El Gobierno premió a la alto cargo de Moncloa imputada en el ‘caso Begoña’ por sus «méritos» en la Justicia

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por cinco delitos, ha citado como imputada a la actual secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González. González tendrá que declarar en el marco de la investigación por malversación en la contratación de la directora de Programas de La Moncloa, Cristina Álvarez, que ejerce en realidad como secretaria de la mujer del presidente del Gobierno en sus actividades privadas. Se da la circunstancia de que la alto cargo de Moncloa ahora imputada fue premiada por el propio Gobierno por sus «méritos» en la Justicia.

En concreto, González Pedraz presume en su currículo oficial de La Moncloa de haber sido condecorada con la «Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort», por orden de la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Antes de su nombramiento como secretaria general de la Presidencia del Gobierno, la ahora imputada fue directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno. Además, desempeñó los cargos de secretaria general de la Escuela de Organización Industrial – vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo-, subdirectora general de Cooperación y Coordinación Territorial, en la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, del Ministerio de Justicia, y ocupó distintos puestos en el Ministerio de Hacienda y la Agencia Española de Protección de Datos.

La Orden de San Raimundo de Peñafort se creó para premiar los «relevantes méritos contraídos por cuantos intervienen en la Administración de Justicia y en el cultivo y aplicación del estudio del Derecho en todas sus ramas, así como los servicios prestados en las actividades jurídicas dependientes del Ministerio de Justicia». Su decreto de creación data de 1945, firmado por tanto por Francisco Franco. La condecoración concedida a este alto cargo de Moncloa lleva anexo el tratamiento de «señora».

Asesora

El juez Peinado ha decidido imputar a Judit Alexandra González Pedraz y citarla a declarar el próximo 12 de noviembre, en tanto es la superior jerárquica de la asesora de Begoña Gómez. Como tal, debía vigilar que sus funciones se ajustasen al puesto por el que Cristina Álvarez fue contratada en julio de 2018, el de directora de Programas de la Presidencia del Gobierno.

Sin embargo, Álvarez ha ejercido como secretaria personal de la mujer del presidente del Gobierno en sus negocios en la Complutense, ocupándose directamente de las relaciones con las empresas y organizaciones patrocinadoras de la cátedra que dirigía Begoña Gómez. La asesora, como ha ido revelando OKDIARIO, llegó incluso a presentarse como «colaboradora» de la cátedra.

González se convierte así en la quinta persona actualmente imputada en la causa, junto con Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

En el auto conocido este miércoles, el juez Peinado rechaza llamar por segunda vez a declarar tanto a Pedro Sánchez como al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

También mantiene el procedimiento del tribunal del jurado por si el caso acaba llegado a juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación.

Según expone Peinado, «cualquiera de las personas que, teniendo la capacidad de controlar las labores realizadas por las personas contratadas o designadas para funciones concretas vinculadas a un servicio de carácter público, y que lo conozca, por ser notorio y de dominio público, puede cometer, pudiendo evitarlo y no haciéndolo, esta modalidad de malversación».

Peinado atribuye al cargo de la Secretaría General de la Presidencia ser «conocedor» de los «actos de carácter institucional sobradamente conocidos por su proyección mediata» y que «además lleva a cabo una labor de carácter privado en una universidad, en este caso la Universidad Complutense de Madrid».

De esa forma, sostiene, se «puede cometer el delito de malversación, en la modalidad de comisión por omisión, por su posición de garante, impartiendo las correspondientes órdenes o instrucciones para que dicha persona», en alusión a Álvarez, la asesora de Gómez, «se abstenga de continuar con esas labores de carácter privado».

El juez, además, pide a Moncloa las agendas de la esposa de Pedro Sánchez y de su asesora para que las analice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con el objetivo de «determinar si las citas, reuniones, traslados, viajes, etc., realizadas por ambas a la vez, o solo por la investigada Álvarez, estaban en relación a actividades personales o profesionales de la otra investigada, Gómez».

Y solicita que aporten sus pasaportes para «precisar fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero realizados por ambas».

En este sentido, reclama a la Secretaría General de la Presidencia que remita, de forma íntegra y detalladamente, toda la información relativa a los viajes de Álvarez sufragados con fondos públicos «entre el periodo comprendido desde su contratación, el 16 de julio de 2018, hasta la fecha actual».

Peinado incluye en sus requerimientos que Gómez y Álvarez aporten «todos los correos electrónicos y los soportes cruzados» entre ambas, además de pedir a la Seguridad Social que remita certificado de la vida laboral de la asesora y a Moncloa que le entregue datos salariales actualizados de ella durante 2025, así como «todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno, con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo, así como el número de asistentes nombrados de forma simultánea a cada cónyuge».