Montero admite que avaló el 8-M aunque tenía un informe de la OMS que alertaba del riesgo de las multitudes
La ministra de Igualdad, Irene Montero, avaló las marchas multitudinarias del 8-M, pese al evidente riesgo sanitario, con dos informes que no servían para sostener la celebración de dicho evento. Uno de ellos es un dossier de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que incluso se avisa del riesgo de los actos multitudinarios y se insta a las autoridades a tomar medidas. Otro, el informe de evaluación diario emitido por el departamento de Seguridad Nacional que, ese día, recogía también el aviso de los organismos internacionales sobre el alto riesgo de propagación. Montero se remite además a las declaraciones de Salvador Illa y Fernando Simón, en la rueda de prensa ofrecida pocas horas antes de la manifestación.
En definitiva, de la respuesta se concluye que, pese a lo manifestado en su día por la ministra, no existió ningún documento en concreto que evaluase el riesgo asociado a las manifestaciones del Día de la Mujer. Por entonces, los contagios en la Comunidad de Madrid ya estaban disparados.
El pasado 26 de marzo, la ministra de Igualdad afirmó en una entrevista en La Sexta que la manifestación se autorizó siguiendo «lo que dijeron los expertos y las autoridades sanitarias».
El abogado Samuel Parra preguntó al Ministerio de Igualdad, a través del Buzón de Transparencia, sobre los supuestos informes que avalaron la celebración de las marchas ideológicas. Pero Igualdad rechazó en un primer momento responder, alegando que se refería a información “contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas”. El departamento de Montero también consideró que la petición era abusiva, en cuanto a que “la aclaración de declaraciones de naturaleza política quedaría fuera del ámbito objetivo de aplicación de la citada norma”.
Tras ello, Parra recurrió al Consejo de Transparencia, que determinó que no existían «argumentos que permitan inadmitir la solicitud de información”. El organismo dio un plazo de 10 días a Igualdad para facilitar los supuestos informes al interesado.
Sin informes sobre el 8-M
En la respuesta final, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el Ministerio de Montero viene a reconocer, pues, que no tenía ningún documento en concreto sobre el 8-M, sino otros informes genéricos.
En concreto, se remite a un documento de la Organización Mundial de la Salud, fechado el 7 de marzo, en el que se advertía de los riesgos evidentes del coronavirus y se instaba a tomar medidas. Es más, ese informe destacaba el peligro de los eventos de masas y del «hacinamiento» y pedía que se realizase una evaluación sobre cada caso concreto para decidir sobre su cancelación.
Ese mismo día, el organismo internacional era rotundo sobre la amenaza del Covid: «Debemos detener, contener, controlar, retrasar y reducir el impacto de este virus a cada oportunidad que tengamos. Todas las personas están en condiciones de contribuir a este esfuerzo, de protegerse a sí mismas, de proteger a los demás, ya sea en el hogar, en la comunidad, en el sistema de atención de salud, en el lugar de trabajo o en el sistema de transporte. Los líderes de todos los niveles y en todos los ámbitos de la vida deben dar un paso adelante para hacer efectivo este compromiso en el conjunto de la sociedad», manifestó en una nota de prensa.
El informe de la OMS al que se remite Montero ofrecía unas recomendaciones generales «para todas las situaciones», como el uso de mascarillas para pacientes sintomáticos, el aislamiento de enfermos y seguimiento de contactos, o las medidas de higiene. Pero, además, instaba a valorar otras situaciones, en función del riesgo a nivel local. Entre ellas se citaba el «hacinamiento», es decir, «reuniones de masas»; el cierre de escuelas, transporte público, lugares de trabajo o decretar cuarentenas.
Riesgo «muy alto»
Por entonces, la situación era de riesgo evidente en la Comunidad de Madrid, como más tarde acabaría admitiendo el propio Gobierno. De hecho, la respuesta de Igualdad adjunta también el informe del Departamento de Seguridad Nacional, del mismo 8 de marzo, señalando que «se mantenía como moderado el riesgo global para la salud en España».
Efectivamente, ese informe decía lo citado por Igualdad. Pero esa evaluación corresponde a las mismas autoridades sanitarias. Lo que Igualdad no indica es que el dossier en cuestión alertaba también de la valoración de riesgo realizada por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades de la UE, según la cual, el «riesgo asociado para la población» se consideraba «de moderado a alto», así como «el riesgo de la aparición de grupos similares a los de Italia», donde la pandemia estaba entonces ya descontrolada.
El mismo informe de Seguridad Nacional recordaba asimismo que el 30 de enero la OMS había declarado el brote una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. «La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene en muy alto el riesgo de propagación e impacto del Covid-19 a nivel mundial, ante el aumento continuo en el número de casos y el número de países afectados», se recogía también. Esa advertencia, en cambio, es ignorada por Igualdad en su respuesta.
Declaraciones de Illa
En la contestación, el Ministerio se remite además a las declaraciones del ministro de Sanidad, Salvador Illa, ese mismo día, en las que recordaba «la importancia de que aquellas personas que presenten síntomas» no acudiesen a las manifestaciones. También se cita a Fernando Simón, que consideraba «importante tener cuidado a la hora de plantear medidas de prevención».
«Se habla de la reducción de eventos de masas, eventos multitudinarios. Obviamente es una de las que intuitivamente todos pensamos. Pero implementar medidas de ese tipo sin asociarla a otras que son muchísimo más restrictivas y con un impacto mucho mayor, y que a lo mejor pueden no tener sentido en el escenario de trasmisión en el que estamos ahora, hace valorarlo de una manera diferente», dijo el portavoz técnico de Sanidad, en las afirmaciones recogidas por Igualdad.
Por último, el departamento de Montero abronca al Consejo de Transparencia y señala que es un «error» el «atribuir implícitamente» al Ministerio «la convocatoria formal de la manifestación del 8-M».
«En ningún caso correspondería a este Departamento Ministerial la adopción de ninguna medida relativa al ejercicio del derecho fundamental de manifestación recogido en el artículo 21 de la Constitución Española», concluye.