El Gobierno agita el Orgullo contra Ayuso: recurre al Constitucional la Ley Trans y LGTBI de Madrid

El Gobierno de Pedro Sánchez interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley LGTBI aprobada en 2023 por el Gobierno de la Comunidad de Madrid liderado por Isabel Díaz Ayuso. También presentará otro recurso contra la Ley Trans aprobada por el Ejecutivo madrileño. El Gobierno de Sánchez busca de esta forma agitar contra el Ejecutivo de Ayuso el Orgullo que se celebrará estos días en Madrid y que comenzará este viernes, Día Internacional del Orgullo LGTBI.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación Pilar Alegría, junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Estos dos recursos ante el Tribunal Constitucional hacen que la Ley LGTBI y la Ley Trans de la Comunidad de Madrid queden en suspenso hasta que el tribunal de garantías los resuelva.

El Defensor del Pueblo llevó hace tres meses ante el Constitucional la Ley Trans impulsada por el Ejecutivo madrileño, al entender que exigir que los menores cuenten con el apoyo de profesionales de salud mental si quieren acceder a terapia hormonal para cambiar de sexo, o pedir un informe favorable del médico que les trata si padecen alguna enfermedad son requisitos «patologizantes y desproporcionados».

Lo que se aprobó

La Asamblea de Madrid aprobó el pasado mes de diciembre la modificación de la Ley LGTBI y de la Ley Trans de la región promulgando por el Gobierno de Ayuso. El objetivo de estas dos reformas era «proteger a los menores», como explicó el Ejecutivo madrileño.

En concreto, se aprobó modificar la Ley Trans para que todos los menores que vayan a ser hormonados, tanto bloqueo hormonal como hormonación cruzada, tengan que haber recibido previamente apoyo de un psicólogo. Los menores tienen como requisito necesario a la hora de iniciar el tratamiento farmacológico recibir previamente el apoyo «de los profesionales de salud mental infanto-juvenil, mantenido durante todo el proceso». «En el caso de que existiera comorbilidad, será imprescindible un informe favorable del profesional que esté tratando al menor en dichas patologías», apostilla la norma. «Se refuerza la necesidad del acompañamiento de los profesionales expertos en transexualidad, especialmente en los casos de menores», esgrimió el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Otra novedad impulsada por el Ejecutivo de Ayuso fue la supresión de la inversión de la carga de la prueba que se contempla en el articulado actual. De esta forma, si una persona denuncia en procesos autonómicos haber sufrido discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género aportando «indicios razonables, fundamentados y probados por cualquier medio de prueba admitido en derecho», será el acusado de realizar esa presunta conducta discriminatoria quien tenga que demostrar que no la realizó mediante «la aportación de justificación probada objetiva y razonable de las medidas adoptadas».

La finalidad de esta modificación es dotar de «mayor claridad y seguridad jurídica» a estas leyes, «un menoscabo de continuar con la garantía y protección de los derechos de las personas trans y LGTBI».

«Son leyes regresivas»

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que los recursos presentados contra la Ley LGTBI y la Ley Trans de la Comunidad de Madrid impulsados por Ayuso se debe a que son «claramente regresivas, limitan y vulneran los derechos que están reconocidos en la legislación estatal».

«Son leyes que viene a reducir, a limitar y a imponer nuevo requisitos a los derechos que ya se reconocían en leyes previas de la Comunidad de Madrid de 2016, pero sobre todo y fundamentalmente son disposiciones que redundan en una limitación y recorte de los derechos que se han reconocido en la ley estatal», ha afirmado en alusión a la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

La ministra de Igualdad ha recalcado que es competencia del Gobierno central «garantizar que en todo el territorio del Estado se pueden disfrutar estos derechos con igualdad y plenitud». «Por lealtad institucional, consideramos que estas leyes de Madrid tendrían que haber hecho todo lo contrario, tendrían que haber sido leyes que incorporaran, mejoraran, ampliaran los derechos reconocidos en la ley estatal», ha esgrimido.

«Ese es el compromiso y las competencias que les corresponden a las comunidades autónomas, ir más allá todavía en la defensa y garantía de los derechos de sus ciudadanos. Pero lamentablemente, y desde la exposición de motivos, son leyes claramente regresivas, limitan y vulneran los derechos que están reconocidos en la legislación estatal», ha zanjado Redondo.