Los jueces avisan a Sánchez: «Enviaremos las causas a juicio con lo que haya, pero no archivaremos»

Los jueces acogen con escepticismo el plan de Pedro Sánchez de recortar los plazos máximos para instruir causas judiciales. Ante las dudas de Junts, que temen que dirigentes independentistas sean juzgados por terrorismo –un delito que ahora no entra en la Ley de Amnistía–, el presidente del Gobierno se ha abierto a cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal como parte de la negociación para sacar adelante la ley de olvido penal. Aunque el objetivo es acotar las investigaciones judiciales y abocar a los jueces a archivarlas, la carrera judicial augura que se llevarán a juicio los casos aunque estén pendientes diligencias. Unas pesquisas que reforzarían la documentación para probar los presuntos delitos.

«Dictaremos autos para la apertura de juicio oral o de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado con lo que haya, pero no archivaremos», vienen a apuntar fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO. Ello como posición previa después de que Sánchez esté sopesando esta nueva concesión para conseguir el favor de Junts a la Ley de Amnistía y allanar el regreso a España de Carles Puigdemont. Los jueces no ven tan claro que, de sustanciarse ese plan de Sánchez, la medida tenga efectos prácticos para blindar judicialmente a los encausados.

El propio Sánchez, al ser preguntado sobre una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de cercenar la acción de los jueces al acotar la instrucción de los casos que llevan entre manos, ha afeado que en las últimas semanas ha visto «instrucciones que se prolongan». Alude así a las últimas decisiones judiciales que podrían poner en peligro que algunos líderes independentistas, como Puigdemont, pudieran acogerse a la amnistía con efectos plenos en su situación judicial. «Creo que hay elementos de mejora que podemos incorporar a la ley [de amnistía] y que pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas», ha indicado el jefe del Ejecutivo en referencia a los independentistas.

Sin embargo, en 2017 el PSOE estaba en contra de acortar los plazos de las investigaciones judiciales. De hecho, votó a favor de derogar una reforma del PP que fijaba plazos máximos de 6 meses para la instrucción de causas penales, ampliables hasta 18 meses en investigaciones complejas. Los socialistas defendían entonces que era un movimiento para favorecer a los imputados del PP. Ahora, sin embargo, el PSOE se desdice, se enmienda a sí mismo y apuesta por apretar el calendario a los jueces.

Desde el partido de Pedro Sánchez, ante la contradicción que supone este cambio radical de postura, ya han empezado a desplegar su particular argumentario para esquivar la incongruencia. «No está mal que se hagan evaluaciones de las políticas públicas. Si uno hace una reforma con un objetivo y resulta que se está utilizando en algunos casos para el objetivo contrario, se puede rectificar y se puede buscar un entendimiento para cambiar lo que hicimos. No pasa nada», ha dicho el socialista Patxi López, fiel escudero a las órdenes de Sánchez.

Marlaska pide desimputaciones

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ex magistrado de la Audiencia Nacional, también ha respaldado reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acotar la instrucción de los jueces y así contentar a Junts. Según defiende Marlaska, «no se puede mantener permanentemente el estatus de imputado o investigado si la investigación no avanza o se valora que ya está razonablemente concluida».

Los jueces auguran en este momento que la reforma legal no conllevará precisamente que se archiven los procedimientos y se den las ansiadas desimputaciones. Prevén que los instructores elevarán los casos a falta de informes y diligencias por practicar. No obstante, apelan a la prudencia. Dudan que el Ejecutivo realmente llegue a consumar esa modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el corto plazo: «Dependerá de la redacción de la reforma. Sin conocer la redacción soy incapaz de prever nada», dice un miembro de una asociación de jueces. «Cuando se materialice en algo, hablaremos», indica otro representante profesional de la judicatura.

Otras fuentes consultadas tachan precisamente de «bulo» que «los plazos de instrucción supongan, sin más, el archivo de los casos de corrupción». La redacción actual de la Ley de Enjuiciamiento Criminal remarca que «las diligencias de investigación acordadas con anterioridad al transcurso del plazo o de sus prórrogas serán válidas, aunque se reciban tras la expiración del mismo».

Posición de los fiscales

Por su parte, la Asociación de Fiscales advierte al Gobierno que limitar los plazos de investigación «sólo conllevará mayores espacios de impunidad en la lucha contra delitos graves y complejos», como los relacionados con el terrorismo, la salud pública, la corrupción o los económicos.

La organización mayoritaria de la carrera fiscal, en una nota informativa, indica que así se lo han expuesto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la reunión que han desarrollado este martes. Destacan que el fiscal general es «perfecto conocedor de la problemática» con el tope de 12 meses instrucción. Recuerdan que García Ortiz defendió en su momento «la derogación de dicho precepto». Piden que el máximo responsable de la Fiscalía General del Estado sea coherente consigo mismo y, por ende, mantenga esa posición e impulse personalmente la derogación de ese artículo. Quieren volver a que las investigaciones judiciales se desarrollen sin la tiranía de tener un tope temporal.