Feijóo suspende la negociación del CGPJ con Sánchez por su pretensión de rebajar las penas de sedición

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha suspendido la negociación del CGPJ con el Gobierno de Pedro Sánchez por su pretensión de rebajar las penas del delito de sedición. Así lo ha señalado Génova en un comunicado emitido en la tarde de este jueves tras una conversación telefónica mantenida entre ambos. Por su parte, Ferraz ha esgrimido que Sánchez llamó al jefe de la oposición para «formalizar» un acuerdo para la renovación del CGPJ que «ya estaba negociado y listo para ser firmado», extremo que Génova desmiente tajantemente.

En concreto, según ha informado el PP, Feijóo le ha ofrecido a Sánchez abordar «juntos» cualquier reforma del Código Penal que afecte a los delitos de rebelión, sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal, «tal y como el propio presidente Sánchez prometió a los españoles cuando se presentó a las últimas elecciones».

Feijóo se comprometió este mismo jueves en Santander a «agravar» las penas por tales delitos y a la citada tipificación para las consultas ilegales, incluso si no llegan a celebrarse. Y lo hizo mientras la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, revelaba en el debate de Presupuestos en el Congreso que el Gobierno llevará a la Cámara baja la reforma del delito de sedición, matizando después que todavía «no hay mayoría suficiente» para su aprobación.

De este modo, añade el PP en la nota, «las conversaciones quedan suspendidas a la espera de que el PSOE decida si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido constitucionalista como el Partido Popular o quiere seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional», en alusión a los socios separatistas del Gobierno, es decir, ERC y EH Bildu.

«Abierto»

Asimismo, Génova indica en el comunicado que en dicha conversación telefónica y «aunque el presidente Sánchez era plenamente consciente de ello cuando anunció erróneamente -este jueves desde Pretoria (Sudáfrica)- que el acuerdo estaba hecho», Feijóo le ha recordado que todavía está «abierto en varios asuntos relevantes e imprescindibles para el Partido Popular», tal y como avanzó OKDIARIO en la noche del miércoles, desvelando la última reunión de los negociadores, el ministro Félix Bolaños y el eurodiputado Esteban González Pons.

En relación con esto, Feijóo le ha trasladado su «extrañeza» ante el cambio de posición del PSOE en lo relativo a la reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición. «El Partido Socialista, a través del interlocutor designado por el presidente Sánchez para abordar las conversaciones, había trasladado que no estaba en sus planes acometer esa modificación», ha revelado también el PP en la nota.

«Pese a las diferentes versiones trasladadas pública y privadamente por distintos miembros del Gobierno, esta tarde el presidente Sánchez ha confirmado a Feijóo que su agenda legislativa incluye esa reforma del Código Penal y en consecuencia no va a renunciar a su modificación», sostienen los populares.

«Desprotegerlo»

Para la dirección de Feijóo, «es una incongruencia insalvable pactar el reforzamiento del Estado de derecho al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desprotegerlo». «Reformar la ley para mejorar la independencia judicial no es compatible con reformar la ley para decirle a los jueces que han de ser condescendientes con aquellos que se levanten contra la unidad de España», reza la nota.

De esta manera, el PP considera que la decisión de incorporar a la agenda política la reforma del Código Penal en este momento «sólo puede obedecer a dos motivos: o exigencias del independentismo o vocación de paralizar un acuerdo para despolitizar la Justicia que estaba muy avanzado y que parece no convencer al Gobierno».

Se da la circunstancia de que el pasado martes, en los pasillos del Senado, fuentes de Génova aseguraban haber «resistido» a las presiones del Gobierno, con su reforma del delito de sedición,  para hacer descarrilar las negociaciones. Sin embargo, la insistencia de Sánchez en llevar a cabo a dicha reforma, expresada en sus declaraciones desde Pretoria y en las palabras de Montero en el Congreso, ha terminado por paralizar las conversaciones.

«Garantías»

Con todo, el PP afirma que «nuestra vocación de acuerdo es tan firme como nuestra convicción de que no podemos seguir avanzando mientras el presidente Sánchez no aporte garantías suficientes de que no seguirá usando todos los poderes del Estado para facilitar el camino a aquellos que quieren combatirlo».

El pasado 10 de octubre, Sánchez y Feijóo se reunieron en la Moncloa por espacio de 3 horas para abordar el desbloqueo del Poder Judicial. A la cita se sumaron el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional y eurodiputado del PP, Esteban González Pons, que han sido los negociadores de la letra pequeña.

Al término de la reunión, Feijóo afirmó en redes sociales que veía posible renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional con un «nuevo marco de independencia» y se mostró optimista sobre una «reforma legal como pide la UE».

Precisamente, el Gobierno socialcomunista mantenía hasta el día anterior de aquella reunión que «no se puede condicionar el cumplimiento de la Constitución a la reforma de una ley». Este argumento ya no lo utilizó Moncloa a partir del encuentro de Sánchez con el líder de la oposición, que fue convocado a instancia del presidente del Gobierno tras la renuncia del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes.

Sánchez y Feijóo no se veían en la Moncloa desde el pasado 7 de abril. Posteriormente, en el mes de julio, el PP remitió al Gobierno un pacto de Estado en materia de Justicia. Y en septiembre envió una carta al respecto, pero no hubo acercamiento de posturas.

Puertas giratorias

Sin embargo, el escenario dio un giro a partir de la reunión del 10 de octubre. Feijóo y los suyos celebraron tras escuchar a Sánchez a puerta cerrada que éste accediera a escuchar su propuesta de «perfiles independientes»; a que la renovación del TC y el CGPJ se negociara de forma conjunta; a que fuese el nuevo CGPJ el que propusiera una reforma del sistema de elección de los jueces donde éstos tengan «más protagonismo» (sin renunciar al control parlamentario); a que el Consejo nombre todos los altos cargos por mayoría de tres quintos; o a la adopción de «garantías de independencia del fiscal general del Estado» en línea con la despolitización que reclama Bruselas para esta figura. En las últimas conversaciones, el PSOE también aceptó limitar las «puertas giratorias» de los jueces que regresan al servicio de la política.

Sobre estos puntos, las conversaciones entre el Gobierno y el PP fueron avanzando. No obstante, las diferencias afloraron en torno a los nombres de los futuros integrantes de dichos órganos. Podemos, socio de Sánchez en el Gobierno de la Nación, insistió en que su ex diputada Victoria Rosell, actual alto cargo de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, debía estar en el nuevo Consejo.