Los fiscales del Supremo proponen investigar por terrorismo a los procesados de Tsunami

La junta de fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido este martes que corresponde investigar por terrorismo al grupo violento Tsunami. 12 de los 15 fiscales han doblado el pulso a Álvaro Redondo, el fiscal encargado de elaborar el borrador y que cambió de criterio al escribir un segundo informe tras reunirse con el fiscal general del Estado. Además, 11 de ellos consideran que existen indicios de delitos contra los aforados imputados en Tsunami, Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg. Tal como adelantó este lunes OKDIARIO, la mayor parte de los fiscales de la sección segunda de lo Penal del Supremo se han mostrado contrarios al informe de Redondo, tras debatir en una larga reunión que ha durado casi cuatro horas.

La reunión ha estado presidida por Fidel Cadena –uno de los fiscales de la causa del procés en el Supremo– y Joaquín Sánchez-Covisa. Sobre la mesa ha estado el informe del fiscal Álvaro Redondo, según el cual no había indicios suficientes para imputar a Puigdemont por su implicación con Tsunami, al tiempo que descarta que los hechos analizados se entronquen en delitos de terrorismo.

Se trata de un duro golpe a los planes de Pedro Sánchez de amnistiar a los políticos independentistas. La Fiscalía abre la puerta a una investigación por terrorismo en el Supremo, un delito que actualmente no entra en la Ley de Amnistía que impulsa el PSOE.

La junta ordinaria de fiscales del Supremo se ha celebrado, como es habitual, el martes. Han estado presentes los 15 fiscales convocados en una cita «histórica» para la Fiscalía, según han calificado varias fuentes judiciales. Han estado otros de los fiscales del procés como Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal. Redondo ha defendido su propuesta en una reunión que se ha alargado más de lo previsto, desde las 10.00 hasta las 14:00. Se ha tratado de una reunión muy tensa. La mayor parte de los participantes discrepaban de las conclusiones alcanzadas por Redondo, miembro de la Asociación de Fiscales. Se trata de una agrupación de fiscales muy crítica con Álvaro García Ortiz y su posición con respecto al Gobierno de Pedro Sánchez y la Ley de Amnistía.

El segundo informe de Redondo no compartía la exposición razonada del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, enviada al Supremo pediendo al alto tribunal investigar a Puigdemont, al diputado autonómico Rubén Wagensberg –ambos aforados– y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otras personas, por presuntos delitos de terrorismo.

El fiscal apuntaba que, si bien el Supremo es el tribunal competente para conocer las conductas delictivas que se atribuyan a Puigdemont y Wagensberg, en este caso creía que el juez instructor «debe continuar las investigaciones, al no concurrir indicios racionales de criminalidad en este momento procesal que justifiquen la elevación de la causa a la Sala de lo Penal del TS en relación con los referidos señores». A su juicio, los indicios recabados «resultan demasiado abiertos».

En particular, comenta los indicios aportados García-Castellón contra Puigdemont, tales como conversaciones con un empresario donde «se hace alusión directa a Tsunami como herramienta para la consecución de la independencia»; otras de su jefe de gabinete, Josep Lluis Alay, con otro empresario; las reuniones en Ginebra de partidos y entidades soberanistas con la presencia del entonces president; o su «impulso directo» a campañas en redes sociales.

Choque en la Fiscalía

La decisión de los fiscales del Supremo choca frontalmente con la posición fijada por el fiscal del caso en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, quien ha defendido -en línea con Redondo- que no había indicios suficientes contra Puigdemont, ni de terrorismo.

Este choque de trenes, entre la posición de Carballo y la ahora fijada por los fiscales del Supremo, ha propiciado que sea directamente la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, la encargada de redactar el nuevo informe para unificar criterios.

En este sentido, las fuentes consultadas indican que, dado que la labor de Sánchez-Conde en este asunto es la de establecer la posición definitiva de la Fiscalía, podría no seguir el criterio fijado este martes por sus colegas del alto tribunal.

Una vez emita el informe definitivo, se elevará a la Sala de lo Penal del alto tribunal, donde el magistrado Juan Ramón Berdugo será el encargado de estudiar el asunto para después argumentar ante los demás magistrados si procede o no dar curso a la exposición razonada firmada por García Castellón.