Ayuso aprueba la Ley Trans de Madrid para proteger a los menores en el cambio de sexo

La Asamblea de Madrid ha dado luz verde este viernes a la modificación de la ley LGTBI y de la ley Trans de la Comunidad que ha promulgado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para «proteger a los menores». El grupo parlamentario popular, así como Vox, han votado a favor de ambas reformas, mientras que Más Madrid y PSOE han votado en contra.

Las formaciones lideradas por Manuela Bergerot y Juan Lobato afirman que la nueva redacción de ambas normas «deroga avances» de las personas trans y LGTBI, mientras que desde el Gobierno autonómico defienden que no se recorta «ni un sólo derecho».

De hecho, los impulsores de esta modificación subrayan que las nuevas leyes lo que hacen es «ampliar» los derechos de las personas trans y LGTBI en Madrid al hacerlos «más plurales» y libres de «ideología». 

«Es una reforma que lo que pretende es sustituir todos aquellos artículos de ambas leyes que eran más ideológicos que efectivos en la protección de los derechos de todas las personas. El objetivo principal de esta reforma es sustituir la ideología por ciencia. Hemos escuchado el clamor de sociedades científicas y de padres que estaban reclamando un cambio en estas leyes para proteger a la infancia», explicó la diputada del PP y portavoz en la Comisión de Familia y Asuntos Sociales, Mónica Lavín, en una entrevista con OKDIARIO.

Entre otras cosas, el nuevo articulado de la Ley Trans de la Comunidad de Madrid establece que, a partir de ahora, para «iniciar el tratamiento farmacológico será requisito necesario que previamente los menores reciban apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil, mantenido durante todo el proceso y en el caso de que existiera comorbilidad será imprescindible un informe favorable del profesional que esté tratando al menor en dichas patologías».

Así, según celebran desde el grupo parlamentario popular, con esta reforma se «refuerza la necesidad del acompañamiento de los profesionales expertos en transexualidad, especialmente en los casos de menores».

«Se trata de evitar identificar erróneamente como un problema de cambio de sexo en niños y adolescentes otras situaciones –por ejemplo, falta de madurez, problemas de adolescencia, modas, etc.– que nada tienen que ver», agregan.

Además, otro de los aspectos más relevantes de la reforma es la supresión de la inversión de la carga de la prueba que se contemplaba hasta ahora en el articulado. En virtud de la legislación que se aprobó en 2016, «corresponde a aquel a quien se atribuye la conducta discriminatoria, la aportación de justificación probada objetiva y razonable de las medidas adoptadas».

De esta forma, si una persona denunciaba en procesos autonómicos haber sufrido discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género aportando «indicios razonables, fundamentados y probados por cualquier medio de prueba admitido en derecho», sería el acusado de realizar esa presunta conducta discriminatoria quien tenía que demostrar que no la realizó mediante «la aportación de justificación probada objetiva y razonable de las medidas adoptadas».

En definitiva, el objetivo de estas modificaciones es dotarlas de «mayor claridad y seguridad jurídica», así como la ya mencionada eliminación de la carga de la prueba, todo ello, sin menoscabo de continuar con la garantía y protección de los derechos de las personas trans y LGTBI.

Por otra parte, la Asamblea también ha dado este viernes -durante un Pleno Extraordinario celebrado después de aprobarse los Presupuestos autonómicos de 2024- luz verde a la ley de Medidas para la Simplificación y Mejora de la Eficacia de Instituciones y Organismos de la Comunidad de Madrid que tiene como objetivo «seguir avanzando en la línea de claridad y simplificación normativa» de la región.

Con los votos en contra de Vox, PSOE y Más Madrid, esta propuesta modifica hasta quince leyes «que regular instituciones y órganos fundamentales para dotarlos de mayor agilidad y eficacia o para superar situaciones de bloqueo en sus actuaciones».

«Los cambios que se introducen buscan, asimismo, una homologación con la legislación estatal, a la vez que actualizar la normativa autonómica que, conforme a la experiencia, ha demostrado la necesidad de su reforma», apuntan desde el grupo parlamentario popular.

Entre las cuestiones más relevantes, la nueva ley «facilita la toma de decisiones de los organismos autonómicos, se fortalece el control de las cuentas públicas a través de la Cámara de Cuentas, se habilita al Consejo de Gobierno para que revise la vigencia de disposiciones organizativas, y se da una mejor cobertura de personal al déficit de sanitarios en especialidades médicas».