La inmobiliaria de la tía de Iglesias que dio un pelotazo con la sede de Podemos, al borde de la quiebra

La inmobiliaria controlada por Paloma Pérez-Marín Turrión, tía de Pablo Iglesias, atraviesa una grave crisis financiera con pérdidas que superan los 800.000 euros durante el último ejercicio. La empresa, que saltó a los titulares tras cobrar una comisión de 72.600 euros por intermediar en la compra de la sede central de Podemos en 2018, ha visto reducido drásticamente su patrimonio neto y se acerca a una situación crítica.

Según las cuentas presentadas en el Registro Mercantil correspondientes al ejercicio 2023, la sociedad registró un resultado negativo de 805.847,99 euros, lo que representa un deterioro muy acentuado a las pérdidas de 100.771,22 euros del año anterior. Tras las operaciones ligadas a su sobrino entró en beneficios pero tras ello se han disparado los números rojos.

El principal responsable de este dramático empeoramiento ha sido la pérdida total de una inversión financiera valorada en 792.518,10 euros que desapareció completamente del balance.

La inmobiliaria, constituida en 1975 y con domicilio social en el centro de Madrid, está dirigida por Ángel Rosendo Pérez-Marín Turrión como presidente, mientras que Paloma Pérez-Marín Turrión ocupa el cargo de secretaria. Esta última, identificada como tía de Pablo Iglesias Turrión por su vinculación familiar a través de la rama materna del ex vicepresidente del Gobierno, es abogada colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

La sociedad, que ha experimentado un progresivo deterioro financiero, vio reducir su patrimonio neto de 1.355.755 euros en 2022 a 481.351 euros en 2023, lo que representa una caída de casi el 65%. Sus activos totales también se han reducido drásticamente, pasando de 1.322.451 euros a tan solo 422.003 euros en el último ejercicio.

Es llamativo que esta crisis financiera llega cinco años después de que la empresa cobrara una sustanciosa comisión por su papel como intermediaria en la operación de compra de la sede de Podemos en la calle Francisco Villaespesa de Madrid, una operación que según documentación del partido morado que lideran Ione Belarra e Irene Montero habría costado 2.253.000 euros pagados al contado al grupo hotelero Transhotel, que había entrado en quiebra en 2014.

La memoria de la empresa correspondiente al ejercicio 2023 revela que los principales problemas de la empresa están relacionados, entre otros asuntos, con terrenos que posee en Almería, clasificados como «Lugar de Interés Comunitario» (LIC), lo que limita severamente sus posibilidades de explotación comercial. «En cuanto a la situación urbanística y clasificatoria de nuestros terrenos, seguimos con poca esperanza, cada día a pesar de la insistencia y del cambio político en la Comunidad Autónoma de Andalucía, seguimos con la protección cautelar que pesa sobre toda la finca y su clasificación de LIC», reza el documento replicando el apunte que veía plasmando en los últimos años.

La evolución de la empresa muestra un contraste notable con respecto a 2020, cuando registró beneficios de 83.810 euros. En aquel ejercicio, la compañía detallaba actividades como la vigilancia de la Cantera «Mariche», gestiones relacionadas con el yacimiento «Los Arenales» y un procedimiento de reclamación por la expropiación de terrenos por parte de Adif.

Resulta significativo que una empresa así consiguiera una comisión tan elevada en una única operación de intermediación inmobiliaria en 2018, precisamente con un partido político liderado por un familiar directo. La operación fue cuestionada en su momento por la aparente falta de transparencia. 

El contrato firmado en 2018 para encubrir el acuerdo entre Podemos y la familiar de Iglesias constaba apenas de dos folios, según publicó OKDIARIO en su momento, y en él se intentaba ocultar el parentesco omitiendo el segundo apellido de la agente inmobiliaria.

La inmobiliaria no tiene personal asalariado según consta en su documentación y mantiene existencias (terrenos) por valor de 288.711,55 euros, prácticamente invariables desde años anteriores, lo que sugiere su incapacidad para monetizar estos activos dadas las restricciones medioambientales.

Si la situación financiera no mejora, este negocio podría verse obligado a plantearse una reestructuración profunda o incluso la liquidación, lo que pondría punto final a casi cinco décadas de actividad en el sector inmobiliario español.

Los vínculos entre Paloma Pérez-Marín Turrión y Pablo Iglesias van más allá de la polémica comisión por la sede de Podemos. Según documentación presentada ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la agente inmobiliaria también gestionó la compra del controvertido chalet de Iglesias e Irene Montero en Galapagar, adquirido apenas un mes después de la operación de la sede.

En un escrito interno, el propio Iglesias y Montero reconocían que Paloma Pérez-Marín Turrión era una de las pocas personas que conocían los detalles de la operación inmobiliaria de su residencia, valorada en 660.000 euros y financiada con una hipoteca de 540.000 euros a 30 años con Caja de Ingenieros.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con Paloma Pérez-Marín Turrión que declina por el momento hacer cualquier tipo de comentarios sobre la salud financiera de su empresa.