Pedro Sánchez no logra contentar ni a las víctimas del franquismo. Aunque su Gobierno ha convertido la política de Memoria Histórica en un puntal ideológico –la exhumación de Francisco Franco fue uno de sus grandes empeños– la publicación ahora de las subvenciones destinadas a la ‘atención a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo’ ha sido acogida con críticas entre el colectivo. ¿El motivo? Las víctimas consideran que el modelo de ayudas del Gobierno las discrimina con respecto a otras, como las de la violencia de género o el terrorismo.

El Gobierno socialcomunista destinará 750.000 euros a actividades relacionadas con la recuperación de la Memoria Histórica, de los que 450.000 irán destinados a la exhumación de personas enterradas en fosas, según la orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La intención del Ejecutivo es que las asociaciones puedan optar a las ayudas ya a partir de septiembre.

El Gobierno establece cuatro tipos de actuaciones susceptibles de recibir subvenciones: la investigación, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas en fosas y las destinadas a la dignificación de las mismas podrán recibir ayudas de hasta 16.000 euros, que se podría ampliar hasta un máximo de 30.000 cuando se trate de intervenciones en grandes fosas.

La realización de estudios e investigaciones relativos a la recuperación de la Memoria Democrática, así como al reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura podrá ser dotada con hasta 12.000 euros. Las subvenciones alcanzarán los 5.000 euros en el caso de publicaciones, así como para la organización de cursos, jornadas, conferencias, exposiciones y demás eventos de tipo científico y/o divulgativo sobre la Memoria Democrática. Y de hasta 10.000 euros para actividades de recopilación, conservación, estudio y difusión del patrimonio documental escrito, oral, audiovisual o intelectual de la Guerra Civil y/o la dictadura.

«Discrimina a las víctimas» 

Sin embargo, la orden ha disgustado a las víctimas. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ya ha avanzado que no optará a las subvenciones «por considerar que ese modelo discrimina a las víctimas del franquismo». 

«Una subvención es una forma de discriminación. El Estado no subvenciona a las víctimas del terrorismo o de la violencia machista: les garantiza sus derechos», han expresado desde este colectivo.

Por ello, la Asociación reclama al Gobierno, entre otros, que constituya un organismo «que atienda directamente a las víctimas del franquismo, como hace con las del terrorismo o la violencia machista».

«Es el Estado quien directamente debe crear un organismo que atienda a los familiares del mismo modo que lo hace con otras víctimas de diferentes violencias y no subcontratar ese deber en asociaciones o colectivos», lamentan.

En este contexto, señalan que «los derechos humanos deben ser garantizados por un Estado democrático y no puede ser que haya subvenciones para que algunas familias puedan enterrar dignamente a un ser querido y otras cuando se agoten esas partidas no puedan hacerlo».

“Una subvención es una forma de discriminación; el Estado no subvenciona a las víctimas del terrorismo o de la violencia machista; les garantiza sus derechos. Por eso pensamos que preparar una partida limitada es como si el Gobierno indemnizara a las víctimas del terrorismo que se apellidan de la A a la M y cuando gastara su presupuesto no habría reparación para las que se apellidan de la N a la Z», asegura Emilio Silva, presidente del colectivo y nieto del primer desaparecido del franquismo identificado por una prueba de ADN.

Desde la Asociación lamentan, además, que el Congreso «no ha condenado todavía la dictadura ni ha reconocido a sus víctimas y que todavía hay miles de documentos que no han sido desclasificados». Señalan también que «las puertas de los juzgados siguen cerradas». 

«Falta de humanidad»

«Si una sepultura digna es un derecho no puede ser subvencionado con un límite presupuestario, sino garantizado para toda persona que quiera ejercerlo. Si se ponen límites económicos deja de ser un derecho y es una medida asistencial que reciben algunos familiares y otros no; con lo que existe una doble discriminación para las víctimas de la dictadura», insisten.

Silva lamenta la «increíble la falta de humanidad de todos los Gobierno españoles hacia las víctimas de la dictadura». «Queremos preguntar a la vicepresidenta Carmen Calvo por la verdadera razón para que el Gobierno no constituya un organismo que atienda directamente a los familiares porque tras años de reclamaciones y de escuchar promesas no lo entendemos. Y si no garantizamos una sepultura digna somos una sociedad tremendamente deteriorada», avisan.

En julio de 2018, apenas un mes después de la llegada de Sánchez a La Moncloa, la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció que el Gobierno asumiría directamente la búsqueda de desaparecidos del franquismo, además de otras medidas, como un censo oficial de víctimas o la creación de lo que denominan una ‘Comisión de la Verdad’, destinada a imponer su versión ideológica de la Guerra Civil y la dictadura. El Ejecutivo delega las exhumaciones en las asociaciones, y con ayudas de apenas 16.000 euros, una cantidad muy limitada de acuerdo al coste de estos trabajos.

Todas las promesas a las víctimas apenas han tenido recorrido. Tras colgarse la ‘medalla’ de la exhumación de Franco, el Gobierno dejó desatendidas el resto de propuestas, incluidas las exhumaciones. Los resultados han sido muy tibios. El acuerdo entre PSOE y Podemos prometía de nuevo recuperarlas, e incluía otras medidas más cosméticas y, al igual que lo fue la humación del dictador, dedicadas al impacto mediático, como la recuperación «inmediata» del Pazo de Meirás.