El regreso de Campo a los 16 meses de irse incumple la promesa de Sánchez de 2 años sin puerta giratoria

Un año, cuatro meses y 19 días. O lo que es lo mismo, 507 días. Éste es el tiempo que ha tardado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rescatar a su ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo para proponerle como candidato al Tribunal Constitucional por la cuota de nombramientos que corresponden al Ejecutivo. Un espacio de apenas 16 meses que está por debajo de los dos años que el propio Sánchez pactó con el PP el pasado octubre para evitar «puertas giratorias» antes de ese plazo por parte de los jueces que pasan por la política. Este acuerdo se llegó a alcanzar en la negociación para renovar el CGPJ, pero no vio la luz al suspender el PP las conversaciones por la derogación del delito de sedición impulsada por el Gobierno.

En concreto, Sánchez firmó el cese de Juan Carlos Campo, el ministro que redactó los informes de los indultos a los golpistas catalanes, el 10 de julio de 2021. Y este 29 de noviembre de 2022, tan sólo 16 meses después, lo ha vuelto a recuperar como próximo miembro del Tribunal Constitucional, que si bien no es un órgano jurisdiccional sí que dicta sentencias sobre leyes del Gobierno. El Consejo de Ministros aprobó este martes su candidatura, junto a la de una ex alto cargo del Ministerio de Presidencia, Laura Díez, para su remisión al Tribunal Constitucional.

En concreto, el PP llevó a la negociación con Moncloa para renovar el CGPJ una propuesta integral de despolitización de la Justicia que incluía, entre otras medidas, la regulación de las llamadas «puertas giratorias». Aquí, los populares plantearon que «los jueces y magistrados que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general, no podrán reingresar al servicio activo hasta transcurridos dos años a partir del cese en los referidos cargos».

Por su parte, el Ejecutivo, a través del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, accedió a ello siempre y cuando su aplicación no tuviese «carácter retroactivo» para no afectar así a los tres ministros jueces que forman parte del Gobierno (el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la titular de Defensa, Margarita Robles, y la de Justicia, Pilar Llop).

El propio vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, que fue quien se sentó con Bolaños en esa negociación, recalcó este martes que si se hubieran llevado a término los requisitos que formuló el PP, «estos dos nombramientos (los de Campo y Díez) no habrían podido producirse».

«Colonizarlo»

«La UE tendrá que decir algo sobre la división de poderes en España y el Estado de Derecho», advirtió Pons en una entrevista en Onda Cero, donde señaló además que el ex ministro Juan Carlos Campo «es el explorador que el Gobierno envía al TC para colonizarlo».

Entretanto, el Pleno del Constitucional acordó este martes que no examinará inmediatamente a los dos candidatos designados por el Gobierno para formar parte del tribunal de garantías, a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre también a sus dos aspirantes.