García Ortiz, con toga y sin sentarse en el banquillo de los acusados, niega la filtración contra Ayuso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha presentado este lunes con toga en el Tribunal Supremo para la apertura del juicio oral por un presunto delito de revelación de secretos. García Ortiz se ha sentado junto a la Fiscalía y la Abogacía del Estado que le defienden en un juicio sin precedentes por ser la primera vez en democracia que un fiscal general se encuentra en el banquillo de los acusados.

García Ortiz ha dicho este lunes que «no» se considera autor ni responsable del delito de revelación de secretos del que se le acusa, por la supuesta filtración de un correo relacionado con la causa abierta por presunto fraude a Hacienda de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La letrada de la administración de Justicia, con la lectura del acto de apertura del juicio, ha arrancado la vista oral. García Ortiz, situado junto a la abogacía del Estado y la Fiscalía, y ataviado con la toga de fiscal, se ha mantenido atento, bolígrafo en mano, y tomando notas constantemente.

El presidente del tribunal que juzga a García Ortiz, Andrés Martínez Arrieta, ha dado por comenzado el juicio y de inmediato ha realizado la siguiente pregunta, protocolaria, al fiscal general del Estado. «¿Señor García Ortiz, se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?»

«No», ha respondido García Ortiz desde el estrado, donde está sentado a la derecha de los abogados del Estado que le representan. Acto seguido, ha dado comienzo la fase de cuestiones previas, en la que la acusación particular que ejerce la pareja de Díaz Ayuso, y otras acusaciones, han solicitado incorporar como prueba comunicaciones entre un periodista de la Cadena Ser y el abogado de González Amador que propuso el pacto, así como un artículo de El País.

También la Fiscalía, que pide la absolución, ha tomado la palabra para denunciar vulneraciones de derechos fundamentales, en concreto a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones y también a un juez imparcial, y ha presentado varios documentos, como la certificación de que el polémico correo continúa a día de hoy en la dirección genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos.

Por su parte, la Abogacía del Estado, que también denuncia vulneración de derechos, ha presentado hasta siete cuestiones previas, entre ellas un dictamen pericial que concluye que no se puede determinar qué mensajes borró de su dispositivo el fiscal general el 16 de octubre, día en que se abrió la causa.

También ha pedido incorporar tuits del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, o un programa de radio que conecta la versión que este difundía con la información de El Mundo que atribuía a la Fiscalía la iniciativa del pacto, y no al revés.

García Ortiz está acusado de filtrar el correo en el que, el 2 de febrero de 2024, la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ofrecía al fiscal Julián Salto un pacto por el que reconocía en nombre de su cliente dos delitos contra Hacienda en busca de una rebaja en su petición de condena. Este empresario continúa procesado por estos hechos.

Para García Ortiz las acusaciones –la particular de Alberto González Amador y seis populares– solicitan entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación, mientras que la Fiscalía defiende que no hay delito y, como la Abogacía del Estado, pide la absolución.