Iglesias tiene un pacto con ERC y Bildu para subir impuestos en Madrid que impondrá si es clave tras el 4M

Pablo Iglesias no se arrepiente de sus pactos con proetarras y separatistas. Y no lo hace ni tras presentarse a las elecciones del próximo 4M para intentar alcanzar el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Iglesias cerró un acuerdo con Bildu y ERC en noviembre del pasado año para remodelar de forma conjunta la agenda socioeconómica de España. Entre los puntos de ese acuerdo figuraba la implantación de la “justicia fiscal”, un concepto con el que las tres formaciones calificaban el deseo de aplicar una subida de impuestos, entre otros, sobre el capital, los patrimonios y las herencias, y, en especial, en las comunidades autónomas en las que estos tributos sobre esos conceptos son más bajos.

La estrella de esas rebajas era y es la Comunidad de Madrid. Y el objetivo era elevar todos esos impuestos en la región. Justo donde ahora Iglesias puede ser determinante para una hipotética gobernabilidad de izquierdas en caso de no llegar a la mayoría necesaria los partidos de centroderecha.

El origen de esa propuesta fiscal fue conjunto. Tanto Bildu, como ERC y Podemos consideran que los impuestos de los madrileños benefician a los “ricos” y que, por ello, deben desmontar una fiscalidad que ha permitido a Madrid convertirse en la locomotora económica nacional y sostener en parte el PIB en los peores momentos.

Pero la presentación en sociedad de estos pactos de la izquierda la llevó a cabo ERC. Recién negociados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con Bildu y ERC, los partidos del podemita, Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras empezaron a cerrar ante los ojos del PSOE lo que claramente se dibujaba como un frente dentro del Gobierno: con agenda propia en materia “social y económica”. Y, por supuesto, con un pacto de respaldo mutuo.

Agenda propia

El acuerdo fue admitido en noviembre de 2020 por responsables de las tres formaciones. Un pacto que implica mantener una agenda propia en materia de “derechos económicos y sociales”, sin descartar ampliaciones a cuestiones locales como, por ejemplo, las que centraron las enmiendas presentadas por Bildu a los Presupuestos, y que fueron transaccionadas de inmediato con Unidas Podemos y ERC.

Se trataba de un acuerdo de agenda común. Un paso en el que se circunscribió ya, por ejemplo, la petición de suspender los desahucios hasta diciembre de 2022 y evitar los cortes de suministros básicos para las personas con menores ingresos, exigencias trasladadas por los tres partidos al PSOE en aquel mismo mes de noviembre. Bildu no ocultó el avance y admitió internamente que se trataba de un intento de garantizar los derechos económicos y sociales de la ciudadanía de la mano de ERC y Podemos. Y ese acuerdo incluía la “justicia social”: subir los impuestos en comunidades como Madrid para beneficiar a otros territorios y contribuyentes de menores ingresos, según su versión.

El PSOE salió, de hecho, al quite de esos acuerdos aceptando parte de las exigencias de ERC, algo que tampoco le costó demasiado porque en el fondo comparte el mensaje de la subida fiscal pedida por los tres partidos de extrema izquierda. Así, Pedro Sánchez y Gabriel Rufián pactaron por aquellas fechas un severo castigo fiscal para los habitantes de la Comunidad de Madrid. Su plan pasaba por una elevación de los principales impuestos autonómicos madrileños hasta el punto de equipararlos con los tipos medios que cobran el resto de regiones en España. El resultado es descriptible: los estudios orientativos encargados por técnicos de la Comunidad de Madrid relevantes al castigo a los contribuyentes de esta autonomía se elevaría hasta los 5.900 millones de euros.

Todo partió de una enmienda: la que presentó ERC con el fin de convertir a Madrid en una caja recaudadora que financie los gastos de otros territorios y, en concreto, la agenda bautizada como social por parte del Gobierno socialcomunista.

El primer paso aparecía descrito en la propia enmienda. Se trataba de la subida del Impuesto de Patrimonio en Madrid hasta acabar con su bonificación y equipararlo al recargo tributario de este impuesto en la media del resto de regiones. La medida no sería inocua.

En el caso concreto del Impuesto de Patrimonio, punto al que se refería concretamente la enmienda de ERC, el golpe fiscal superaría los 1.000 millones de euros al año. Importe que tendrían que pagar los contribuyentes madrileños en plena recesión.

Eliminación de deducciones

Pero el plan pactado entre el partido de Oriol Junqueras y el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no acababa en el Impuesto de Patrimonio. Por el contrario, incluía también la subida a medio y largo plazo del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Y, tal y como ya admitió el Ministerio de Hacienda, podría extenderse hasta el punto de eliminar las deducciones extraordinarias reguladas por la Comunidad de Madrid, incluso, en el Impuesto de la Renta.

De este modo, si la «armonización» se extendiera a todos los impuestos de competencia autonómica, incluyendo el IRPF, el Impuesto de Patrimonio, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la factura se dispararía.
La forma de estimar el posible perjuicio para el contribuyente madrileño pasa por comparar cuál sería la subida en el caso de que en la Comunidad de Madrid se aplicara la misma normativa fiscal que en regiones nunca gobernadas por el Partido Popular, como son Asturias y Cataluña, que además son, y no por casualidad, dos de las regiones con impuestos más altos de toda España, tal y como señalan los técnicos contactados por OKDIARIO.

Ellos estiman que si se aplicaran los tipos de estas comunidades autónomas a las bases imponibles madrileñas, el impacto fiscal que conllevaría para las rentas y familias de esta región sería considerable. Con el modelo fiscal asturiano, los madrileños pagarían hasta 5.900 millones de euros adicionales al año. Mientras que con el modelo fiscal catalán, esta cifra se elevaría hasta los 5.180 millones.

Y ese plan es, precisamente, el pactado entre Podemos, ERC y Bildu: el que denominan como “justicia fiscal”. Y el que exigirá Pablo Iglesias en el Gobierno de Madrid si resulta decisivo para la gobernabilidad de la Comunidad tras el 4M.