El Gobierno admite que «consultas» como la pactada por Sánchez con ERC son referéndum

Aunque el PSOE ha negado por activa y por pasiva que la «consulta» pactada con ERC para la investidura de Pedro Sánchez –y por la que se someterán a validación únicamente de los catalanes los acuerdos alcanzados en la «mesa de diálogo» entre Gobierno y Generalitat– sea un «referéndum», el Gobierno ha acabado admitiendo que sí que lo es.

En varias ocasiones, y en casos ajenos al independentismo, los socialistas incurren en la contradicción. Un ejemplo es el acuerdo alcanzado recientemente por la Junta de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra, en relación con la Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo.

En la resolución se destaca la doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual, «atribuye a las consultas referendarias el carácter de consultas generales por virtud de su llamamiento a todo el cuerpo electoral del ámbito territorial correspondiente».

«En consecuencia, la consulta ciudadana, de ámbito foral o local a la que se refiere el precepto, al no ser una consulta referendaria, sólo puede tener como sujeto consultado un determinado colectivo o sector de población convocado», concluye. Esto es, el Ejecutivo limita la definición de ‘consulta’ a aquellas en las que «tendrán derecho a participar las personas que formen parte del colectivo o sector de la población al cual afecte la materia objeto de consulta», pero «desvinculando la consulta ciudadana del cuerpo electoral», como sí sería el caso de Cataluña.

Una mesa sin límites

Según el acuerdo alcanzado con ERC para la investidura de Pedro Sánchez, ese referéndum pactado con los independentistas en Cataluña permitirá someter a la votación -únicamente de los catalanes- los acuerdos alcanzados en la ‘mesa de diálogo’, formada por Gobierno y Generalitat. En esa mesa, que este miércoles se pone en marcha en La Moncloa, no habrá líneas rojas. Es decir, se podrá debatir sobre el falso ‘derecho de autodeterminación’ o sobre el indulto o la amnistía de los condenados por el golpe del 1-O en Cataluña. Según el texto, esa mesa «entre Gobiernos» partirá «del reconocimiento y la legitimidad de todas las partes y propuestas» y «actuará sin más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen en el ordenamiento jurídico democrático».

La presunta «consulta» se arbitrará «de acuerdo con los mecanismo previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político». Es decir, el PSOE insinúa una reforma de los actuales mecanismos legales para encajar esa consulta. Eso sí, sin citar en ningún momento la Constitución.

Estatuto Vasco

En el proyecto para la reforma del Estatuto Vasco, pactado por el PSE con PNV y Podemos y que se debatirá en los próximos meses, se advierte también expresamente que «la consulta al cuerpo electoral es un referéndum». Así se recoge, en concreto, en el voto particular del PSE a la propuesta de PNV y Podemos de someter el nuevo Estatuto a consulta de los vascos, antes de pasar al Congreso de los Diputados.

La reforma firmada por PNV y Podemos dice así:  «Durante su tramitación (de la reforoma del Estatuto de Autonomía) se habilitarán procesos de participación ciudadana en la forma que prevea el Reglamento de la Cámara, pudiendo, en su caso, con cáracter previo a la remisión a las Cortes Generales del Estado, consultarse, sin carácter vinculante, al cuerpo electoral sobre la reforma aprobada».

El PSOE, en cambio, se opone y pide la supresión concreta del inciso que avala esa consulta previa a la ciudadanía. Los socialistas justifican su voto particular en que «el uso del término ‘consulta’ (que ahora aceptan sin embargo a los separatistas) puede inducir a equívocos, porque hay ‘consultas’ que se pueden realizar, incluso a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; pero la «consulta al cuerpo electoral es un referéndum». 

«Introducir esa consulta (referéndum) es introducir en el procedimiento un elemento que ‘altera’ la relación entre las partes, porque se va al Congreso con el respaldo de la manifestación de la voluntad de la ciudadanía, lo que tiene el efecto de poner a la otra parte de una negociación entre la espada y la pared», firmaba el experto designado por el PSOE, Alberto López Basaguren. Y advertía: «Así no puede haber una negociación ‘limpia’».

La mesa de negociación entre el Gobierno socialcomunista y la Generalitat separatista se pondrá en funcionamiento este miércoles, con su primera reunión en La Moncloa.