González Amador al fiscal general: «Si no hubiera borrado la verdad yo podría demostrar mi razón»

El cruce de declaraciones en diferido entre Alberto González Amador y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha marcado un nuevo capítulo en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo por la filtración del correo que la defensa del empresario, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Mientras González Amador acusa al Ministerio Público de actuar con parcialidad y haber “borrado la verdad”, García Ortiz ha reivindicado su inocencia con una frase convertida en emblema: «La verdad no se filtra, la verdad se defiende».

En su comparecencia ante el Supremo, González Amador reiteró que la inspección fiscal iniciada contra una de sus empresas en mayo de 2022 se amplió de manera irregular tras conocerse su relación con la presidenta autonómica. Ha sostenido que la Agencia Tributaria sabía quién era y que la Fiscalía actuó con fines políticos. «Si el fiscal general no hubiera borrado la verdad yo podría demostrar mi razón», espetó, visiblemente molesto y señalando a García Ortiz.

García Ortiz, por su parte, ha negado tajantemente cualquier filtración del correo electrónico que dio origen a la causa. «¿Ha hecho llegar el correo del 2 de febrero de 2024?», le ha preguntado la fiscal y su número dos Ángeles Sánchez Conde. «No», ha respondido con firmeza a esa única cuestión planteada por la teniente fiscal del Supremo. Además ha finalizado, en tono reflexivo: «Una persona ajena a la causa me dijo algo que lo resume bien: la verdad no se filtra, la verdad se defiende».

El contraste entre ambas afirmaciones —una acusatoria y otra defensiva— resume el clima de un proceso que ha adquirido una dimensión institucional y política mayúscula, en el que el fiscal general se sienta en el banquillo por presunta revelación de secretos mientras el empresario investigado por delitos fiscales denuncia una persecución mediática y judicial.

El documento que ha centrado el caso es el correo que la defensa de González Amador envió a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024, ofreciendo un acuerdo de conformidad por dos delitos fiscales para evitar la cárcel. Según la instrucción, García Ortiz habría filtrado ese correo a la Cadena Ser el 13 de marzo, la noche en que estalló la polémica. Tanto la UCO como las acusaciones han demostrado que ningún medio tenía copia exacta el correo hasta que lo recaba García Ortiz. Como han explicado los

Sin embargo, el fiscal general ha asegurado que no habló con el periodista Miguel Ángel Campos en esas horas. «No soy consciente de que ese día me llama; no cojo llamadas desde que soy fiscal general porque me volvería loco. Y menos esa noche», ha dicho, apoyándose en los informes de la Guardia Civil que —según él— acreditan que no atendió ninguna llamada.

Sin embargo, las acusaciones ven un intercambio de datos con Internet justo después de la llamada perdía del informador que podría corresponderse con una llamada de WhatsApp. Se trató de descargas de datos durante 18 minutos.

García Ortiz ha descrito la secuencia de aquellos días según lo vivió: desde el 7 de marzo, cuando un periodista alertó a su gabinete de prensa sobre una investigación vinculada a la Comunidad de Madrid, hasta el 15 de marzo, cuando se reunió con la Abogacía del Estado para «calmar las aguas» tras la nota de prensa que desató la tormenta.

El fiscal general ha insistido en que nunca pretendió dañar al novio de Ayuso, sino responder a una «calumnia». Ha explicado que decidió intervenir tras la publicación de El Mundo a las 21:29 del 13 de marzo, en la que se afirmaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador y luego lo había retirado por «órdenes de arriba». «Es una insidia, una calumnia. Nadie ha ordenado retirar lo que no se ha ofrecido», ha defendido.

Según García Ortiz, el objetivo de su actuación fue dar «una respuesta institucional» ante un «bulo» que se dividía en tres falsedades: que la Fiscalía propuso un pacto, que luego lo retiró y que lo hizo por órdenes superiores. «No es baladí que intentase desmentir el primer punto —ha explicado—, porque si no se podría dar a entender que los otros dos también eran ciertos».

El fiscal ha reconocido que pidió los correos a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid para poder aclarar los hechos y elaborar una nota de prensa. «Es evidente que si yo quiero los correos poco más hay que decir», ha lanzado. En su declaración, ha sostenido que esa nota buscaba «poner en valor el trabajo de los fiscales» y reflejar «el rigor de los hechos», no filtrar información sensible contra nadie.

«Una persecución»

La versión de González Amador dista mucho de esa lectura institucional. El empresario ha descrito una inspección que, según él, se convirtió en «una persecución». Ha recordado que en octubre de 2022 la inspectora Mercedes Urbano amplió las pesquisas «a mi persona física y a otra sociedad», extendiéndolas a los ejercicios 2021 y 2022. «Me dejó escamado; tenía la intuición de que sabían quién era», ha dicho.

La causa, que sigue abierta, se ha convertido en un reflejo de la tensión entre poder político y poder judicial. Y mientras la opinión pública asiste a este duelo de verdades —o de versiones—, el Supremo intenta discernir qué ocurrió aquella noche de marzo. Quizá, como diría un viejo cronista, la verdad haya terminado convertida en una criatura bifronte: defendida y borrada al mismo tiempo.