El PP contra la mordaza judicial del PSOE: «Quieren combatir a quienes denunciamos la corrupción»

El PP ha criticado la proposición de Ley Orgánica de «garantía y protección de los derechos fundamentales» que ha presentado el PSOE para limitar la acusación popular y la posibilidad de abrir procedimientos penales como los que han llevado ante el juez a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; su hermano, David Sánchez,y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. «El PSOE no quiere combatir la corrupción, sino a quienes la denunciamos», aseguran fuentes de la formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo.

«La desesperación del PSOE ante los casos de corrupción que acorralan al Gobierno, a su partido y a Pedro Sánchez es evidente», señalan desde la formación con sede en la madrileña calle de Génova. Y le afean su «voluntad de perseguir a quienes la denuncian, la investigan o informan sobre ella».

Los populares creen que la situación es aún más grave por el momento en el que se produce, por ser «el día en el que Maduro pretende perpetuarse en el poder en contra de la ley»: «Es bastante simbólico». Además, tildan de «indecente» que presenten esta iniciativa «después de haber guardado silencio respecto a la situación en Venezuela».

El PP enmarca esta medida en una «estrategia de laminar al poder judicial» en la que consideran que está inmersa el PSOE. Todo ello es un paso más, en opinión del partido de Feijóo, para «quitar la instrucción a los jueces para dejarla en manos de la Fiscalía, y sembrando el descrédito sobre todo el poder judicial a ojos de la ciudadanía».

«Lo que es abusivo es enchufar a hermanos, enriquecer a amigos, hacer negocio de ser la esposa del presidente del Gobierno y sacar por la puerta de atrás de la administración miles de millones de euros en comisiones ilegales», abundan desde Génova.

El PP asegura que el PSOE «ha hecho del abuso su política y ahora quiere que sea ley con una iniciativa que cercena el derecho de particulares y asociaciones a personarse en casos de corrupción». Los populares recuerdan que ellos mismos se han personado en «las tramas de corrupción que rodean al Gobierno».

En Génova admiten que la medida socialista «es coherente con las políticas» del Ejecutivo, más aún después de haber constatado que el Gobierno «tiene aversión a la pluralidad, que está en aprietos judiciales y parlamentarios y que usa todos los resortes del Estado en beneficio propio».

Además, advierten de que el presidente del Gobierno «no legislará más que para protegerse a sí mismo». «Los que impulsaron una moción de censura para combatir la corrupción quieren acabar blindando por ley la suya», añaden. Y las fuentes populares concluyen que «quien apoye iniciativas de esta índole será cómplice de esta deriva».

La propuesta del PSOE

La nueva normativa busca limitar la participación de la acusación popular en los procesos judiciales a la etapa de juicio oral y a la presentación inicial de la querella. No obstante, la acusación popular conservará la facultad de impugnar un auto de archivo si discrepa con la decisión. Además, la nueva regulación establece que, para actuar como acusación popular, se deberá demostrar un vínculo «específico, relevante y suficiente con el interés público protegido en el proceso penal».

Sin embargo, cuando se utiliza la acusación popular o los recortes de prensa en otros casos ajenos a Pedro Sánchez, el PSOE no parece estar en desacuerdo. Ejemplo de ello fue el caso Nóos que llegó a los tribunales en 2010 y en el que se encausaban, entre otros, a Iñaki Urdangarin y donde el sindicato Manos Limpias se personó para pedir la imputación de la infanta Cristina. En ese momento, el PSOE no impulsó ninguna norma para acotar el papel de las acusaciones populares, como sí hace ahora que afecta a la mujer o al hermano del presidente.

Además, la proposición de ley incluye la imposibilidad de abrir un proceso penal «con meros recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidades». Algo que también ha utilizado en otras ocasiones el PSOE en su beneficio. El pasado mes de marzo, los socialistas presentaban un escrito en la Audiencia Nacional en el que aporta una batería de recortes de prensa para pedir un impulso de la pieza del caso Villarejo en la que se encuentran los audios donde se afirmaba que el suegro de Pedro Sánchez tenía un negocio de saunas. En ese caso, como los recortes de prensa tenían como objetivo que se investigase un supuesto espionaje a la mujer del presidente del Gobierno, sí le valían al PSOE.