado El Confidencial y han confirmado fuentes fiscales, Redondo sigue la tesis del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, que recurrió el paso dado por el juez instructor al considerar que no existían indicios suficientes para proceder contra Puigdemont y que los hechos no eran constitutivos de terrorismo, sino de desórdenes públicos graves.

Sin embargo, las mismas fuentes explican que el informe aún no es definitivo, porque debe someterse al examen de la junta de fiscales de lo penal del TS. Y, además, la última palabra al respecto la tendrán los magistrados que han de resolver el trámite cursado por García-Castellón. En cualquier caso, la posición de la Fiscalía tiene un notable peso en todo proceso judicial y, por tanto, en la toma de posición por parte del tribunal.

La consideración o no de lo ocurrido como delitos de terrorismo tiene una onda expansiva política para el Gobierno de Sánchez, ya que incide de lleno en la eficacia de la Ley de Amnistía a la que aspiran los procesados por la violencia del procés.