El Gobierno destina 4,2 millones a vuelos para trasladar a 13.200 inmigrantes ilegales a la Península

El Gobierno de Pedro Sánchez destinó 4,2 millones de euros para la gestión de vuelos y traslados de «13.200 inmigrantes» ilegales a la Península tras la declaración de emergencia del pasado octubre por la llegada masiva de irregulares a Canarias. Este importe y dicha cifra de traslados no se conocían hasta la fecha, pese a que el contrato fue adjudicado el 1 de noviembre de 2003. La Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige la socialista Elma Saiz, publicó este expediente en la Plataforma de Contratación del Estado el pasado 7 de agosto. OKDIARIO reveló con imágenes exclusivas estas llegadas en vuelos semiclandestinos desde Canarias al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Este contrato siguió el procedimiento de «negociado sin publicidad» y se tramitó «el marco de la declaración de emergencia», reza en los pliegos que el Gobierno de PSOE-Sumar ha hecho públicos ahora. Mientras se producían estas llegadas, ni el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ni de el de Migraciones (ahora dirigido por Elma Saiz y antes por José Luis Escrivá) informaron en detalle del número concreto de irregulares que volaban en estos viajes semiclandestinos. Tampoco dieron cuenta del coste de tales desplazamientos -como el que publica hoy OKDIARIO- o de cuántos eran alojados en diferentes destinos de la Península.

El expediente del Ministerio de Migraciones que lleva por concepto la «prestación de servicios para transporte de 13.200 personas por avión» se elevó a 4.224.000 euros y recayó en la ONG Accem. Si bien la fecha del acuerdo data del 1 de noviembre de 2023, el Gobierno especifica en la documentación oficial consultada por este periódico que la adjudicación se dictó «con posterioridad al inicio de la prestación del servicio mencionado, tras haberse autorizado ésta de manera verbal con Accem previamente, en el contexto de una crisis migratoria y en el marco de la contratación de emergencia». Este contrato se firmó con fecha de ejecución del «14 de octubre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023».

No obstante, a lo largo de 2024 se han seguido fletando vuelos de estas características. De hecho, OKDIARIO informó el pasado 28 de junio de que el Gobierno fletó hasta ese día y desde el pasado 10 de octubre de 2023 al menos 100 vuelos de inmigrantes irregulares procedentes de Canarias para su distribución por distintos puntos de la Península, según consta en los registros de plataformas de tráfico aéreo.

A bordo de tales vuelos han viajado miles de inmigrantes irregulares que el Ejecutivo de Pedro Sánchez trasladó primero desde el archipiélago canario hasta los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Málaga, y luego desde esos aeropuertos a multitud de destinos por diferentes comunidades autónomas. En el caso del vuelo número 100 identificado por este periódico, viajaron a bordo en torno a 290 pasajeros, según fuentes aeroportuarias.

Este centenar de vuelos chárter (no regulares) de inmigrantes desde Canarias a la Península fue operado en su mayor parte por la compañía Air Europa (también hubo de Iberojet y Privilege). Este periódico fue el primero en revelar imágenes de cómo llegaban los pasajeros de una de estas aeronaves al aeropuerto de la Terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Fue la noche del 23 de octubre.

Además de este centenar de vuelos con Air Europa, el rastreo de los radares aéreos también da cuenta de decenas de aviones con inmigrantes irregulares desde Canarias a la Península operados en este caso por Air Nostrum, otra compañía a la que el Gobierno de Sánchez adjudicó en su día el contrato de las gestiones de vuelos de deportación.

Albergues y hoteles

Tras su llegada en avión a la península, los inmigrantes irregulares son recibidos por varias ONG designadas por el Gobierno y conducidos a otros puntos de la geografía española, siendo alojados en albergues, pisos turísticos, hoteles o balnearios, entre otras dependencias. El Gobierno también ha convertido instalaciones militares en centros de acogida. Es el caso del ubicado en el Acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares (Madrid), a donde han llegado a derivarse más de 1.100 irregulares.

A través de Accem y otras ONG contratadas por el Ministerio de Migraciones para asistir a estos inmigrantes irregulares, el Ejecutivo central se descargó de responsabilidad en la gestión de esta crisis migratoria, hasta el punto de que la información que iban recibiendo las comunidades autónomas de acogida sobre estas llegadas era más precisa de boca de las ONG que del propio Gobierno, a través de sus delegaciones. Tanto es así que diferentes regiones gobernadas por el Partido Popular denunciaron la falta de información que tenían de la Administración Sánchez para poder dar asistencia a estos inmigrantes como debían.