Maniobra de la Fiscalía: la nº 2 de García Ortiz resolverá el choque sobre Tsunami

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha impuesto que sea la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, quien tenga la última palabra en el Ministerio público sobre si el Alto Tribunal debería asumir la causa judicial contra Tsunami procedente de la Audiencia Nacional. De forma sorpresiva, se ha apelado al artículo 24 del Estatuto fiscal. Ante la división de criterio entre los fiscales de lo penal, la decisión la tomará, por jerarquía, la citada fiscal que fue nombrada por Dolores Delgado, ex ministra del PSOE.

Tras cuatro horas de reunión, la Junta de Fiscales del Supremo, por amplísima mayoría –como había adelantado OKDIARIO– se ha posicionado a favor de investigar por terrorismo a Carles Puigdemont, como propone el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

En la votación este martes en la sede central de la Fiscalía General del Estado, los dos fiscales jefes, Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa, han mostrado posturas contradictorias, el primero (uno de los cuatro fiscales del juicio del procés) a favor de investigar por terrorismo a Puigdemont, y el segundo lo contrario. Sin embargo, el primero ha recibido el apoyo de la amplia mayoría de los presentes. 12 fiscales frente a 3 han considerado que hay indicios de terrorismo y 11 frente a 4 señalan que hay material para investigar a los aforados Puigdemont y Wagensberg en el Supremo.

Ante este escenario, el citado artículo 24 precisa que «si esta opinión fuese contraria a la manifestada por la mayoría de los asistentes deberá someter ambas a su superior jerárquico». Aunque normalmente prima el principio de horizontalidad en la Fiscalía por primera vez los cuatro fiscales jefes de lo penal, en sintonía con los intereses de Álvaro García Ortiz, han abogado por elevar la decisión a la superioridad. Cabe recordar que se produjo entre Álvaro Redondo y él hubo una reunión clave en las fechas en las que se elaboró el texto que se ha tumbado este lunes.

Una fiscal afín a García Ortiz

Por tanto, será Ángeles Sánchez Conde, a la que se considera mano derecha del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien fije la postura definitiva que elevará la Fiscalía ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Así, más allá de la discrepancia entre los fiscales jefe, ella tendrá que unificar criterio no sólo entre los fiscales del Supremo, con una mayoría que sí aprecia terrorismo, sino también ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Las fuentes consultadas apuntan a que es posible que Sánchez Conde desprecie la mayoría de fiscales penalistas del Supremo y diga que no ve terrorismo y que no hay que investigar a Puigdemont. Podría apoyarse en que el fiscal de la Audiencia Nacional especializado en terrorismo, Miguel Ángel Carballo, considera que no estamos ante hechos terroristas. Se trata de un fiscal que está pendiente de un ascenso ya que aspira a ser el número 1 de la Fiscalía en la provincia de Ciudad Real.

El gobierno insiste en la jerarquía

Por su parte, el Gobierno se ha apresurado a destacar el carácter jerárquico de la Fiscalía. La decisión tomada este mismo martes, subrayan fuentes de Moncloa, «no es definitiva, estamos ante un órgano consultivo y que las decisiones en la Fiscalía se deciden por jerarquía». «La decisión la tiene quien la tiene», indican esas voces oficiales.

De la misma forma se ha poscionado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, que ha manifestado que respeta la decisión aunque ha puntualizado que «la decisión definitiva habrá de adoptarse» según los estatutos del Ministerio Fiscal.

Fuentes del Gobierno apuntan que no les ha sorprendido la decisión adoptada por la mayoría de la junta de fiscales y enfatizan que este es un órgano consultivo. Así, aluden a que el criterio final de la Fiscalía lo fijará la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que será la encargada de redactar el nuevo informe para unificar criterios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado múltiples veces en las últimas jornadas que, bajo su criterio, no existe delito de terrorismo en la causa que investiga a Tsunami.