El PSOE registra una ley para impedir acusaciones como las que han acabado con Begoña Gómez imputada

El PSOE da un paso más para defenderse de la corrupción que cerca al entorno personal y político de Pedro Sánchez. Los socialistas han registrado en el Congreso una proposición de Ley Orgánica de «garantía y protección de los derechos fundamentales» frente a lo que el PSOE considera el acoso derivado de «acciones judiciales abusivas». Una nueva normativa que limitará la acusación popular y la posibilidad de abrir procedimientos penales como los que han acabado con Begoña Gómez, el hermano de Sánchez y el fiscal general del Estado imputados.

La nueva normativa busca limitar la participación de la acusación popular en los procesos judiciales a la etapa de juicio oral y a la presentación inicial de la querella. «La instrucción es una fase que debe estar protagonizada e impulsada por el Ministerio Fiscal y por los perjudicados directos por el delito», defiende el PSOE. En su opinión, así se acabará con «la filtración constante de las diligencias». Una afirmación que contrasta con la vigente investigación del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de secretos que afectan al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según la propuesta del PSOE la acusación popular conservará la facultad de impugnar un auto de archivo si discrepa con la decisión. Además, se establece que, para actuar como acusación popular, se deberá demostrar un vínculo «específico, relevante y suficiente con el interés público protegido en el proceso penal».

Conviene recordar que cuando la acusación popular se ha ejercido en casos ajenos a Pedro Sánchez, el PSOE no ha estado en desacuerdo. Ejemplo de ello fue el caso Nóos, que llegó a los tribunales en 2010 y en el que se encausó, entre otros, a Iñaki Urdangarin. El sindicato Manos Limpias se personó para pedir la imputación de la infanta Cristina. En ese momento, el PSOE no impulsó ninguna norma para acotar el papel de las acusaciones populares, como sí hace ahora que afecta a la mujer o al hermano del presidente.

Además, la proposición de ley incluye la imposibilidad de abrir un proceso penal «con meros recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidades». Algo que también ha utilizado en otras ocasiones el PSOE en su beneficio. El pasado mes de marzo, por ejemplo, los socialistas presentaron un escrito en la Audiencia Nacional en el que aportaba una batería de recortes de prensa para pedir un impulso de la pieza del caso Villarejo en la que se encuentran los audios donde se afirmaba que el suegro de Pedro Sánchez tenía un negocio de saunas. En ese caso, como los recortes de prensa tenían como objetivo que se investigase un supuesto espionaje a la mujer del presidente del Gobierno, sí le valían al PSOE.

Ofensiva contra los jueces

Los socialistas también plantean que se aparte a los jueces que realicen declaraciones en favor de partidos políticos, ya que será considerado como «judicialización de la política», con la que se corre el riesgo de «desembocar en una politización de la Justicia». De esta forma, el PSOE defiende que la ley busca la «neutralidad» judicial, pero olvida que Sánchez nombró a Dolores Delgado fiscal general del Estado después de ser ministra y candidata y diputada del PSOE en el Congreso, escaño al que accedió como número 5 de la lista que encabezó Sánchez por Madrid.

«Para seguir asegurando la neutralidad y el derecho a un juez imparcial y a la tutela judicial efectiva se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir una nueva causa de abstención o recusación: cuando un juez o magistrado haya realizado públicamente manifestaciones a favor o en contra de partidos políticos, sindicatos, asociaciones u otras entidades públicas o privadas, no podrá participar en un proceso en el que estas personas u organizaciones formen parte», reza la propuesta de los socialistas.

Por último, esta nueva ley adelantada por la Cadena Ser, recoge lo ya anunciado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tras la polémica de las campanadas: la eliminación del delito de ofensas a los sentimientos religiosos. Concretamente, la nueva norma suprime el artículo 525 del Código Penal, ya que, según los socialistas es «un delito donde no se detectan apenas condenas, pero que es empleado por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, activistas y representantes electos haciéndoles pasar por procesos penales muy costosos a nivel económico y personal».