Bolaños y Pons se reúnen a solas por el CGPJ pero el PP pincha el triunfalismo de Moncloa: «Aún queda»

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, se ha reunido con el vicesecretario de Acción Institucional de Génova y vicepresidente del PP europeo, Esteban González Pons, para seguir avanzando en la negociación dirigida a renovar el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así lo ha podido saber OKDIARIO de fuentes populares conocedoras de las conversaciones, que resumieron así el momento actual: «No hay acuerdo, aún quedan puntos por resolver», enfatizaron.

De esta manera, y en base a ello, las fuentes del PP consultadas por este periódico rebajaron el triunfalismo exhibido por Moncloa en los últimos días. Por ejemplo, el martes, tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, recalcó que la negociación está en la «fase final» y afirmó que pese a ser la «más complicada», el Ejecutivo espera que «se consolide» en un acuerdo.

«Puertas giratorias»

El PSOE está dispuesto a no dejar pasar este tren. Tanto es así que su última cesión ha sido regular las «puerta giratorias», como pedía el PP en su propuesta. En este caso, la pretensión es que los jueces que regresen al servicio activo tras pasar por la política no puedan volver a dictar sentencias hasta dos años después de cesar, como avanzó eldiario.es.

Además, su aplicación no tendría carácter retroactivo para no afectar así a los tres ministros jueces que forman parte del Gobierno (el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la titular de Defensa, Margarita Robles, y la de Justicia, Pilar Llop). Junto a ello, también hay consenso en exigir una antigüedad de 20 años de «servicio activo en la carrera judicial» para ser nombrado magistrado del Tribunal Supremo.

Con todo, las mismas fuentes apuntaron que los interlocutores designados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, abandonaron el encuentro a solas «sin ningún horizonte temporal» para alcanzar dicho acuerdo, sobre el que siguen trabajando.

La pasada semana se especuló con el debate que mantuvieron Sánchez y Feijóo en el Senado como fecha límite. Tras ello, volvieron los rumores de que habría fumata blanca antes del viaje oficial del jefe del Ejecutivo a Kenia y Sudáfrica, que inició el martes. Y en las últimas horas se habló de otro tope en el horizonte , la gira que el presidente del PP realizará entre el 4 y el 11 de noviembre por Uruguay, Argentina, Chile y Ecuador.

«No estamos en el cuándo, sino en el qué», señalan las fuentes del PP consultadas, que están al tanto de las negociaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. De este modo, según sostienen dichas fuentes, las partes trabajan sin calendario alguno, después de que las conversaciones se retomaran el pasado 10 de octubre, cuando Sánchez convocó a Feijóo en la Moncloa para reconducir la situación tras la dimisión del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes.

«Independientes»

Este miércoles se cumplen 16 días desde entonces y se han producido avances significativos. Sin embargo, las fuentes citadas aseguran que todavía hay «puntos de distancia». Ello, mientras el socio del PSOE en el Gobierno, Unidas Podemos, viene insistiendo en la cuestión de los nombres, tratando de que Victoria Rosell, ex diputada morada y actual delegada del Gobierno contra la violencia de género en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, entre en el órgano de gobierno de los jueces.

En cambio, desde el PP, tanto el propio Feijóo como sus colaboradores han dejado claro que no se trata de un «cambio de cromos», sino de que los nuevos integrantes del CGPJ sean «perfiles independientes, sin vinculación con partidos políticos y de reconocido prestigio». Esto es, que no pueden haber ocupado «cargos públicos o políticos» en los últimos años.

Sánchez y Feijóo se reunieron el 10 de octubre en La Moncloa y no se veían desde el pasado 7 de abril. Fue en el mes de julio cuando el PP remitió al Gobierno un pacto de Estado en materia de Justicia. Posteriormente, en septiembre los populares enviaron una carta al respecto, pero no hubo acercamiento de posturas.

Sin embargo, el escenario dio un giro a partir de la reunión del 10 de octubre. El PP valoró que Sánchez accediera a escuchar su propuesta de «perfiles independientes»; a que la renovación del TC y el CGPJ se negocie de forma conjunta; a que sea el nuevo CGPJ el que proponga una reforma del sistema de elección de los jueces donde éstos tengan «más protagonismo» (sin renunciar al control parlamentario); a que el Consejo nombre todos los altos cargos por mayoría de tres quintos; y a la adopción de «garantías de independencia del fiscal general del Estado» en línea con la despolitización que reclama Bruselas para esta figura.

«Resistido»

Todos estos avances han permitido que la negociación no descarrile pese a que en la última semana la intención del Gobierno de reformar el delito de sedición, lo que beneficiaría a sus socios independentistas, tensó la atmósfera. El martes, en los pasillos del Senado, un dirigente de Génova sostenía que el PP había «resistido» a las presiones externas de Moncloa y sus aliados para dinamitar los contactos sobre el desbloqueo del Poder Judicial. Los populares, de hecho, enmarcan este movimiento de Sánchez respecto a la sedición en el contexto de la negociación presupuestaria del Gobierno con ERC.

Entretanto, este miércoles en el debate de las enmiendas de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en el Congreso de los Diputados, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, instó al Partido Popular a «romper» las negociaciones sobre el CGPJ con un Gobierno que se apoya en «delincuentes» y «separatistas» -en alusión a ERC y Bildu- para sacar adelante el proyecto de PGE. Unas cuentas que, además, calificó de «malas» para España.