García Ortiz pidió móvil nuevo justo el mes en el que el Tribunal Superior abrió el caso de la filtración

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pidió y consiguió un nuevo teléfono móvil en mayo de 2024, justo el mes en que el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) abrió el caso relacionado con la presunta filtración de correos electrónicos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Mientras García Ortiz insiste en que el cambio de dispositivo obedeció a motivos de seguridad y no a un intento de ocultar pruebas, las acusaciones ven todo lo contrario.

Según los documentos judiciales y los informes técnicos anexos, García Ortiz recibió un Samsung A54 el 24 de mayo de 2024. No obstante, lo dejó guardado durante un tiempo. No fue hasta el 23 de octubre de ese mismo año cuando le abre investigación el Tribunal Supremo cuando efectúa el cambio.

Posteriormente, el 18 de diciembre, se le entregó otro dispositivo más –que no ha dicho si usa actualmente al no ser objeto de investigación–. No hay constancia de que los terminales anteriores fueran entregados o reutilizados por terceros. Los responsables de informática de la Fiscalía han confirmado que «desde la fecha de 7 de marzo [hasta la apertura del caso], García Ortiz no ha hecho ninguna entrega en la oficina de móviles ni en la herramienta de la operadora».

En uno de los momentos más sorprendentes del juicio contra García Ortiz, la fiscal jefe de Inspección ha dicho que se encontró una caja de cartón llena de móviles usados. Se trata de una fiscal nombrada por Dolores Delgado afín a García Ortiz. Esa idea se ha tratado de usar para apuntalar la idea de que los fiscales vieron que era inútil dejar abandonados los terminales en una caja que nunca venían a buscar.

Por su parte, García Ortiz ha dicho que por seguridad cambiaba cada año aproximadamente su móvil y que borra cada 24 horas sus mensajes y un mes después no queda nada del anterior. No ha enseñado ninguna guía que haga eso obligatorio. La fiscal superior de Madrid, Adriana Lastra, ha dicho que jamás le informaron de que eran obligatorias esas prácticas. De hecho, abogados de las acusaciones –como Víctor Soriano– han afirmado que por razones de seguridad sería lógico no borrar datos que pueden ser de mucho valor, también por razones incluso históricas.

Informes de la UCO

Según los informes de la UCO, García Ortiz tenía dos móviles en el momento del registro de su despacho: el A54 en mayo de 2024 y otro, un A52 previamente. García Ortiz no ha explicado dónde tiene el resto de, en total, cuatro móviles que ha usado estos años. Sólo dice que los restaura.

Hasta el 23 de octubre, el A54 permaneció guardado, lo que, según el fiscal, obedeció a un mantenimiento rutinario y a la necesidad de realizar un «borrado sistemático» de información sensible. «No son datos míos, sólo soy custodio», aseguró García Ortiz durante su declaración. Dice estar muy concienciado sobre la protección de datos personales.

Explicó que, en concreto, desde que asumió su cargo en la Secretaría Técnica de la Fiscalía, realiza cambios de móvil aproximadamente «una vez al año» siguiendo recomendaciones de ciberseguridad y con asistencia técnica para asegurar la eliminación de datos.

García Ortiz recordó que una vez, antes de ser fiscal general, le dieron un móvil usado, un terminal que fue del jefe de la inspección y esgrime que no le pareció adecuado. Viendo que se depositaban en una caja para reutilizarse decidió no hacer devoluciones. Con los antiguos asegura que los restauraba con valores de fábrica siguiendo las indicaciones que le dan personas expertas. 

Dice que en su móvil además de su intimidad familiar hay más de 2.000 fiscales que le  comunican por WhatsApp y por correo circunstancias que atañen a casos por toda España. «Me dan borradores, situaciones de imputados, si va a entrar o no en prisión, etc. También hay relaciones internacionales con fiscales de otros países, información muy relevante», enumera.

García Ortiz defendió que la eliminación de mensajes de WhatsApp de su móvil no tenía fines de ocultación, sino de protección de terceras personas involucradas en los procesos judiciales. «Si me lo dejo encima de una mesa, me lo roban o me lo hackean, estaría poniendo en peligro a terceras personas de este país», sostuvo.

El fiscal general recordó que llegó a hablar con personal de Policía que se encarga de su seguridad sobre este tema y las conclusiones sobre cómo operar con sus móviles eran las lógicas: restaurar los valores de fábrica.