El Gobierno recurrirá al TC cualquier intento de crear un «gobierno paralelo» en Bruselas

El Gobierno tomará medidas judiciales ante cualquier intento de Carles Puigdemont de crear una estructura de gobierno paralelo en Bruselas.

Aunque en el Ejecutivo se ha quitado, por ahora, crédito al planteamiento de una presidencia simbólica para Puigdemont, eso no implica que se dé vía libre a los movimientos de los independentistas. Llegado el caso, y si Puigdemont aspira a dotar esa hipotética presidencia de poder ejecutivo, será recurrida, confirman fuentes internas.

Del mismo modo, se estudian las posibilidades de impugnar la propia investidura que, según los planes, se realizaría a través de órganos paralelos al Parlament, como la asamblea de cargos electos. Todo dependerá, en cualquier caso, del grado de formalidad que los secesionistas otorguen a esa elección, y, sobre todo, de la capacidad operativa que lleve asociada.

Esa es la clave que determinará no solo la reacción del Ejecutivo, sino la próxima negociación entre las fuerzas independentistas. Desde Junts per Catalunya (JxCat) se admitieron este lunes ciertos avances, con ERC, para desatascar la investidura y también que se estudian alternativas a una votación en el Parlament. Pero la cuestión, aún no desvelada, es si Puigdemont asumirá quedar relegado a un mero cargo simbólico, sin ninguna capacidad ejecutiva, o, por el contrario, se erigirá como «presidente legítimo», con todas las consecuencias. En el entorno de Puigdemont se presiona para que sea Puigdemont el que fije las líneas políticas a un gobierno que, en Cataluña, se encargaría únicamente de ejecutarlas.

Reeditar el 155

Además, el Gobierno se reserva además la posibilidad de reeditar el artículo 155 si observa que el nuevo gobierno catalán no acata la legalidad. O incluso, mantenerlo si considera que ese gobierno no se ajusta a la misma.

En fuentes gubernamentales se aclara que el precepto constitucional deja de tener efectos cuando en Cataluña haya un gobierno, pero nacido de acuerdo a la legalidad. Pero no cuando se generan dudas de origen en la elección de su máximo representante, como podría ser el caso. Cualquier intento pues de retorcer la legalidad y las instituciones será un argumento para mantener la intervención.

El Gobierno: «Es ridículo»

Desde el Gobierno se ironiza con esa última ocurrencia de los independentistas, que se califica de «imposible» y «ridículo». «Puigdemont ha perdido la capacidad de sorpresa. Ya nada nos sorprende», atestiguó este martes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en una entrevista en Telecinco.

Según Santamaría, el expresidente catalán «va de ridículo en ridículo hasta el ridículo final. Lo suyo es de una megalomanía absurda e imposible».

En todo caso, cualquier plan de Puigdemont de vulnerar la ilegalidad tiene un recorrido muy corto. En cuanto el Tribunal Supremo dicte auto de procesamiento, será inhabilitado, lo que implicará que no podrá desempeñar ningún papel como cargo público, y, en consecuencia, perderá también sus derechos como diputado. Santamaría ha advertido de que los independentistas pretenden buscar un «aparcamiento» para Puigdemont a costa del dinero público de los catalanes, algo que el Gobierno tampoco permitirá.

En el Ejecutivo no hay dudas de que el expresident aprovechará sus próximos meses en el país belga para tratar de  ‘internacionalizar’ el ‘procés’, aún pese al fracaso que ha constatado en sus últimas iniciativas. Tanto el Parlamento Europeo, como el resto de países, han sido claros en su rechazo a las tesis independentistas.  Incluso, como publicó OKDIARIO, «sus amigos flamencos -en referencia al partido nacionalista V-NA- empiezan a darse cuenta de que ir de su mano no es tan buena idea», comentan fuentes comunitarias.

El Gobierno estará vigilante para que Puigdemont no monte su propia estructura de propaganda, si se vulnera la legalidad, por ejemplo, financiándose con fondos públicos.  El precedente es la red de ’embajadas’, una decena, al servicio de la Generalitat y desmantelada por la vía del artículo 155 junto con el Diplocat, entidad para impulsar la proyección de Cataluña en el exterior.

Uso de fondos públicos

El uso de fondos públicos es otra de las claves para determinar la acción judicial. La Fiscalía ya ha puesto sobre la pista de que el golpe separatista habría utilizado recursos del FLA, según publica este periódico.

En concreto, el escrito del Ministerio Fiscal señala que «dentro de los hechos que pueden englobar el delito de malversación de caudales públicos se ha de tener en cuenta que los presuntos fondos malversados y no destinados a su finalidad legítima, por cuanto hayan podido ser destinados al pago de la realización de un referéndum que había sido suspendido y posteriormente declarada inconstitucional, entre otros, si bien son fondos que sean gestionados por parte de la comunidad autónoma, los mismos tienen diversos orígenes». Esos orígenes son públicos y, además, en muchos casos procedentes de fondos nacionales y no regionales.