El juez De la Mata cree «incuestionable» que el ‘caso 3%’ afectó a la economía nacional

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata considera que es «incuestionable» que las presuntas comisiones ilegales del 3% pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obra pública en Cataluña afectan a la seguridad del tráfico mercantil y a la economía nacional. Así ha argumentado que su juzgado haya asumido la investigación de este asunto del que se ha inhibido el juzgado que comenzó a instruirlo, el número 1 de El Vendrell (Tarragona).

El conocido como ‘caso 3%’ investiga al ex diputado en el Parlament y ex conseller Germà Gordó así como a dos ex tesoreros de CDC y a varios empresarios por presuntos delitos como cohecho, prevaricación, alteración de precios de concursos y subastas públicas, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración, tráfico de influencias, falsedad, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos políticos.

Según manifiesta en su auto el titular del Juzgado Central de Instrucción, que tiene fecha del pasado 18 de abril, en este caso se investiga una conducta «sistemática, estructural y organizada de manipulación de la contratación pública a gran escala» a la que añade «vulneración de los principios básicos rectores de la asignación de caudales públicos a lo largo de muchos años».

Se hizo, según detalla en su auto, «con participación de un partido político de gobierno (CDC), fundaciones (Catdem y Forum), y de «múltiples instituciones públicas» entre las que cita, además de la propia Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, el Consorcio de Educación de Barcelona, Bimsa, Infraestructures.cat, Autoridad Aeroportuaria de Barcelona, distritos municipales etc, «junto a decenas de empresas de ámbito nacional y autonómico».

218 millones en 24 proyectos

El monto total de las cantidades comprometidas en los concursos investigados, se eleva a 218,7 millones de euros, según apunta de la Mata, una cantidad resultante de analizar 24 procesos de licitación de obras y servicios.

Esta aproximación «inicial y no exhaustiva», según el juez de la Audiencia Nacional, permite también señalar en este momento de la investigación que el importe de las adjudicaciones definitivas asciende a 168,7 millones a los que hay que añadir modificaciones de los proyectos (1,7 millones) y prórrogas (4,5 millones). Las «donaciones» irregulares ligadas a estas adjudicaciones ascienden a más de un millón de euros.

La operativa de los investigados consistió, por tanto, en la sustracción a los legítimos aspirantes a conseguir obras y contratos de la posibilidad de obtener «rectamente» las adjudicaciones y, con ello, de conseguir fortalecer sus proyectos empresariales, la generación de empleo y la obtención de beneficios. «La economía nacional, por tanto, se pudo ver alterada por el empobrecimiento de la competencia y la profundización del círculo vicioso generado por las personas implicadas», concluye.

Otras razones alegadas por el juez de la Audiencia Nacional para quedarse el caso son la complejidad de la causa debido al número de personas investigadas y del entramado societario empleado, la necesidad de librar instrumentos de auxilio judicial internacional y la de revisar la gestión de determinados procesos de contratación en distintas administraciones. Los hechos, además, se han desplegado en varias provincias catalanas, como son Barcelona, Tarragona y Gerona, excediendo de la demarcación provincial.

La inhibición fue recurrida en Cataluña por las defensas ante la Audiencia Provincial de Tarragona, han apuntado a Europa Press fuentes jurídicas, por lo que la decisión de De la Mata aún no es firme.

Cuando así lo sea el juez en Madrid recabará de su compañero de El Vendrell toda la documentación del caso y los efectos y cantidades intervenidos hasta el momento. Si la Audiencia da la razón a los abogados defensores se creará un conflicto de competencia que deberá resolver el Tribunal Supremo.

La instrucción realizada hasta ahora en el Vendrell destacó que unos de los investigados, Andreu Viloca, presuntamente jugó «un papel esencial» como tesorero y administrador de CDC y de sus fundaciones, llevando un control exhaustivo de las licitaciones y adjudicaciones de obra pública, además de gestionar el pago de las donaciones a las fundaciones Catdem y Fòrum.

Según el juez de El Vendrell, la investigación ha destapado una «posible trama de financiación de CDC por medio de donaciones de empresas constructoras de ingeniería que resultarían adjudicatarias de obras y proyectos por entes bajo su control político», como los ayuntamientos de Sant Cugat del Vallès, Sant Celoni (Barcelona) Torredembarra (Tarragona), Figueres, Olot, Lloret de Mar (Girona), Infraestructures de la Generalitat, Autoritat Portuària de Barcelona y el Consorci d’Educació de Barcelona.

En cuanto a la probable comisión en el extranjero de ilícitos penales de algunos de los investigados como los empresarios Jordi Soler, Jordi Sumarroca, Sergio Lerma y Francesc Xavier Tauler, el magistrado creyó que está justificado enviar el caso a la Audiencia Nacional porque en un informe de la Guardia Civil se constata su «conocimiento y voluntad de utilización de jurisdicciones extranjeras de escasa o nula tributación».