El Constitucional avalará la ‘ley Rhodes’ de Iglesias que permite quitar los hijos a padres denunciados

El Tribunal Constitucional va a rechazar el recurso de inconstitucionalidad de Vox contra la Ley de Infancia o ley Rhodes impulsada por Pablo Iglesias, que permite alejar a padres denunciados por violencia de género de sus propios hijos. La mayoría afín al Gobierno de Pedro Sánchez que encabeza Cándido Conde-Pumpido, tal como ha podido saber OKDIARIO, se dispone a avalar esta controvertida norma que el partido de Santiago Abascal impugnó ante la Corte de Garantías en septiembre de 2021. Se trató de una ley que, como la ley del sólo sí es sí, tuvo que ser corregida a posteriori por contener efectos indeseados, en su caso, recortar el periodo de prescripción de casos de maltrato infantil.

Vox presentó dos recursos de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia por incluir la prohibición de los padres acusados en delitos de violencia de género de visitar a sus hijos, así como la obligación de que los niños reciban «educación afectivo sexual».

Fuentes consultadas por este periódico señalan que, de nuevo, el Constitucional saldrá al rescate del Ejecutivo de PSOE y Sumar y únicamente una parte minoritaria de magistrados pondrán reparos en un voto particular. Desde ese sector crítico con la decisión que va a tomar el Constitucional se cuestiona que la mejor solución ante denuncias cruzadas por maltrato entre dos progenitores sea adscribir a los menores a centros de acogida. El asunto se ha incluido en el orden del día de sesiones plenarias, pero por enfermedad de su ponente su resolución se ha tenido que atrasar.

Aunque el ponente era partidario de declarar inconstitucional alguno de los apartados impugnados por Vox, Pumpido va a hacer valer su rodillo y va a desechar los argumentos del partido de Abascal. Esta formación criticaba la obligación de que todos los escolares españoles reciban «educación afectivo sexual», una medida que, a su entender, «incorpora normativamente una ideología estatal en la que forzosamente se pretende adoctrinar a los alumnos». Por el contrario, el Constitucional entiende que el adoctrinamiento sólo se puede aceptar si se habla de centros educativos concertados y privados, tal como estipuló en otro pronunciamiento reciente.

Adoctrinamiento

En todo caso, Vox lamentaba que «el Estado impone al alumnado y a sus progenitores una doctrina estatal que se incluye además en el currículo como contenido obligatorio en el que necesariamente habrán de ser evaluados los niños y ello aunque esas convicciones estatales puedan resultar frontalmente opuestas a las de sus progenitores». El partido remarcaba que la Constitución reconoce la necesidad de orientar la enseñanza «hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales» y con respeto a las convicciones religiosas, ideológicas y filosóficas de los progenitores. Es por eso que Vox llama a una «necesaria neutralidad ideológica» del Estado en este sentido.

De la Ley contra la Violencia en la Infancia, Vox critica igualmente el concepto de «parentalidad positiva», que recoge la promoción de la corresponsabilidad, medidas para combatir los roles de género, el rechazo de la violencia contra las mujeres y niñas o la educación con enfoque inclusivo, entre otros puntos.

Para la formación de Abascal, «estos preceptos abandonan la línea del constitucionalismo democrático de considerar el espacio familiar como un ámbito privado de libre desarrollo de las relaciones afectivas entre padres e hijos, sin injerencias de los poderes públicos». Además, mantiene que, con esta ley, se convierte a la familia «en el objeto de un intenso escrutinio por parte de los poderes públicos recabando incluso datos concretos sobre la vida familiar de las personas».

Procesos penales

Vox precisamente afeaba la medida de que «no procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos». El Constitucional hará suyo el mantra de Podemos de que un presunto maltratador no puede ser un buen padre. Para Vox, esta medida es «una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión».

«El deber que la Constitución impone a los poderes públicos de velar por el superior interés y beneficio de los menores de edad no admite períodos de vacatio, en los que el interés del menor puede sufrir las consecuencias de una decisión automatizada y genérica que prescinde de las circunstancias que, en particular, le afectan», agregaban desde el equipo de Abascal.

Así, afeaban la «privación automática y por efecto de la ley, de la facultad que corresponde al progenitor de poder participar en la toma de decisiones que le incumben en el ejercicio de la patria potestad cuya titularidad le pertenece y sin resolución judicial que le limite o prive de las facultades que le conciernen». A su juicio, con esa nueva norma «se da un paso más en el recorte de libertades iniciado por el Gobierno Sánchez que afecta, en este caso, a ámbitos tan sensibles como la educación de los niños y el derecho de un padre a ejercer como tal con la presunción de inocencia que la Constitución española reconoce».