El Gobierno declara «secreto» el número de inmigrantes con Covid fugados de los CIE

«Secreto». Esa es la calificación bajo la que se ha escudado el Gobierno de Pedro Sánchez para no responder en el Congreso de los Diputados a una petición de información cursada por el Partido Popular para conocer, entre otras cosas, el número de inmigrantes contagiados de Covid que han terminado escapándose de los centros de acogida donde se encontraban internados. Según el Gobierno, su silencio se ampara en la Ley de Secretos Oficiales.

«¿Cuántos de los inmigrantes huidos y posteriormente localizados han dado positivo en Covid-19?». Esa es una de las preguntas de la batería de cuestiones planteada por escrito al Gobierno, coincidiendo con la crisis de los cayucos de este otoño, que se ha quedado sin respuesta por parte de Moncloa.

Las preguntas fueron cursadas por los diputados María Pérez Díaz, Guillermo Mariscal Anaya, Ana María Zurita Exposito y Sebastián Ledesma Martín, todos ellos pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular por las circunscripciones de las provincias canarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Además, los diputados pedían conocer otros asuntos como: «¿Cuántas embarcaciones o pateras, desglosadas por islas y lugar de llegada, han arribado por sus propios medios a las costas canarias sin ser detectas por el SIVE (el sistema integrado de vigilancia exterior que opera la Guardia Civil en el litoral español)?», «¿Cuántas personas venían en esas embarcaciones?», «¿Cuántos ocupantes de los que han llegado en esas circunstancias han huido?», «¿Cuántos de ellos han sido localizados?».

«Secreto oficial»

Sin embargo, el Gobierno se ha escudado precisamente en una de las preguntas -la relativa al sistema SIVE- para calificar de ‘secreto’ toda la cuestión y dejarla sin respuesta. «En relación con las cuestiones formuladas, se informa que los datos solicitados guardan relación con los medios y procedimientos concretos destinados al fin ulterior de combatir las actividades ilícitas de lucha contra el crimen organizado, lo que forma parte de los ámbitos de Seguridad Pública a los que el Consejo de Ministros otorgó, con carácter genérico, la clasificación de “secreto” en su reunión de 6 de junio de 2014, al amparo de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, modificada por la Ley 48/1978, 7 de octubre», ha respondido el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Esa recurrente calificación por parte de Moncloa impide, por tanto, conocer los datos que tiene el Gobierno sobre el descontrol que se ha producido en los últimos meses tras la oleada de llegada de pateras y los traslados -ocultados por el Ministerio del Interior- de sin papeles de Canarias a otros puntos de la Península Ibérica.

Interior también lo oculta

El Ministerio del Interior, parte fundamental en toda esta crisis, también ha rechazado aportar datos, en una solicitud de información a través del Portal de Transparencia, sobre el número de inmigrantes ilegales con Covid llegados a las costa españolas que han dado positivo en las pruebas diagnósticas.

En los momentos más duros de la crisis migratoria, el departamento de Fernando Grande-Marlaska se despachó a una pregunta de OKDIARIO afirmando que «el Ministerio del Interior no es competente para proporcionar la información solicitada» y deriva a las comunidades autónomas. OKDIARIO ya había revelado anteriormente que Interior desconocía el número de pruebas PCR que se habían realizado a los inmigrantes ilegales.

En un informe elaborado por la Secretaría de Estado de Migraciones se recogía, textualmente  que «las personas que llegan a España por vías migratorias irregulares, sin atravesar puntos fronterizos oficiales (normalmente mediante embarcación tipo patera a las zonas costeras o saltando vallas fronterizas), son una población especialmente vulnerable para Covid-19, ya que durante su viaje migratorio pasan por condiciones de hacinamiento y precariedad que les ponen en mayor riesgo de poder adquirir la infección».

«Elevada movilidad y contactos»

«A su llegada a España, además, estas personas pueden tener elevada movilidad y contactos con un gran número de personas diferentes, suponiendo un riesgo de aparición de brotes originados por casos importados», advertía el documento.

Además, el informe subrayaba la vital importancia de «detectar los casos de Covid-19 entre los inmigrantes de forma precoz», ya que de esta manera se « permitirá la asistencia sanitaria oportuna a los casos y prevendrá la difusión de la enfermedad».

Sin embargo, pese a que Interior negase públicamente que este colectivo fuese un foco de posibles contagios o que se estuviesen realizando traslados de inmigrantes a la Península, durante el pasado puente de la Constitución 16 inmigrantes llegados a Canarias y trasladados a Valencia fueron retenidos tras detectarse que entre ellos había dos positivos por coronavirus. 

Pese a conocerse este y otros casos -incluso con vídeos difundidos por redes sociales-, el Gobierno aseguraba que no estaba organizando traslados de migrantes desde Canarias a la Península. Además, advertía que no tenía constancia de que se hayan producido esos desplazamientos sin autorización y sin haber pasado una prueba PCR, obligatoria cuando alcanzan las costas españolas.