El Gobierno rechaza retirar el impuesto a la banca que no respalda la UE como le exige el PP

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha trasladado este jueves al vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, que el Ejecutivo de PSOE y Podemos piensa «seguir hacia adelante» con la tramitación de la proposición de ley de sendas formaciones para fijar un impuesto a las energéticas y otro a la banca.

De esta manera, Ribera ha rechazado en la primera reunión formal con el PP sobre este asunto lo que reclaman los populares -como publicó OKDIARIO- para apoyar esa proposición en el Congreso una vez iniciada su tramitación parlamentaria, esto es, que retiren el impuesto de la banca de dicha iniciativa, ya que no ha sido avalado por la Comisión Europa y tampoco cuenta con informes favorables del Banco Central Europeo (BCE) o del Banco de España.

De hecho, los socialcomunistas recurrieron a la fórmula de la proposición de ley en lugar de un proyecto de ley del Gobierno para no tener que pedir estos informes preceptivos. No obstante, el Ejecutivo habló de «adaptar» el impuesto a la facturación de las energéticas a la tasa sobre los beneficios extraordinarios que acuerde Bruselas en las próximas semanas. Y lo mismo con el gravamen a la banca ante futuros pronunciamientos de organismos oficiales como el del BCE.

En declaraciones a los medios tras la reunión sobre el impuesto a la banca y a las energéticas, que arrancó a las 18.30 horas en la sede del Ministerio y duró en torno a dos horas y media, Juan Bravo ha citado este punto como uno de los principales desencuentros con la ministra Ribera, si bien ha valorado la manera en que se ha desarrollado esta «primera toma de contacto» sobre el plan energético presentado por el PP. «Este debe ser el camino, el sentarse, el hablar, el compartir y empezar por los puntos donde nos encontramos», ha destacado Bravo.

No obstante, otras de las diferencias constatadas ha sido el rechazo del Ejecutivo a adoptar una de las medidas más destacadas del PP para su ejecución a corto plazo, la aplicación de descuentos de hasta el 20% en la factura de la luz y hasta el 40% en la del gas para aquellas familias y pymes que consigan ahorrar consumo energético.

«Voluntariedad»

De igual modo, el tercer punto donde ha habido mayor distancia ha sido en la solicitud del PP para que la «voluntariedad» en las medidas de ahorro de energía prime sobre las «imposiciones», como las que figuran en el decretazo energético del Gobierno sobre la temperatura en locales, bajo amenaza de multar. Tampoco aquí Ribera ha accedido a una revisión de dicha obligatoriedad, que choca con lo estipulado por Bruselas hasta la fase de alerta.

Respecto al aplazamiento de la vida útil de las centrales nucleares que plantea el PP, el Ejecutivo también lo ha rechazado, pues el gabinete de Pedro Sánchez no está dispuesto a abrir este melón por cuestiones ideológicas, frente a lo que está sucediendo en otros países europeos.

Además, Ribera ha avanzado a Bravo que el Gobierno sigue trabajando en la elaboración de su Plan de Contingencia, que quiere abordar con las comunidades autónomas antes de su presentación y que, según el vicesecretario de Economía del PP a tenor de lo escuchado en la reunión, no será tramitado como real decreto-ley.

En cuanto a las aproximaciones o «puntos de encuentro», Bravo ha puesto de relieve que «la posición que se adopte como país sea participada por todos los partidos políticos, las comunidades autónomas y las entidades locales; agilizar problemas en las renovables, la posibilidad del biocombustible como una oportunidad de tecnología o el compromiso con la eólica marina», entre otros asuntos.

Como ejemplo de haber detectado un lugar intermedio entre ambas partes, el dirigente del PP ha hecho referencia a los derechos de emisión de CO2, que su partido pide suspender. Ribera ha descartado esta opción pero sí ha compartido la «necesidad de atender los precios tan altos que están poniendo en riesgo nuestra industria», ha explicado Bravo.

Presupuestos

Entretanto, este mismo jueves, en el Pleno del Congreso de los Diputados, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, aseguró que el Gobierno no descarta prorrogar o aprobar nuevas medidas para afrontar la crisis energética y de precios provocada por la invasión rusa de Ucrania, si bien las desvinculó del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que llevará próximamente a las Cortes.

En su intervención para informar a la Cámara Baja del techo de gasto para el próximo año y defender la suspensión de las reglas fiscales por la situación de excepcionalidad, Montero afirmó que el nuevo Presupuesto «va a responder a ese gasto estructural, con independencia de las medidas extraordinarias que sea necesario prorrogar».

En esta línea, manifestó que conforme se aproxime la conclusión de su vigencia, el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos decidirá qué medidas deben ser prorrogadas o incluso «si es necesario incorporar medidas adicionales».