La reforma fiscal del Gobierno

El ‘independiente’ que diseña el saqueo fiscal en Madrid trabaja en una fundación ligada al PSOE

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La ministra de Hacienda María Jesús Montero (c) posa con los miembros del Comité de Personas Expertas para la Reforma Fiscal en el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) en Madrid este lunes
Carlos Cuesta

Pedro Sánchez quiere una subida de impuestos en Madrid sí o sí. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha convocado ya, con este fin, un comité de expertos comandado por un ex alto cargo del Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero: el ex director del Instituto de Estudios Fiscales en etapa del anterior presidente socialista, Jesús Ruiz-Huerta.

Un experto tan independiente que figura en estos momentos en el patronato de una de las fundaciones afines al PSOE: Alternativas. Allí, Ruiz-Huerta es, además, el “director de Laboratorio”: el responsable de la factoría de ideas y reformas.

La Fundación Alternativas para la que trabaja el experto ‘independiente’ fichado por el Gobierno de Pedro Sánchez para asestar su querido sablazo fiscal a los madrileños ha estado permanentemente vinculada al PSOE. Sólo con repasar su patronato es fácil percibir la ligazón: el vicepresidente ejecutivo es Diego López Garrido. Manuel de la Rocha Rubí es el secretario del patronato, e históricos y pesos pesados del socialismo como Mercedes Cabrera, Juan Manuel Eguiagaray, Elena Valenciano o Pilar Llop forman parte del patronato. No le falta una silla en esta fundación ni a Manuela Carmena, en un alarde de apertura ideológica.

Y allí es donde tampoco se ha quedado sin plaza en el patronato Jesús Ruiz-Huerta: el nuevo experto independiente que va a establecer las bases del pretendido sablazo fiscal a los madrileños que persigue el PSOE.

Por si fuera poco, la función de Ruiz Huerta en la Fundación Alternativas no se limita a la de patrono. También tiene una función plenamente ejecutiva como es la de director del Laboratorio, el verdadero centro de reflexión de esta factoría de ideas y reformas.

Tal y como detalla la documentación de Alternativas, el Laboratorio “es el servicio de estudios de la Fundación, encargado de formular y llevar a término el programa de estudios aprobado por el Patronato para el desarrollo de las ideas de progreso y su traslación a las políticas públicas”.

Esa área está configurada «como un lugar de encuentro, colaboración y debate entre el mundo académico, los investigadores y los responsables públicos y las demás personas interesadas en la mejora de nuestra vida social y colectiva, tiene como misión someter las políticas públicas a un permanente escrutinio y conocer cómo se adecúan a la construcción de una sociedad avanzada. Su orientación política es progresista, si bien es independiente a cualquier partido político u organización», señala.

Tan independiente como sus planteamientos y miembros. Además, «el Laboratorio cuenta con recursos propios destinados directamente a la financiación de sus actividades, gracias al patrocinio de personas físicas y de empresas privadas, lo que le confiere la independencia adecuada para llevar a cabo sus objetivos».

Ahí trabaja el catedrático emérito Ruiz-Huerta, quien fuera director del Instituto de Estudios Fiscales entre 2004 y 2008: en plena etapa de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y en un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. De hecho, Ruiz-Huerta fue el encargado de frenar buena parte de la inercia de ese departamento lanzada bajo el Gobierno de José María Aznar.

Y él será el encargado de desarrollar, de forma independiente, los deseos de la ministra de Hacienda de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, que ha explicado antes del acto de presentación de dicho comité de expertos que espera que se puedan poner en marcha algunas subidas de impuestos ya en 2022, con «especial interés» en los referidos a los grandes patrimonios.

Aunque los expertos tendrán hasta el 28 de febrero para presentar sus conclusiones, Montero ha avanzado que la idea del Ejecutivo es que el comité vaya anticipando recomendaciones sobre las figuras fiscales para que el Gobierno las pueda incluir en los Presupuestos de 2022. La reforma pretende elevar el Impuesto sobre Sociedades y la práctica total de impuestos autonómicos con la lupa especialmente puesta en Madrid: eliminar la totalidad de las rebajas ya aprobadas en IRPF, Sucesiones, Donaciones y Patrimonio. Todo ello en línea con el pacto de la izquierda autonómica cerrado hace poco más de un mes para subir los impuestos a los madrileños en 3.600 millones de euros.

Ese pacto ha sido trasladado ya a la Asamblea de Madrid para intentar anticipar las subidas fiscales por parte del PSOE y de Más Madrid. Las formaciones de Pedro Sánchez (y su líder madrileño Ángel Gabilondo) y de Íñigo Errejón (y su candidata Mónica García) propusieron entonces en la Asamblea de Madrid diversas subidas de impuestos y la eliminación de todo un largo listado de bonificaciones en vigor que pueden suponer a los contribuyentes madrileños todo un golpe fiscal: nada menos que tener que afrontar un coste adicional de más de 3.600 millones de euros, cantidad que saldría directamente de sus bolsillos y que afectaría de una u otra forma a todos los niveles de renta.

Si la izquierda llega al poder en la Comunidad de Madrid, evidentemente, esa subida de impuestos será un objetivo prioritario del nuevo Ejecutivo autonómico. Concretamente, con esa subida diseñada, cada contribuyente madrileño tendría que asumir una carga fiscal adicional de 1.066 euros.

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