El juez del ‘caso Neurona’ pide investigar si trabajadores de Neurona vinieron para la campaña de 2019

El juez del caso Neurona ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investigar los billetes de avión, registros de hospedaje y otro material aportado por Podemos con el fin de demostrar que hubo trabajadores de la consultora chavista –de matriz mexicana– que se desplazaron a España para trabajar en la campaña electoral de 2019, y probar así que los trabajos fueron reales, en contra de lo que cree el instructor, que apunta a un contrato simulado.

En un auto del 2 de marzo el magistrado Juan José Escalonilla ha respondido a la iniciativa de Podemos, que en febrero entregó al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid una nueva tanda de documentación para dar un «impulso al esclarecimiento de los hechos», según argumentó entonces.

En concreto, la formación ‘morada’ aportó justificantes de billetes de avión y hospedajes, y un plano del local de Maudes donde se concentró el equipo que trabajó en la campaña electoral de Podemos de ese año, incluido supuestamente el personal de Neurona. Señaló «en rojo» la mesa 7, la habilitada para ellos, y adjuntó fotografías (‘Bloque 4’) y vídeos donde aparecerían los empleados de la consultora política trabajando en este local y en actos electorales de 2019.

Podemos comunicó a la sede judicial «todos los datos personales (nombres, apellidos, nacionalidad y pasaporte), laborales (funciones en el equipo de Neurona) y de fechas de llegada y salida de España» de 21 personas que serían miembros del grupo de trabajo de la consultora política y que «vinieron a desarrollar presencialmente trabajos para la campaña electoral del año 2019».

Escalonilla, en dicho auto, ha encargado a la UDEF comprobar la «veracidad» de esos justificantes de vuelos y estancias, «que identifiquen a los trabajadores que aparecen en las fotografías aportadas como Bloque 4 y, si resulta posible, la determinación del acto electoral en el que se encuentran».

Asimismo, ha pedido indagar «la correspondencia de los vídeos aportados, presuntamente grabados en el interior del local de la calle Maudes, con el interior de dicho inmueble, así como la realidad de dichos vídeos en cuanto a su correspondencia con las elecciones generales del 28 de abril de 2019».

También ha encomendado a la UDEF «que investiguen y aporten a este juzgado de instrucción los vídeos o, tal y como se indica en el contrato, las ‘soluciones audiovisuales y productos comunicacionales’ que dichos trabajadores con ocasión de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 pudieron publicitar a través de Internet y redes sociales».

En ese mismo escrito, Podemos propuso al juez tomar declaración a diez personas del equipo de campaña del partido que se habrían coordinado con Neurona durante la campaña de 2019 para llevar a cabo diversas funciones. Escalonilla lo aceptó, citando a la decena de testigos para el próximo 19 de abril.

Tareas para la Policía

Por otro lado, en un auto anterior del 26 de febrero, el instructor del caso ‘Neurona’ ha acudido igualmente a la UDEF para que averigüe el destino de los 30.000 euros que Podemos transfirió desde su Caja de Solidaridad a la asociación #404 Comunicación Popular.

Escalonilla también quiere saber todos los movimientos que se hicieron desde la cuenta en la que se recibió el dinero en tres trasferencias desde el 4 de septiembre de 2019, un día antes de la primera, y las personas autorizadas a disponer de sus fondos.

Y, en la otra orilla, pretende determinar la cuenta o cuentas desde las que Podemos hizo las transferencias, quiénes son sus titulares y qué personas tienen acceso al dinero que hay en ellas.

La Caja de Solidaridad es una de las muchas ramificaciones del caso ‘Neurona’. El foco está puesto en la petición de 50.000 euros que hizo #404 Comunicación Popular a Podemos y que fue autorizada, aunque solo se llegaron a transferir 30.000 euros en tres tandas de 10.000 euros cada una. En octubre, el juez decidió archivar esta parte por considerar que «no resulta anómalo o extraño» que el dinero de ese fondo se use para movimientos afines al partido.

Sin embargo, la Audiencia Provincial, en una resolución del 16 de febrero que respondía a recursos de Vox y la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege –que ejercen de acusaciones populares–, ordenó a Escalonilla seguir investigando «hasta el esclarecimiento de la presunta administración desleal del numerario del Fondo de Solidaridad». Con este mandato a la UDEF, y una petición anterior en la que reclama documentación interna a Podemos, el instructor ha reactivado las pesquisas.