De Gürtel a Púnica: el PSOE usó en decenas de casos contra el PP la acusación popular que ahora prohíbe

El PSOE ha registrado este viernes una proposición de ley en el Congreso para restringir el uso de la acusación popular, una herramienta jurídica que permite a cualquier ciudadano o entidad personarse en procedimientos penales sin ser directamente afectado. Sin embargo, esta decisión resulta totalmente contradictoria con el histórico uso intensivo que el partido de Pedro Sánchez ha hecho de esta figura para perseguir judicialmente casos de presunta corrupción vinculados a su gran oponente político, el Partido Popular.

Durante las últimas décadas, el PSOE ha utilizado la acusación popular como un recurso estratégico en numerosos casos judiciales de gran relevancia. Por tanto, el PSOE quiere legislar ahora contra la figura constitucional de la acusación popular tras tratar de beneficiarse con ella en infinidad de casos. Se trata de un movimiento enmarcado en una situación de especialidad debilidad para Sánchez. El trabajo de Manos Limpias, Iustitia Europa, Hazte Oír, así como de Vox y el PP, entre otros, como acusación popular ha impulsado casos críticos para Sánchez como los de su mujer Begoña Gómez, su hermano David Sánchez, el fiscal general del Estado o el ex número tres del PSOE y ex ministro, José Luis Ábalos. El entorno del presidente se enfrenta hasta a 112 años de cárcel.

En el pasado, entre otros muchos casos, el PSOE se ha afanado en personarse y en pedir penas de cárcel en asuntos como Gürtel. En 2009 esa trama de corrupción implicó a empresarios y altos cargos del PP en sobornos y financiación ilegal. El PSOE se personó para obtener información y tratar de que el partido presidido entonces por Mariano Rajoy, fuera condenado a toda costa. A la postre presentaron una moción de censura, que salió aprobada, en base a esos hechos que tuvieron lugar en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

Del mismo modo, los socialistas se personaron el caso Bárcenas. Se trataba de la investigación sobre la contabilidad paralela del PP y los sobresueldos pagados a sus dirigentes. Ahí la participación del PSOE como acusación popular también fue intensa. Exprimieron los apuntes manuscritos del ex tesorero popular para tratar de desestabilizar a Génova.

El PSOE también fue especialmente combativo con sus abogados en los casos Púnica y Lezo, es decir, los sumarios que toman el nombre por dos otrora pesos pesados del PP madrileño Francisco Granados e Ignacio González, por su gestión en el Canal de Isabel II. Se investigó el desvío de fondos tal como también está sucediendo ahora en el caso Koldo.

Igualmente, el PSOE no dudó en usar la acusación popular para ir contra el PP en la operación Kitchen que desveló OKDIARIO. Hablamos del espionaje ilegal al ex tesorero del PP Luis Bárcenas financiado presuntamente con fondos reservados.

Urdangarin y Koldo

El uso de la acusación popular por parte del PSOE no se limitó a casos de corrupción del PP. También se personó en asuntos como el caso Urdangarin que levantó a pulso el sindicato Manos Limpias que ahora Sánchez desprestigia. En ese momento los socialistas no levantaron la voz por el uso de esa figura constitucional para impulsar un procedimiento que perjudicaba la imagen de la Monarquía española.

También el PSOE, como otros partidos políticos, se personan en casos que afectan a sus antiguos miembros. Dando la vuelta a la tortilla y asegurando que son víctimas de los tejemanejes de sus ex cargos, los socialistas han acudido a casos como el de Koldo García. En una personación que, para el resto de partes, es espuria, el PSOE ejerce la acción popular en el presunto cobro de comisiones ilegales en la venta de material sanitario durante la pandemia, amaño de contratos públicos, dádivas en formas de pisos a cambio de licencias de operador de fuel.

Contradicción

Ahora, el PSOE plantea limitar el uso de la acusación popular alegando la necesidad de proteger derechos fundamentales frente a lo que consideran «acciones judiciales abusivas». Según su propuesta, esta figura podría ser empleada de manera instrumental por organizaciones con fines meramente políticos, algo que ellos mismos han hecho durante años con relativo éxito.

La medida ha sido recibida con críticas por parte de otros partidos, como el PP y Vox, que acusan al PSOE de intentar cercenar un mecanismo clave para la transparencia y el control de la corrupción. Organizaciones judiciales también han expresado su preocupación por el impacto de esta reforma en la participación ciudadana en los procesos judiciales.

El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, en su proposición de ley orgánica quiere limitar su ejercicio a determinados delitos como corrupción, medio ambiente, financiación ilegal de partidos o delitos de odio. La norma, además, si sale adelante, excluirá específicamente a partidos políticos y sus fundaciones de poder ejercer la acusación popular. Por tanto, abre la puerta a que se creen entidades fantasma que persigan los mismos intereses que los partidos sin que tengan conexión directa con la estructuras orgánicas.

Además, entre los cambios más relevantes, el texto establece que la acusación popular no podrá participar en la fase de instrucción de los procesos penales y solo podrá intervenir una vez concluida esta fase. Se busca que no haya filtraciones a la prensa de hechos de gran relevancia pública atacando así el derecho institucional a la información veraz. Además, deberá demostrar un «vínculo concreto, relevante y suficiente» con el interés público del caso.