Un terrorista reclama una indemnización millonaria a España por su extradición a Marruecos

La indemnización millonaria reclamada por un ciudadano belga torturado en Marruecos tras una extradición ordenada por la Audiencia Nacional divide a los magistrados del Tribunal Constitucional en el primer pleno tras la Semana Santa. Se trata de Alí Aarraas, que ha recurrido ante la Corte de Garantías tras el aval de Naciones Unidas que declaró ilegal su extradición a Marruecos. El ciudadano reclama ser indemnizado al considerar que el fallo fue «un error judicial». Fuentes jurídicas señalan que los magistrados tumbarán estas tesis durante la deliberación del Pleno, sin embargo, la mayoría votará a favor de otorgarle el amparo.

El caso de Alí Aarrass y las torturas que sufrió en Marruecos alcanza el Tribunal Constitucional español. Tal y como figura en el orden del día del pleno que se celebra este martes del 9 de abril, los magistrados resolverán este recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional que ordenó su extradición a Marruecos. Este asunto llevaba meses en el cajón a la espera de ser elevado a pleno para proceder a su debate y declarar si el fallo del tribunal español fue correcto o no.

La ponencia de este asunto ha recaído sobre el magistrado César Tolosa. Fuentes solventes consultadas por este periódico señalan que un bloque de magistrados avala el fallo judicial de la Audiencia Nacional, señalando que no hubo un error a la hora de dictar sentencia. Estos cinco magistrados han emitido un voto particular cuestionando la reclamación patrimonial que pide Aarrass al considerar que la justicia española tuvo un mal funcionamiento en el estudio de su causa. Sin embargo, la mayoría de los magistrados han reconocido el derecho del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión en relación con su derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes

La Audiencia Nacional comenzó a investigar a Alí Aarrass en 2006 por su presunta implicación en los atentados perpetrados el 1 de mayo de 2003 en Casablanca, así como por su supuesta pertenencia al movimiento yihadista Harakat Al Moudjahidine Fi Al Maghrib. El tribunal español archivó la causa, pero Marruecos ordenó una orden internacional de detención y captura contra él. Aarrass fue detenido en Melilla en 2008 en cumplimiento de esta orden. Tras ello, la Audiencia Nacional le extraditó en 2010 tras un largo recorrido judicial que llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El condenado denunció ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que durante su detención fue violado, drogado y sometido a descargas eléctricas y privación de sueño. Este maltrato le provocó problemas de audición y pérdida de sensibilidad en las extremidades, así como estrés postraumático. Aarrass había alertado a los tribunales de lo que podía pasarle si era arrestado en Marruecos.

La ONU le respaldó en 2014 y consideró que España «no evaluó adecuadamente el riesgo de tortura y severos malos tratos» a la hora de dictar la extradición. En este sentido, las Naciones Unidas declararon que España violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual establece que «nadie será sometido a torturas». Una década más tarde, este dictamen le ha servido a Aarrass para acudir a la Corte de Garantías y reclamar una indemnización millonaria a España.

Pleno del Tribunal Constitucional

Las torturas en Marruecos de Alí Aarrass no son el único asunto a tratar en el pleno del Tribunal Constitucional que se celebra esta mañana. Los magistrados analizan también los recursos autonómicos contra la Ley de Vivienda, así como la Ley de Infancia promovida por el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. Tal y como adelantó este periódico, la mayoría de los magistrados no aceptarán el recurso interpuesto por Vox contra la ley de Iglesias en la que se permite alejar a padres denunciados por violencia de género de sus propios hijos.

Otro de los puntos destacables del pleno es el recurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra la ley de costas gallega. La Xunta de Alfonso Rueda aprobó este texto el pasado verano y Moncloa ha impugnado una treintena de artículos cuya constitucionalidad se analizará en una extensa ponencia de más de un centenar de folios. «Las autonomías deben respetar la norma básica del Estado», señalan fuentes expertas pulsadas por este periódico.

También se abordan las recusaciones contra magistrados de los líderes independentistas. Además, se estudia el recurso del ex presidente de Cataluña Quim Torra contra las medidas cautelares que supuso la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a la inhabilitación. Torra perdió su escaño en el Parlamento catalán y se le impidió presentarse a las elecciones como candidato de Junts per Catalunya. Fuentes consultadas señalan que también se rechaza este recurso al considerar que ha perdido objeto en la actualidad.