El Gobierno defiende los monumentos al golpista Lluís Companys, asesino de 8.000 catalanes

El Gobierno ha rechazado de plano la petición de Vox de quitar monumentos y nombres de calles que rinden homenaje al golpista Lluis Companys, que asesinó a 8.000 catalanes durante su mandato al frente de la Generalitat. El Ejecutivo dice que en virtud de la Ley de Memoria Histórica sólo deben retirarse aquellos recordatorios que impliquen enaltecimiento del golpe de estado de 1936 y la dictadura.

El diputado de Vox Francisco José Contreras Peláez se dirigió el Ejecutivo, a través de varias preguntas parlamentarias pidiéndole explicaciones sobre el hecho de que en aplicación de la conocida como Ley de Memoria Histórica sólo se eliminen símbolos relativos a personalidades del bando naciones, pero no del republicano, pese a que algunos de los homenajeados, denunciaba, fueran responsable directa o indirectamente de persecución y crímenes.

En concreto, de Companys argumentaba que dio «golpe de estado» al proclamar la República catalana en octubre de 1934 y que una vez repuesto en el cargo tras la victoria del Frente Popular en el 36 estableció un «régimen de terror contra las derechas y la Iglesia».

Hay que recordar, además, que Companys fue responsable del asesinato de 8.129 catalanes durante su mandato al frente de la Generalitat de Cataluña, como parte de una campaña de terror con ejecuciones, torturas y purgas en toda Cataluña.

Contreras cita incluso a la entonces ministra de Sanidad, la anarquista Federica Montseny reconociendo que se pudo haber causado la «muerte violenta de cuatro o cinco mil ciudadanos catalanes catalogados como hombres de derechas», y recuerda que Companys firmó personalmente varias sentencias de muertes.

Sentencias y tribunales ilegítimos

Ante estas apreciaciones, el Gobierno replica al diputado de Vox que Companys fue «legítimo presidente de la Generalidad de Cataluña» que después de la guerra la Gestapo, en connivencia con las autoridades franquistas, le capturó en Francia, y acabó fusilado en aplicación de la condena a muerte que se le impuso en un «juicio sumarísimo sin las debidas garantías».

Además, le recuerda que el Congreso aprobó una proposición no de ley en 2017 declarando que las dos sentencias dictadas contra Companys por Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Barcelona y el Consejo de Guerra de Oficiales Generales «son ilegítimas, radicalmente nulas e injustas, y carecen absolutamente de eficacia y validez».

Asimismo, remarca ante Contreras que en 2018 el Consejo de Ministros aprobó una declaración de reparación «por la que se rechaza y condena el consejo de guerra que decidió la ejecución del mismo, y se proclama pública y solemnemente el reconocimiento y restitución de la plena dignidad del Presidente Don Lluís Companys i Jover».

También defiende al ‘Lenin Español’

Del mismo, modo, el Gobierno defiende los homenajes al socialista Francisco Largo Caballero, apodado ‘el Lenin español’, a quien el diputado de Vox señala como principal responsable del «intento de golpe de Estado» del 34 y recuerda su enfrentamiento con los socialistas moderados de Julián Besteiro. Los de Abascal aseguran que, como presidente del Consejo de Ministros durante la guerra, Largo Caballero permitió el asesinato de «decenas de miles de personas».

Por su parte, el Gobierno recalca que Largo Caballero además de diputado fue ministro de Trabajo, «legítimo presidente del Gobierno con arreglo a una Constitución democrática como fue la de la II República» y que tras la contienda fue detenido por la Gestapo y deportado a un campo de concentración nazi hasta el final de la II Guerra Mundial.

«No se alcanza a comprender que su estatua frente al ministerio que dirigió, poniendo en marcha medidas laborales que hoy se consagran en nuestra Constitución vigente, puedan considerarse un elogio o enaltecimiento de un golpe de estado que provocó una guerra fratricida, que le correspondió enfrentar desde la legalidad institucional democrática constituida», apostilla el Ejecutivo.

Carrillo y Marcos Ana

Contreras es el mismo diputado que había pedido también al Ejecutivo que se retiraran nombres de calles y símbolos de homenaje al líder comunista Santiago Carrillo y al poeta Fernando Marraco Castillo, más conocido como Marcos Ana, el preso político que más años pasó en cárceles franquistas.

Como hace ahora ante las peticiones relativas a Companys y Largo Caballero, el Gobierno recordó al diputado que la Ley de Memoria prevé la retirada de los elementos que supongan «el enaltecimiento, justificación o elogio del golpe de Estado contra el sistema democrático, la Guerra Civil que provocó y el régimen dictatorial instaurado».

«La mencionada ley –abunda– quiere contribuir a cerrar las heridas todavía abiertas en los españoles y españolas y a dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura, profundizando de este modo en el espíritu del reencuentro y de la concordia de la Transición, en torno a los principios, valores y libertades constitucionales», zanja el Gobierno.