El ex ministro Campo que vio inconstitucional la amnistía se aparta ahora para no pronunciarse

Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia y actual magistrado del Tribunal Constitucional, se va a abstener ante un recurso presentado por un particular en relación con la Ley de Amnistía. Quiere salvaguardar la «imparcialidad» de la Corte de Garantías.

El que fuera miembro del Gobierno de Pedro Sánchez afirmó con rotundidad en 2021 que «la amnistía no cabe en la Constitución». Además, en sus informes sobre los indultos a los condenados por el procés escribió que dicha medida era «inconstitucional». Ahora, da un paso al lado para evitar desvelar si sigue pensando que es una medida que choca con la Carta Magna, como decía hace unos meses, o si da un giro como ha hecho el propio jefe del Ejecutivo y líder del PSOE.

Campo, cuando llevó al Consejo de Ministros los indultos a los independentistas condenados por el Supremo plasmó que, «a diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito».

En su etapa como ministro dejó claro en Al Rojo Vivo que «la amnistía no cabe porque además, esto es una cuestión técnica pero muy reveladora, la amnistía es el olvido». «El indulto no olvida, lo que nos dice es ‘te perdono, pero para construir un futuro mejor y por eso te lo condiciono’. Eso son las bases que está sentando el Gobierno», aseguró. La pregunta que formuló el presentador de este espacio, Antonio García Ferreras, en La Sexta fue la siguiente: «Cuando ellos digan [los separatistas] amnistía y referéndum de autodeterminación, ¿qué dice el Gobierno?».

Varios recursos

El recurso de un ciudadano anónimo contra la Ley de Amnistía se abordará, con la abstención de Juan Carlos Campo si es aceptada, en la sesión plenaria prevista para este mismo jueves. A pesar de esa abstención, no se altera la mayoría de 7 magistrados a 4 que en las últimas semanas se ha consolidado como un rodillo a favor de los intereses de La Moncloa. Pasará a ser previsiblemente de 6 votos frente a 4.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha recibido otro recurso de amparo de otro ciudadano español, también por la futura amnistía, donde ya se plantean recusaciones contra Campo, Laura Díez –ex alto cargo del Gobierno– y el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido.

Tres posibles recusaciones

Las recusaciones contra Campo y Díez en temas relacionados con el actual Gobierno han sido recurrentes por cuanto fueron los dos magistrados que se incorporaron al Constitucional a propuesta del Ejecutivo, el primero tras ser ministro de Justicia y la segunda tras ejercer como dirigente de La Moncloa.

En cuanto a Conde-Pumpido, en 2021 se abstuvo de todos los asuntos vinculados al procés una vez que los líderes independentistas le recusaran al estimar que no era «neutral» ni «imparcial» por una conferencia celebrada en noviembre de 2017 donde dio su opinión al respecto. En ese momento, trasladó su «preocupación» por los sucesos que se estaban dando en Cataluña y los tachó de «pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia».

La mayoría de 7 magistrados se ha impuesto ya en recursos como los presentados contra las leyes del aborto o de la eutanasia. En el primero, la magistrada Concepción Espejel se abstuvo explicando que en su día se posicionó sobre la ley porque participó en la elaboración del informe firmado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que formaba parte. Pero el Pleno del Constitucional impidió que se apartara al valorar que se trataba de un pronunciamiento de hacía «más de 12 años».

Antesala de la votación clave

Desde el Constitucional recalcan que ninguno de los dos recursos de inconstitucionalidad presentados por la futura amnistía tienen recorrido alguno. Esto es así porque aún no hay una ley aprobada cuyos efectos hayan podido afectar a los derechos de un ciudadano particular. No obstante, las decisiones que adopte el Constitucional sobre la abstención de Campo y las recusaciones presentadas sí servirán para saber cómo será el Pleno que deberá decidir a la postre sobre la polémica medida de Sánchez y Carles Puigdemont cuando se publique en el BOE y entre en vigor.