Escrivá pidió «no demonizar» el factor de sostenibilidad cuando presidía la AIREF y ahora lo derogará

En 2018, el ahora ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, pedía «no demonizar» el factor de sostenibilidad de las pensiones. Apenas tres años después, hace una enmienda total a aquella afirmación, apostando abiertamente por su derogación.

Como presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el ahora ministro defendía también elevar la edad de jubilación efectiva de los 62,9 años a los 64 o 65. Aseguraba que así se corregiría el problema de la Seguridad Social. José Luis Escrivá planteaba que si la base de cotización se aumentase a 35 o 40 años se ganarían casi 7 décimas de PIB de corrección del déficit.

La derogación del factor de sostenibilidad es ya un hecho y el Gobierno trabaja ahora en el mecanismo de «equidad intergeneracional» con el que lo sustituirá.

«Dentro de unos meses, cuando con tranquilidad le demos forma a lo que hemos acordado, ya verán que esto no era lo más difícil», trasladó el ministro esta semana a los portavoces de los distintos grupos políticos la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados.

Polémica de los ‘baby boomers’

José Luis Escrivá está en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre las pensiones de los ‘baby boomers’, la generación nacida entre 1950 y 1975.

El ministro apuntó en una entrevista que el nuevo mecanismo que sustituirá al factor de sostenibilidad produciría un «ajuste moderado» sobre la pensión de este colectivo, de quienes dijo que tendrían que trabajar más tiempo o verían reducida su pensión.

Tras las críticas, el ministro reculó y aseguró que no había tenido «el mejor día».

Pero lo cierto es que, como presidente de la AIReF, Escrivá también señaló directamente a este colectivo.

Los documentos de este organismo, durante su etapa al frente -como reveló OKDIARIO-, señalaban el impacto de la jubilación de esta generación. En concreto, el gasto en pensiones se incrementaría en 9 puntos porcentuales.

Que este colectivo está en el punto de mira del Gobierno lo demuestran también, como publicó este periódico, algunos documentos recientemente conocidos. Es el caso del plan ‘España 2050’, el dossier propagandístico de Pedro Sánchez que recoge las líneas de su política en los años venideros.

En ese plan, el Ejecutivo califica a los ‘baby boomers’ de «desafío» para el mantenimiento del sistema público de pensiones.

«El nivel actual de gasto en pensiones no supone, per se, una carga desproporcionada para el sistema. El porcentaje de PIB que España dedica hoy al pago de pensiones públicas totales es similar al de la media de la UE-27 e inferior al de países de la UE-8 como Austria o Francia. No obstante, el aumento previsto para las tres próximas décadas, una vez lleguen las cohortes más pobladas del ‘baby boom’ a la edad de la jubilación, sí constituye un desafío importante», señala el citado documento.

Según el Gobierno, ese «desafío tendrá que ser resuelto mediante el diálogo social, el rediseño de las políticas públicas y una revisión de las realidades materiales e inmateriales que rodean a la jubilación».

Según el Gobierno, tendrán que afrontarse varios debates sobre las pensiones. El primero, sobre la edad de jubilación. En este contexto, defiende que «la mayoría de análisis coinciden en que es necesario reducir prácticas como las jubilaciones anticipadas y aumentar la tasa de participación laboral de la población en edad avanzada a fin de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal».

A continuación, admite que existen «discrepancias» sobre «si habrá que seguir o no retrasando esa edad legal de jubilación (más allá de los 67 años pactados para 2027) a medida que la esperanza de vida siga aumentando».

En el segundo punto, el Ejecutivo se refiere a la «tasa de sustitución», es decir, «el porcentaje que supone la pensión sobre los ingresos recibidos antes de la jubilación».

«En nuestro país, existe un intenso debate en torno a este asunto. Por un lado, están quienes hacen hincapié en el hecho de que España tiene una de las tasas de sustitución más altas de la UE, y argumentan que las personas jubiladas reciben, en media, más de lo que aportaron. Por otro, están quienes ponen el énfasis en la gran heterogeneidad y desigualdad que existe detrás de la media, en el importante apoyo económico que la población jubilada española presta a sus familias (especialmente en periodos de crisis y elevado desempleo), o el hecho de que el riesgo de pobreza o exclusión social de los mayores de 65 años en España es superior al de otros países europeos».

Según el Ejecutivo, «la clave está en que la tasa de sustitución responda adecuadamente a la necesaria relación que debe existir entre la suficiencia y sostenibilidad de las pensiones públicas, y la equidad intergeneracional que debe perseguir el sistema».

Por último, se aborda la cuestión de la financiación, con varias propuestas a debate. Así, se destaca que en España «la práctica totalidad de las pensiones de jubilación son financiadas por el sistema público». Una circunstancia que choca, describe el Gobierno, con lo que pasa «en otros países avanzados», donde «hay sistemas mixtos que complementan la pensión pública con pensiones privadas».

«Muchas voces alegan que España tendrá que adoptar progresivamente alguno de estos modelos híbridos», concluye el Gobierno. También se apunta a que será necesario estudiar un aumento de las cotizaciones sociales, «financiar una mayor parte de las pensiones vía impuestos generales y/o reformular los gastos cubiertos por las cotizaciones sociales».