Juicio al Fiscal General del Estado, en directo: última hora de García Ortiz hoy y los informes finales en el Supremo

El abogado del Estado cuestiona declaración de Lastra

El letrado sostiene que la declaración de la fiscal Almudena Lastra se basa en conjeturas, sin conocimiento directo de que se hubiera producido alguna filtración.

Añade que las sospechas que motivan su testimonio surgen de una «mala relación» con la cúpula de la Fiscalía General del Estado y califica su declaración como «inconsistente».

Señala que expresiones como “Has filtrado la nota” o “has filtrado los correos” no se mencionaron en la instrucción en el TSJM y que Lastra no consideró relevante incluir esas acusaciones, por lo que no puede afirmar si los correos fueron filtrados.

El abogado del Estado defiende la gestión de correos y los cambios de móvil de García Ortiz

El letrado afirma que las altas autoridades no pueden funcionar como cualquier ciudadano. Dice que el fiscal general le ha permitido revisar los 45 correos que aparecieron en su cuenta y asegura que contienen información sensible de múltiples causas y relaciones exteriores de España.

Señala que también se ha intentado criminalizar el cambio de teléfono del fiscal, cuando «consta que realiza esta renovación aproximadamente una vez al año».

El abogado sostiene que, si García Ortiz hubiera tenido intención de ocultar información, podría haber borrado los correos antes de la citación judicial a la fiscal provincial o de asumir él la responsabilidad de la nota en una la rueda de prensa. La defensa recalca que cualquier conexión se basa únicamente en indicios y no en pruebas de ocultamiento.

El abogado del Estado defiende a García Ortiz sobre su Gmail

El letrado explica que ha sido «frustrante» tener que aclarar muchas veces que la cuenta de Gmail del fiscal general no se borró después de la apertura de la investigación. Señala que el borrado se produce tras el inicio del caso porque la información ya se había publicado en un informe de la UCO y porque García Ortiz quería evitar recibir mensajes hostiles y ofensivos.

Subraya que cuando la UCO entró en el despacho, ya se sabía que los correos se habían enviado al Gmail durante la fase inicial de instrucción en el TSJM. Asegura que el fiscal general se mostró siempre colaborativo y que los correos estaban disponibles para quienes debían revisarlos.

El abogado dice que no puede hacerse responsable de que otros no cumplieran con su trabajo. Al finalizar el registro, García Ortiz no recibió instrucciones adicionales y continuó con su vida profesional confiando en que la información estaba debidamente copiada. Lamenta que la investigación continuó tratando esto como prueba de cargo. Ha rematado: «En fin…».

La defensa de García Ortiz cuestiona la legalidad de la entrada y registro

El abogado del Estado en defensa de Álvaro García Ortiz destaca la nulidad de la entrada y registro realizada en los despachos del fiscal general y la jefa provincial. Señala que el auto de registro resultó desproporcionado y que la incautación se prolongó durante siete meses, lo que excede cualquier medida razonable.

Subraya que, según los testimonios de los agentes declarados ayer, la orden concreta del magistrado instructor no se cumplió correctamente: «se copiaron datos sin cobertura legal, no se aplicó un cribado por palabras y no se personó un profesional independiente para determinar qué podía ser incautado».

El letrado añade que el acta de registro era «críptica» y que todavía no se ha realizado u»n expurgo completo de la información, que permanece a disposición del magistrado instructor», lo que mantiene cuestionable la legalidad del procedimiento.

Retoma la sesión la defensa de García Ortiz denunciando el contexto mediático

La abogada del Estado, en defensa de Álvaro García Ortiz, subraya las dificultades observadas durante el juicio. Señala que el contexto mediático ha sido excepcional y que el debate público ha desbordado claramente el debate jurídico. Advierte sobre un juicio paralelo, autoiniciado y basado en conjeturas y lecturas parciales, que ha creado un entorno adverso a la presunción de inocencia del fiscal general.

Aun así, asegura que esta contaminación externa no afectará la independencia ni la objetividad que deben guiar la sentencia. Apela a la esencia de la función jurisdiccional para garantizar los derechos fundamentales de todas las partes.

Se retomará el juicio a las cuatro con la recta final

El juez suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde, cuando intervendrá la Abogacía del Estado en defensa de Álvaro García Ortiz. La representación del Estado dispondrá de tiempo ilimitado para exponer sus conclusiones finales.

La fiscal pide al Supremo que ordene destruir o devolver lo incautado en los registros a García Ortiz

La teniente fiscal del Tribunal Supremo ha solicitado que la UCO devuelva a la Fiscalía o destruya las copias de la información obtenida en los registros de los despachos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la entonces fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez.

Sánchez Conde ha expresado su “preocupación” por el posible uso de los datos incautados, especialmente los del despacho de Rodríguez, donde los agentes realizaron una segunda copia que permanece en poder de la Guardia Civil. La petición se ha producido durante el informe final del juicio que se sigue en el Supremo contra García Ortiz por una presunta revelación de secretos.

La fiscal ha recordado que la UCO copió la totalidad de los dispositivos, aunque el juez había fijado un límite temporal entre el 8 y el 14 de marzo de 2024. Por ello, reclama al tribunal que ordene la devolución o destrucción de todo el material que exceda lo autorizado por el magistrado instructor.

La fiscal niega trato de favor o actuación impropia con el novio de Ayuso

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha negado que la Fiscalía actuara de forma “impropia” con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Asegura que “ha recibido el mismo trato que cualquier ciudadano” investigado por fraude fiscal.

