Yolanda Díaz exige la jubilación anticipada para las azafatas pero se la niega a las guardias civiles

Sumar, formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha exigido la jubilación anticipada para las tripulantes de cabina de pasajeros, habitualmente conocidas como azafatas de vuelo por ser una de las «profesiones especialmente feminizadas». Sin embargo, el partido magenta niega este derecho a la Guardia Civil, un cuerpo del que también forman parte las mujeres, pese a ser una de las mayores reivindicaciones de la Benemérita.

La diputada Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar, ha presentado una proposición no de ley para la «revisión urgente» de los expedientes que solicitan la reducción de la edad de jubilación mediante coeficientes reductores en «profesiones especialmente feminizadas», también su «detección y eliminación de posibles discriminaciones». Es decir, que se otorgue lo antes posible el derecho a la jubilación anticipada a los oficios donde hay más presencia de mujeres.

En 2024 se aprobó una ley que introducía un procedimiento que permitía determinar la aplicación de coeficientes reductores para anticipar la edad de jubilación para aquellas actividades especialmente penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres. En otras palabras, abría una vía legal para que los diferentes sectores solicitaran acogerse a esta jubilación anticipada.

El propio Ejecutivo reconoció que «miembros de la Guardia Civil» habían presentado «solicitudes para la aplicación de coeficientes reductores», junto con otros colectivos. Sin embargo, la Benemérita sigue sin recibir el derecho que sí tienen otros colectivos como las policías autonómicas.

Las quejas del instituto armado han pasado inadvertidas para el partido de Díaz. No obstante, Sumar sí ha atendido la indignación de las azafatas de vuelo. Las tripulantes de cabina se quejaron de que otros oficios tenían «atajos legales» para acceder a los coeficientes reductores que les permitirían jubilarse anticipadamente. Una justificación que repite el partido de extrema izquierda en su propuesta.

70% de trabajadoras mujeres

En el partido de Yolanda Díaz alertan que el sector de las azafatas está «altamente feminizado», hasta en un 70%. Según Sumar, se trata de unas «trabajadoras mujeres que ya sufren un agravio comparativo respecto a otros sectores del trabajo aéreo como los pilotos, los mecánicos de aeronaves o los fotógrafos y cámaras especialistas en tomas aéreas».

La formación coaligada con Pedro Sánchez en el Ejecutivo repite los argumentos usados por las azafatas, que se equiparan a los fotógrafos o cámaras: «Sufren la misma exposición a la radiación, los mismos cambios de presión o los mismos problemas de sueño que los pilotos».

Los mineros, ferroviarios, profesionales taurinos, bomberos o policías autonómicos sí que han podido beneficiarse de este derecho. Todos ellos, a ojos de Sumar, tienen algo en común: «Son profesiones mayoritariamente ejercidas por hombres» y tienen «una importante capacidad de incidencia y lobby».

«No parece casualidad que gran parte de los colectivos que ya disfrutan de coeficientes reductores sean para actividades ejercidas principalmente por hombres», incide la iniciativa de Sumar. Y abundan en que podría tratarse de una «discriminación indirecta que hay que paliar en el menor plazo posible».

Sin jubilación para la Benemérita

Y es que el Gobierno de Sánchez excluyó a la Guardia Civil del real decreto para equiparar la jubilación anticipada de los policías nacionales a la de los cuerpos locales y autonómicos como los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza.

El real decreto respondía a una sentencia del Tribunal Supremo tras un recurso de Jupol, sindicato de Policía Nacional, en el que solicitaba equiparar los requisitos para solicitar la jubilación anticipada. La Sala de lo Contencioso-Administrativo falló contra el Estado por negar sistemáticamente a los policías nacionales el derecho a la jubilación anticipada, un privilegio que sí reconoce y financia para cuerpos autonómicos y locales.

El escrito de la última instancia judicial ponía el foco en la contradicción que se había generado al financiar íntegramente la jubilación anticipada a Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral de Navarra o policías locales, mientras que dejaba en el limbo legal a la Policía Nacional.

El Gobierno decidió acatar esta sentencia limitándose a equiparar a los policías nacionales que entraron al cuerpo desde 2011 con los agentes de cuerpos autonómicos y locales. De ese modo, olvida, en primer lugar, a los agentes que entraron con anterioridad y, por otro lado, a todos los miembros de la Guardia Civil.