Irene Montero escondió al Consejo de Estado las críticas de los ciudadanos a su ley trans

El Ministerio de Igualdad no facilitó al Consejo de Estado la gran mayoría de las aportaciones y consideraciones realizadas por los ciudadanos a su ley trans durante el trámite de participación pública. La norma, muy polémica,  permite el cambio de sexo a partir de los 14 años, sin necesidad de informes ni tratamientos médicos y ha recibido numerosas críticas, incluidas las del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de los propios colectivos feministas.

El órgano consultivo advierte a Irene Montero que todos los menores de 18 años deberían contar con un aval judicial para cambiar de sexo y cuestiona varios puntos clave de la futura ley, como adelantó OKDIARIO.

Pero, además, el dictamen entra al detalle de la propia tramitación de la norma y advierte de irregularidades, como que no se le facilite la inmensa mayoría de las alegaciones -más de 6.700 correos- recibidas a la ley, de las que únicamente se incluyeron en el expediente «poco más de una decena de escritos de organizaciones».

En tales condiciones, el Consejo de Estado avisa que «no puede pronunciarse acerca de si el trámite se ha llevado a cabo en condiciones adecuadas, dada la existencia de consideraciones críticas al respecto que el expediente no aclara».

El órgano, que preside la socialista María Teresa Fernández de la Vega, critica así haber «tenido un acceso limitado a las manifestaciones realizadas en el trámite de audiencia que, ciertamente, condiciona las posibilidades de conocer las distintas opiniones presentadas». Y, en este contexto, avisa a Montero de la «necesidad de cumplir escrupulosamente las reglas de remisión de las consultas».

La ministra tampoco aportó apenas información sobre las observaciones de las comunidades autónomas, que fueron «reseñadas de forma excesivamente sucinta», según se recoge en el dictamen. Las regiones, se revela, pusieron de relieve diversos problemas como la inversión de la carga de la prueba o el acceso a la oferta de empleo público.

El Gobierno encargó in extremis al Consejo de Estado su informe sobre el proyecto para remitirlo cuanto antes al Congreso y tener lista cuanto antes una norma profundamente ideológica. La valoración es preceptiva, pero no vinculante y, por tanto, el Ejecutivo no ha escuchado sus principales reclamaciones.

El Consejo concluye que no es «proporcionado» desvincular la rectificación registral del sexo de todo elemento de prueba y recomienda pedir un informe médico o psicológico. Además, advierte de que el cambio de sexo no se puede sostener «sobre la base de una decisión libérrima de la persona, no sujeta a condicionante alguno» y que los menores deben someterse a la valoración de un juez, que compruebe su «madurez para comprender y evaluar las consecuencias de su decisión», y vele por «su interés superior».

«Progenitor gestante»

Además, como reveló este periódico, el organismo exige a Montero acotar la posibilidad de revertir un cambio de sexo en el registro.

Según la norma, transcurridos «seis meses» desde la inscripción en el registro de un cambio de sexo, las personas podrán solicitar volver a la mención de sexo original. Para la primera rectificación bastará con ir al registro. La segunda o sucesivas tendrán que contar con aprobación judicial.

El Consejo de Estado pide que se establezcan «una serie de cautelas que garanticen una adecuada protección de otros bienes jurídicos concurrentes y el debido respeto a los principios de seguridad jurídica y de orden público». 

Además, se muestra crítico con el uso del término «progenitor gestante» para referirse a la madre porque «la maternidad es un concepto que trasciende el hecho puramente biológico de la gestación».

Críticas

El dictamen del Consejo de Estado también revela las críticas de algunas organizaciones a la ley trans.

Así, la Asociación Española de Feministas Socialistas (FEMES) aseveró que «la ley confunde deliberadamente transexualidad con transgenerismo y oculta el sexo tras el género, lo que resulta en perjuicio de los derechos de los transexuales, el colectivo LGTBI y las mujeres».

Muy crítica, la asociación considera que la norma es «inconstitucional», «atenta contra los derechos de las mujeres» e «invisibiliza la violencia machista, es discriminatoria contra la mujer (especialmente en ámbitos como el deporte) y dificulta la lucha contra la brecha de género (entre otros, en el ámbito laboral)».