El hermano de Sánchez declara que encontró su ‘puestazo’ en la Diputación de Badajoz «buscando en Google»

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha declarado este jueves que encontró su puestazo en la Diputación de Badajoz «buscando en Google». Durante hora y media y tras entrar evitando el paseíllo ante la prensa, ha comparecido ante la jueza Beatriz Biedma, que investiga posibles delitos contra la Administración Pública en la Diputación de Badajoz. Entre los delitos que se investigan figuran prevaricación, tráfico de influencias y malversación. El músico con nombre artístico de David Azagra ha defendido que la oferta estaba en Internet y que no le llegó por ser familiar del jefe del Ejecutivo.

Según el informe policial, la Diputación creó en octubre de 2016 una plaza de alta dirección que fue adjudicada al hermano del presidente del Gobierno apenas tres días después de que la propia institución consideraba «excesiva» la creación de nuevas plazas y que los responsables no veían la necesidad concreta de ese cargo. Aunque hubo 11 candidatos, el puesto recayó en David Sánchez. En su defensa, Sánchez alega que encontró la oferta «buscando trabajo por Internet» y recuerda que, cuando se creó la plaza, su hermano atravesaba su peor momento político, habiendo sido expulsado del PSOE.

En una declaración llena de contradicciones, el hermano del presidente del Gobierno afirmó trabajar «todos los días» pero fue incapaz de precisar la ubicación física de la Oficina de Artes Escénicas que dirige. «Voy al despacho siempre que lo necesito», aseguró ante la jueza, aunque no pudo concretar dónde se encuentra exactamente su lugar de trabajo.

El acceso de David Sánchez a los juzgados estuvo rodeado de un fuerte dispositivo policial. En un trato privilegiado similar al que recibe Begoña Gómez, esposa del presidente, cada vez que va a Plaza Castilla, al hermano de Sánchez se le permitió entrar por el garaje para evitar a los medios y manifestantes. Durante su comparecencia, se negó a responder a las preguntas de la acusación particular, ejercida por Manos Limpias.

El presidente de la Diputación y líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, también ha declarado como imputado, asegurando que desconocía el parentesco entre David Sánchez y el actual presidente del Gobierno. La investigación judicial también examina la situación fiscal de David Sánchez, quien confirma residir en Portugal, lo que ha levantado sospechas sobre posibles delitos contra Hacienda.

Defensa letrada

Por su parte, Emilio Cortés, abogado defensor de David Sánchez Pérez-Castejón, cuestionó este miércoles la naturaleza penal de la investigación sobre la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz. «No termino de comprender dónde puede estar el signo criminal en esta investigación», declaró tras las comparecencias de los testigos.

«Esto suena más a auditoría que a causa penal», afirmó Cortés, quien criticó el intento de «criminalizar conductas como el absentismo laboral, que afortunadamente no constituye ningún tipo de infracción criminal en España». El letrado destacó que las declaraciones se centraron en cuestiones de «estricta legalidad administrativa y fiscal».

Respecto a la situación tributaria, el abogado celebró, con sorna, la intervención de los peritos de la Agencia Tributaria: «Ha sonado el violín muy bien, porque no podía ser de otra forma. No sólo no existen signos de naturaleza penal por delito fiscal, sino ni siquiera una irregularidad administrativa».

Cortés también rechazó las acusaciones sobre la falta de cualificación de David Sánchez y el proceso de selección. «Es rigurosamente incierto que no hubiera tribunal», aseguró, recordando que se presentaron 11 personas al concurso «sin una sola reclamación administrativa». El letrado criticó que se esté «intentando colonizar algo que está administrativamente muerto» años después de los hechos. No obstante, esos candidatos ya confirmaron que vieron cosas raras en el proceso de selección.

Sobre el polémico borrado de correos electrónicos en la Diputación, el abogado lo atribuyó a «una cuestión de intendencia» y negó cualquier intención de encubrimiento. «No hay ninguna opacidad», insistió, explicando que los correos pueden ser recuperados a través de emisores y receptores. «Están convirtiendo a un señor en un ciudadano de segunda categoría por el libro de familia», lamentó Cortés, quien confía en que tras las declaraciones previstas «todo se aclare y termine esto».