La Fiscalía de Barcelona retrata a García Ortiz: aprueba unas normas que habrían evitado la filtración

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha elaborado una guía que prohíbe expresamente facilitar información sobre asuntos en investigación, exactamente lo que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hizo en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.

El documento interno, consultado por OKDIARIO, establece con meridiana claridad que «la regla general será no dar información sobre asuntos en investigación», una norma que contrasta con la actuación del máximo responsable del Ministerio Público. Sólo se contempla una excepción: informar sobre si el fiscal ha solicitado alguna medida cautelar. Lo que no fue el caso que se juzga ahora en el Tribunal Supremo.

El protocolo, remitido a los medios de comunicación por los tres fiscales portavoces que operan en Cataluña, delimita con precisión qué información puede y no puede compartirse con la prensa. La guía ha llegado en un momento especialmente delicado para la institución, mientras García Ortiz está siendo investigado por el Supremo por presunta revelación de secretos.

Las directrices de Barcelona establecen que sólo se puede facilitar información sobre «escritos de acusación una vez presentados y notificados a las partes» y sobre «conformidades con Fiscalía, una vez sean las mismas ratificadas en juicio». Todo lo demás queda vetado cuando se trata de procedimientos abiertos.

La guía también prohíbe facilitar datos sobre «causas declaradas secretas» y limita drásticamente la información sobre diligencias de investigación. En estos casos, únicamente se puede confirmar «si consta presentada una denuncia y hay abiertas Diligencias de Investigación».

García Ortiz está siendo investigado precisamente por haber filtrado información de una investigación en curso. El fiscal general habría revelado datos de un correo electrónico y los propios emails del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, cuando el caso aún se encontraba sin judicializar. Había abiertas diligencias prejudiciales de investigación del fiscal, una etapa muy preliminar.

El caso del novio de Ayuso se remonta a marzo de 2024, cuando la Fiscalía Provincial de Madrid investigaba internamente a González Amador por presuntos delitos fiscales. Según la investigación del Supremo, García Ortiz habría autorizado la difusión de información confidencial para contrarrestar una noticia publicada sobre la posición de la Fiscalía en el caso.

Las normas de Barcelona también regulan estrictamente la información sobre recursos judiciales. «No se facilitará información sobre si la Fiscalía va a recurrir un asunto hasta que en su caso se presente el recurso correspondiente», establece el documento. Esta previsión busca evitar que se generen expectativas o debates públicos sobre decisiones que aún no se han formalizado.

El protocolo distingue claramente entre lo que compete a la Fiscalía y lo que corresponde a otras instituciones. Para peticiones de «resoluciones judiciales o señalamientos», la guía redirige a la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El documento establece que cualquier consulta sobre asuntos de la Fiscalía General del Estado debe remitirse directamente a Madrid, al correo de la jefa de prensa de García Ortiz. Esta derivación resulta especialmente significativa dado que el escándalo que afecta a García Ortiz se gestó precisamente desde la cúpula de la institución.

El contraste entre estas normas y la actuación investigada de García Ortiz evidencia que el problema no ha sido la ausencia de protocolos en el Ministerio Fiscal, sino su presunto incumplimiento desde la más alta jerarquía. La guía de Barcelona demuestra que la institución cuenta con directrices claras sobre qué información puede hacerse pública y cuándo.

Estas normas internas chocan con el argumento esgrimido por el fiscal general en el conocido episodio de la presunta filtración del expediente de la pareja de la presidenta madrileña. García Ortiz ha defendido que su nota pública de marzo de 2024 pretendía «desmentir un bulo» y no divulgar información confidencial. Sin embargo, la guía de portavocía barcelonesa no contempla en ningún punto la posibilidad de desmentir noticias falsas ni de aclarar informaciones periodísticas a través de datos reservados.

A la luz de esta guía, la posibilidad de publicar una nota informativa sobre una investigación en marcha, aunque fuera para desmentir un rumor, carece de cobertura reglamentaria.

Mientras García Ortiz afronta el juicio del Supremo, la Fiscalía Provincial de Barcelona ha recordado a sus interlocutores en los medios que las normas existen, están escritas y deben cumplirse.

La difusión de la guía de portavocía de Barcelona llega, por tanto, en un momento especialmente sensible para el Ministerio Fiscal. Aunque no menciona el caso, su contenido funciona de hecho como un recordatorio de los límites que la propia institución impone a sus representantes.