Los informes secretos del ‘sólo sí es sí’: Justicia apenas corrigió una «errata» en la ley que excarcela violadores

El informe final del Ministerio de Justicia a la conocida como ley del sólo sí es sí únicamente ponía una objeción a la norma en cuanto a la modificación de las penas que ha provocado ya más de 200 rebajas de condena a agresores sexuales y una veintena de excarcelaciones. El documento, que fue deliberadamente ocultado al Congreso de los Diputados -al igual que los del resto de ministerios, comunidades autónomas y organizaciones-, sólo aprecia que «en la disposición final cuarta, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, no consta el apartado Dos por lo que deben reenumerarse los apartados siguientes».

El informe se emitió bajo el mandato de Juan Carlos Campo, hoy magistrado en el Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno. Campo ha solicitado abstenerse en el recurso contra esta ley, al formar parte del Ejecutivo durante su tramitación. Justicia sí había mostrado su desacuerdo en un informe técnico anterior, de marzo de 2020, con la nueva articulación de las penas al unificar los delitos de abuso y agresión sexual.

En el último informe remitido por este departamento no consta objeción alguna a la rebaja de las penas. Es más, se celebra que «se elimina la distinción entre agresión y abuso sexual, considerándose agresiones sexuales todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona, cumpliendo así España con las obligaciones asumidas desde que ratificó el Convenio de Estambul en 2014». «Esta equiparación», sostiene Justicia, «además de atenuar problemas probatorios, evita la revictimización o la victimización secundaria». Igualdad se ha amparado precisamente en esa unificación de delitos para tratar de justificar una horquilla de penas más laxa.

OKDIARIO ha ido revelando en exclusiva los informes de los distintos departamentos ministeriales durante la elaboración de la Ley del sólo sí es sí y que han sido ocultados incluso al Congreso de los Diputados. De esta documentación se desprende que ningún ministerio en manos del PSOE puso reparos a la rebaja de penas, salvo Presidencia, tal y como avanzó este diario.

Moncloa era plenamente consciente de la modificación a la baja de las penas para los agresores sexuales que implicaba la norma estrella de Irene Montero y puso reparos: «El resultado conseguido es que el reproche penal es notablemente inferior al actualmente previsto para las agresiones sexuales, que son los comportamientos más graves», sostenía el Ministerio de la Presidencia en su informe.

El departamento, dirigido por Félix Bolaños, precisaba además: «No parece estar justificado, a la vista del objeto del anteproyecto, ni un incremento, ni una atenuación penológica de estas figuras, por lo que sería necesario revisar esta cuestión en el anteproyecto, de forma que las penas se mantengan de forma equivalente a su regulación actual».

Desde otros ministerios se trasladaron ciertas críticas. Interior, por ejemplo, alertó de la necesidad de un «incremento de personal» para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudiesen cumplir con sus obligaciones en la protección de las mujeres. Economía pidió «delimitar» el acceso de las víctimas a las ayudas económicas, laborales o sociales recogidas en la norma, avisando de su «impacto» presupuestario. E Inclusión advirtió del posible «fraude de ley» por las ayudas concedidas a las mujeres inmigrantes.

Irene Montero recibió además, como ha ido desvelando este periódico, distintos informes de organizaciones y comunidades autónomas. Algunas regiones, también del PSOE, mostraron su desacuerdo con la rebaja de las penas: «Se nos generan dudas derivadas de la disminución de las penas máximas impuestas por la comisión de una agresión sexual», destacaron desde Castilla-La Mancha. Otras regiones, como Andalucía o Madrid, también pusieron el foco en la rebaja.

La ministra de Igualdad despreció todas estas advertencias, como también las de los expertos en violencias sexuales. La asociación de mujeres juristas Themis fue rotunda: «La reforma va a suponer una imposición más leve de penas por parte de los juzgados y tribunales, lo que hace suponer que no se proporciona la importancia debida al bien jurídico protegido, que no es otro que el de la libertad sexual de las personas», alertaron en su informe.

Polémica

Las consecuencias de la ley del sólo sí es sí son de sobra conocidas. Pese a ello, el Gobierno se niega a reformarla. En su lugar, la semana pasada, Igualdad anunció que las mujeres víctimas cuyos agresores queden en libertad tendrán acceso a pulseras telemáticas. Entre tanto, la ley ha derivado en otras polémicas. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ironizó recientemente sobre la puesta en libertad de agresores sexuales, como revelan los vídeos publicados por OKDIARIO.

«De los creadores de las personas van a ir al registro a cambiarse de sexo todas las mañanas llega… ¡los violadores a la calle!, ¡miles, oleadas!», bromeó la alto cargo de Igualdad en uno de los podcast de la serie Feminismo para todo el mundo. Incluso restó importancia al tiempo de prisión para los agresores, insinuando que da igual «que un señor esté 11, 12, o 10 años y 5 meses»en prisión cuando lo que se está planteando es «acabar de verdad con la violencia machista». En otro vídeo, Ángela Rodríguez ironizaba también con que en las reuniones familiares se hable del «temita» de «los violadores a la calle».