El juez confirma que hubo ‘dedazo’ en la reforma de la sede de Podemos como reveló OKDIARIO

El juez Juan José Escalonilla, que investiga la presunta financiación ilegal de Podemos, confirma en un auto que existió ‘dedazo’ en la adjudicación de las obras de reforma de su nueva sede en la calle Francisco Villaespesa 18.

Es cierto que el magistrado ha decidido archivar esta vía de investigación en la causa que se instruye en el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid porque no ha quedado acreditado que se produjera un delito de apropiación indebida por el incremento del presupuesto de la reforma (en un principio era de 649.000 euros y más tarde se aumentó en 1,3 millones de euros).

Sin embargo, el juez es contundente en su auto y, pese a que presuntamente no se haya cometido un ilícito castigado en el Código Penal, sí «consta indiciariamente acreditado que el partido político Podemos no licitó realmente dichas obras».

De esta manera, explica el juez, la formación morada incumplió lo dispuesto en la disposición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 8/2.007 de 4 de julio sobre financiación de partidos políticos.

Dicha disposición adicional, bajo el título «Régimen de contratación de los partidos políticos», establece que «los procedimientos de contratación de los partidos políticos se inspirarán en los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación sin perjuicio del respeto a la autonomía de la voluntad y de la confidencialidad cuando sea procedente». Unos requisitos que indiscutiblemente el partido de Pablo Iglesias ha incumplido.

Saltándose el concurso

El magistrado detalla en su escrito el modus operandi, adelantado por OKDIARIO, para elegir a las empresas que realizarían la reforma de la sede saltándose el supuesto concurso publicado en la web de los morados.

El testigo Juan Manuel Moraleja Iglesias, administrador único de la mercantil Euroal S.L, manifestó en su declaración que recibió una llamada del arquitecto contratado por Podemos para habilitar el nuevo edificio, Manuel Campos. El constructor le preguntó si estaba interesado en realizar labores consistentes en carpintería de aluminio exterior y mamparas interiores y le instó a que remitiera un presupuesto a través del portal. Días después, el arquitecto le volvió a llamar para informarle que había sido uno de los seleccionados.

Lo mismo ocurrió con Manuel Castillo Lozano, administrador solidario de la contratista principal, Rozas Castilla S.A, que recibió 752.008,10 euros por trabajos de demoliciones, estructura y forjados, albañilería o revestimiento continuos de techo, entre otros. Este testigo, incluso, aseguró en sede judicial que desconocía la presunta licitación pública de las obras.

El juez recuerda que Claudio Alejandro Ita Otalvares, administrador único de la mercantil Enviroline S.L, manifestó en su declaración testifical que, a mediados de mayo de 2019, le llamó por teléfono el arquitecto Campos. Lo mismo ocurrió con los otros tres empresarios, que resultaron ser los «agraciados» de un concurso que, al parecer, nunca existió.

Incumplimiento de la Ley

El instructor recalca que «queda por tanto indiciariamente acreditado que tal y como se expuso con anterioridad, no existió una licitación pública real de las obras de rehabilitación a ejecutar en el edificio sito en la calle Francisco Villaespesa nº 18 de Madrid». Aunque no existe el ilícito penal de apropiación indebida, los morados sí burlaron la Ley sobre la financiación de los partidos.

Además, hay que recordar que OKDIARIO ‘cazó’ a los obreros trabajando en la rehabilitación de la sede antes de que finalizara el supuesto concurso para que otras empresas pudiesen participar. Este diario publicó en exclusiva un vídeo con los trabajadores acometiendo las obras.

«Nosotros estamos trabajando y no sabemos nada. Este señor es el encargado de la obra», declaró uno de los trabajadores, señalando al jefe de obra, según puede comprobarse en el vídeo grabado por este periódico en la sede por la que Podemos desembolsó más de dos millones de euros al contado.

Según el artículo 321 de la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos de las entidades del sector público que no tengan carácter de poderes adjudicadores, como son los partidos políticos, deben aprobar unas instrucciones «en las que regulen los procedimientos de contratación de forma que quede garantizada la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, así como que los contratos se adjudiquen a quienes presenten la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145».

Además, «estas instrucciones se pondrán a disposición de todos los interesados en participar en los procedimientos de adjudicación de los contratos regulados por ellas y se publicarán en el perfil de contratante de la entidad».

Podemos también incumple su normativa sobre la concesión de contratos, además de la transparencia de la que presumen. Según su reglamento, los contratos se adjudicarán «a quienes presenten la mejor oferta, de conformidad con los siguientes requisitos y criterios de adjudicación del contrato, según los requisitos establecidos en los pliegos de licitación o en el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato».