La colección de imputados que rodea a Sánchez: de Ábalos a Begoña Gómez pasando por el fiscal general

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuenta ya con hasta seis imputados dentro de su entorno cercano, empezando por su mujer, Begoña Gómez, y por su hermano, David Sánchez. Todo ello a pesar de sostener en varias ocasiones que él encabeza un Ejecutivo «ejemplar» y «limpio de corrupción», unas afirmaciones que contrastan con las imputaciones que pesan sobre personas afines en su Gobierno, en el partido que lidera y hasta dentro de su entorno familiar.

El dirigente socialista llegó a La Moncloa a través de una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, recalcando que era un Ejecutivo «manchado por la corrupción». Seis años después de llegar a la Presidencia del Gobierno, Sánchez cuenta con seis imputados de gran importancia dentro de su círculo más cercano: Begoña Gómez, José Luis Ábalos, Álvaro García Ortiz, David Sánchez, Koldo García y Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni.

«Quien la haga, que la pague», aseguró Pedro Sánchez el pasado 11 de octubre para intentar defenderse del último informe de la UCO que apunta a su participación en varias conversaciones del caso Koldo. «No va a haber impunidad. A diferencia de épocas pasadas, en mi Gobierno, si hay corrupción, no va a haber impunidad y tiene que haber la determinación de que quien la haga, la pague», apostilló el dirigente socialista, asegurando que habrá «tolerancia cero» contra la corrupción. Todavía está por ver cómo actuará el presidente del Gobierno en caso de que los imputados de su entorno sean finalmente condenados.

Begoña Gómez

La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, se encuentra imputada por los delitos de corrupción en los negocios y de tráfico de influencias. Está siendo investigada por dos cuestiones separadas: la relación de la mujer del presidente del Gobierno con Globalia, la empresa propietaria de Air Europa, entidad que fue rescatada con 475 millones de euros en plena pandemia por el Ejecutivo de Sánchez –esta causa fue reclamada por la Fiscalía Europea, debido a que se podría haber rescatado a esta empresa con fondos de la UE–; y la relación de Begoña Gómez con el empresario Carlos Barrabés, que presentó cartas de recomendación firmadas por la esposa de Sánchez en un concurso público de Red.es y resultó adjudicatario de tres contratos, un total de 10.607.203,33 euros.

A esto hay que sumar que la Audiencia Provincial de Madrid avaló que Juan Carlos Peinado, el juez de instrucción del caso Begoña Gómez y titular del Juzgado número 41 de Madrid, investigue si Begoña Gómez se apropió del software desarrollado por la Universidad Complutense de Madrid para la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía la esposa del líder socialista.

José Luis Ábalos

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno pidió esta semana al Tribunal Supremo que investigue a José Luis Ábalos por su «papel principal» en el caso Koldo. El magistrado considera que existen «indicios fundados y serios»de su participación en la organización criminal que supuestamente se lucró con las mordidas en la venta de mascarillas a la administración pública durante los peores meses de la pandemia a través de un entramado creado por el empresario Víctor de Aldama. El juez atribuye al ex dirigente socialista una «imputación clara y concreta» en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Sólo podría juzgar a Ábalos el Tribunal Supremo, al estar aforado por ser diputado en el Grupo Mixto del Congreso.

José Luis Ábalos fue ministro de Fomento y de Transportes en el Gobierno de Pedro Sánchez hasta julio de 2021, cuando salió del Ejecutivo sin que Sánchez diese explicaciones claras sobre esta cuestión. También fue secretario de Organización del PSOE hasta esas mismas fechas. Ábalos ha sido una de las personas afines a Sánchez dentro del Ejecutivo y en las filas socialistas, por lo que es uno de los destacados en esta lista de imputados vinculados a Sánchez y una posible condena sería un varapalo de grandes dimensiones para el jefe del Ejecutivo.

Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está imputado por el Tribunal Supremo por revelar datos tributarios de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en relación con una investigación por supuesto fraude fiscal sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La querella se refiere a la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid compartía detalles sobre el intercambio de correos electrónicos entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto en relación con una investigación por supuesto fraude fiscal que involucra al demandante. García Ortiz asumió la responsabilidad de la publicación de dicha nota.

Se trata de una investigación inédita en la historia, ya que es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público. A pesar de ello, Álvaro García Ortiz descarta dimitir. Desde que fuese propuesto por el Gobierno de Sánchez para su carg0, Álvaro García Ortiz ha tomado decisiones favorables al Ejecutivo del PSOE con Sumar. Sánchez y el resto del Gobierno hasta el momento han salido a defender su actuación.

David Sánchez

Uno de los imputados más destacados de esta lista es el hermano del presidente, David Sánchez. Es músico de profesión y utiliza un nombre artístico –David Azagra– para evitar ser relacionado con el líder socialista. Está imputado por hasta cinco delitos de corrupción y fiscales: prevaricación, malversación, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda Pública y delitos contra la Administración Pública.

La investigación judicial contra el hermano del presidente del Gobierno arrancó el pasado mes de junio, cuando Manos Limpias denunció su fichaje por la Diputación de Badajoz y su desempeño por presunta malversación contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, dirige esta investigación y pidió información a la Diputación pacense sobre el proceso de contratación de David Sánchez. Este director de orquesta comenzó a trabajar en 2017 como jefe de la oficina de Artes Escénicas de la institución provincial con un contrato de alta dirección para coordinar los conservatorios públicos.

Koldo García

Koldo García está imputado por un delito de corrupción relacionado con el cobro ilegal de comisiones en la adjudicación de contratos relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia del Covid-19. Fue detenido el pasado mes de febrero por esta trama de corrupción. Fue asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, además de ser su chófer y el hombre para todo del ministro socialista.

La Guardia Civil considera que era el «elemento de conexión» con el ministro en el caso Koldo y que también retransmitía «instrucciones directas de Ábalos». La investigación judicial versa sobre el papel de intermediario de Koldo García en las negociaciones de compra de mascarillas a través del Ministerio de Transportes de Ábalos cobrando sobornos o comisiones por facilitar estos contratos. Está siendo investigado por la Audiencia Nacional. Koldo es uno de los imputados que más afecta al Gobierno de Sánchez, puesto que su detención desveló la trama de corrupción tejida durante la pandemia.

‘Tito Berni’

Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, fue detenido en febrero de 2023 y dimitió de su cargo como diputado del PSOE en el Congreso por estar investigado por delitos de corrupción. La juez María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Tenerife, le investiga a él y a otros cargos públicos por los delitos de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y grupo organizado.

Tito Berni es uno de los implicados del caso Mediador, la trama de corrupción que consistía en ofrecer a empresarios ventajas en la contratación pública a cambio de sobornos, siendo extorsionados también a cambio de favores en inspecciones y ayudas europeas. Hubo también fiestas relacionadas con la causa que incluían prostitución, alcohol y drogas. El nombre del caso corresponde al empresario Marco Antonio Navarro, el nexo entre varios cargos públicos y otros empresarios en esta red de extorsión, enfocada en el ámbito ganadero y alimentario. El ex diputado socialista recibía las comisiones por parte de empresarios a cambio de subvenciones o contratos públicos, que eran depositadas en las cuentas de la Asociación Deportiva Vega de Tetir, presidida por Juan Bernardo Fuentes Curbelo.

Los cargos públicos implicados en este caso son el propio Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Taishet Fuentes y Francisco Javier Espinosa. El ex diputado del PSOE aparece en la investigación bajo el nombre de Tito Berni, y la juez lo considera uno de los principales cabecillas de la trama. Fuentes Curbelo es uno de los imputados que más ha afectado al PSOE de Sánchez, especialmente por las fotos que se publicaron en las que aparecía el entonces diputado socialista acompañado por prostitutas.