El Gobierno asume que el PNV insistirá con el acercamiento de presos tras el acuerdo de Presupuestos

El Gobierno asume que el PNV insistirá con el acercamiento de presos tras el acuerdo de Presupuestos
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, conversa con el lehendakari Íñigo Urkullu.

La negociación de los Presupuestos Generales del Estado ha supuesto un revulsivo en las relaciones entre Gobierno y PNV.

El acuerdo-que permitirá al Ejecutivo tumbar las siete enmiendas a la totalidad presentadas por distintos grupos de la oposición-recoge las exigencias del PNV para que el Gobierno entregue al Ejecutivo regional vasco 1.400 millones de euros que reclamaba Íñigo Urkullu en concepto de una supuesta deuda del Estado por el cálculo indebido del cupo vasco (que es como se denomina al Concierto Económico del que disfruta esta región española).

En virtud de ese pacto, el PNV recibirá algunas importantes contrapartidas, como un plan de inversiones en la ‘Y vasca’, la tarifa eléctrica unificada o el mantenimiento de plantilla de la policía autonómica.

Tanto el Gobierno central como el vasco han mantenido al margen del acuerdo presupuestario cualquier reclamación histórica sobre política penitenciaria. Esto es, en resumen, la exigencia de acercamiento de presos, una de las principales banderas de la formación nacionalista.

Presión por el PSE

En fuentes ‘populares’ se asegura que en la mesa nunca ha estado esa reclamación. No obstante, no se descarta que, en futuras reuniones, el PNV insista en devolverla a la actualidad. La formación nacionalista está especialmente «presionada» por la actual política del PSE, que ha hecho de esa reclamación una de sus pretensiones. No en vano, hace días que la propia secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, insiste en el mensaje de que el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco «podría contribuir a una convivencia en paz». 

En fuentes del PP se admite que el PNV intentará «escenificar» esa reclamación y darle visibilidad en sus recuperadas relaciones con el Ejecutivo. Pendiente sigue la reunión entre el lehendakari, Íñigo Urkullu, y el presidente Mariano Rajoy y no se descarta que sea precisamente ese marco el que Urkullu aproveche para reclamar al jefe del Ejecutivo más concesiones políticas.

No obstante, la postura del Gobierno sigue siendo la misma: no habrá acercamiento en tanto en cuanto ETA no asuma su disolución definitiva. El supuesto desarme del mes pasado resulta a todas luces insuficiente para el Ejecutivo.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, destacó este miércoles que el pacto para salvar los Presupuestos de Rajoy no recoge ninguna medida de política penitenciaria porque «no hubiera beneficiado ni para el acuerdo presupuestario, ni para dar pasos en ese otro ámbito». Los peneuvistas reclaman además la transferencia de las prisiones al Gobierno de Vitoria.

Hace unos días, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, admitió que detectaba «cierto cambio» en el Gobierno del PP «de cara al futuro» en lo que respecta a la política penitenciaria.

Los ‘populares’ descartan cualquier concesión en este asunto. Al menos, en el corto plazo y sin un paso definitivo de la banda terrorista. En fuentes gubernamentales, «lo que tiene que hacer» es «disolverse y ayudar a esclarecer los atentados aún pendientes».

«No van a obtener nada de un estado democrático como el español», zanjó hace unos días el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo. 

Aunque en la mesa presupuestaria se han tratado fundamentalmente asuntos de índole económica-Cupo y AVE- sí ha habido margen para abordar la cooperación política entre ambas administraciones. Los peneuvistas quieren que el nuevo marco sirva para estrechar lazos y abundar en asuntos que se negocian en paralelo: la reafirmación de competencias y la retirada de recursos contra leyes vascas.

El asunto lo gestiona directamente vicepresidencia del Gobierno. A finales del año pasado, Sáenz de Santamaría se comprometió con el PNV a reducir la litigiosidad y a constituir una comisión bilateral entre ambas administraciones para abordar las diferencias y evitar que lleguen al Tribunal Constitucional. Desde entonces, el Gobierno ha retirado varios recursos, por ejemplo, contra la Ley municipal vasca.

 

 

 

 

 

 

 

 

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