Durante su intervención en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Sánchez Conde ha afirmado que “está fuera de toda duda” la actuación del Ministerio Fiscal desde que se abrieron las diligencias hasta la presentación de la denuncia ante los juzgados.

La fiscal ha subrayado que la denuncia se presentó antes de que se conociera la identidad de González Amador o su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, y ha recalcado que “el Ministerio Fiscal no ha tenido ninguna actuación impropia o improcedente” en este caso.

La Fiscalía sostiene que la filtración de García Ortiz “no constituye delito”

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, defiende que la filtración atribuida al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre el caso de Alberto González Amador “no constituye delito alguno” porque los periodistas “ya conocían el contenido antes de que él lo tuviera”.

Sánchez Conde asegura que “aun en la hipótesis de que el fiscal general hubiera filtrado el correo cuando lo tuvo en su poder, en ese momento era impune porque la noticia ya era conocida por muchos medios”. Añade que no hay indicios suficientes para condenarlo por revelación de secretos y que la información circulaba entre periodistas “días antes de que García Ortiz tuviera conocimiento del contenido”.

La fiscal subordinada de García Ortiz considera que la difusión previa “rompe la cadena de custodia informativa” y exime de responsabilidad penal. También ha defendido que el borrado de los chats de WhatsApp por parte del fiscal general “aparte de legítimo, no ha tenido ninguna trascendencia en esta causa”.

APIF cuestiona a periodistas y vincula el caso con problemas del Gobierno

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) critica que Álvaro García Ortiz ha sido incapaz de decir quién accedió a la documentación que se filtró. Califica de “no interrogatorio” la actitud de su número dos, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde al hacer solo dos preguntas de sí o no.

El abogado de APIF, Juan Antonio Frago, sostiene que el caso del novio de Ayuso se usó para compensar problemas informativos del Gobierno citando un whatsapp del jefe de gabinete de Juan Lobato, como la amnistía o el caso Begoña Gómez, esposa del presidente.

Frago defiende la actuación del instructor al señalar a Moncloa, aclarando que se refiere a «Presidencia», en referencia al secretario de Estado de Comunicación adscrito ahí, y no al presidente. Además, critica el trato de las defensas hacia los agentes de la UCO durante el interrogatorio que confirman el acceso ilegítimo del fiscal general al correo filtrado.

Soriano pide la pena máxima y cuestiona a los periodistas

El letrado Victor Soriano i Piqueras reclama la pena máxima para Álvaro García Ortiz, argumentando que su actuación constituye un ataque al Estado de Derecho y a la confianza de la ciudadanía, y que su cargo de fiscal general agrava la gravedad de sus acciones.

Además, defiende la vía alternativa de acusación por infidelidad en la custodia de documentos, una figura que conlleva multas e inhabilitación y que, según el letrado de Manos Limpias, se aplicaría si no se prueba la revelación de secretos, insistiendo en que García Ortiz se puso en la posición de custodio de los documentos.

Las acusaciones destacan borrado selectivo de los emails

El abogado de la acusación popular Foro Libertad y Alternativa sostiene que el fiscal general pidió un móvil nuevo en mayo, pero no lo utilizó hasta cinco meses después, cuando se abrió la causa.

Además, ve un «borrado selectivo» en los mails. Quedan 54 correos pero no los emails clave. Señala que esto contrasta con la versión del fiscal, que afirma que borra regularmente sus dispositivos por seguridad porque está muy concienciado con la protección de datos personales.

El letrado Fernando García Capelo lamenta que se use una cuenta de Gmail por «excusas» como que tardan los emails más en llegar en la cuenta oficial.

Insiste en la sincronía entre el momento en que el fiscal general accede a la documentación y cuando esta se filtra, resaltando la “inusitada urgencia” por obtener los correos y subrayando que no existe una explicación verosímil para este hecho.

El abogado del ICAM  censura el borrado del móvil y la frase de García Ortiz

El letrado señala que, aunque García Ortiz califica de «inadvertido» el borrado del móvil, este ocurre el mismo día en que se abre el caso, lo que implica la eliminación de pruebas que podrían ser incriminatorias, constituyendo «un indicio cualificado».

Recuerda que García Ortiz afirmó en su declaración que “la verdad no se filtra, se defiende” y entiende su posición; considera positivo que un alto cargo esté siendo juzgado, mostrando que el sistema funciona aunque haya fallado la actuación del imputado.

Añade que la frase, de carácter poético y transmitida a García Ortiz por otros, tiene «un componente de autoincriminación muy singular». Destaca además que el tratamiento de la causa ha sido ejemplar y que la defensa ha podido ejercer plenamente su labor pese a la complejidad del proceso.

Se suspende la vista por 10 minutos y se reanudará a las 12.

El abogado del ICAM cuestiona declaraciones sobre el acceso a actuaciones

El letrado sostiene que se hace un flaco favor a la carrera fiscal cuando García Ortiz, pese a decir que defiende el buen hacer de sus compañeros, insinúa que cualquier persona podría acceder a actuaciones privadas del caso.

Recuerda que en instrucción incluso se mencionó que “hasta la señora de la limpieza” podría tener acceso, y critica que se deje entrever que «hasta 600 personas podrían entrar».

Señala que esta duda sería fácilmente comprobable mediante una auditoría de trazabilidad, pero que no se ha realizado.

El abogado de González Amador critica la actuación de Pilar Sánchez Acera

El letrado considera «lamentable» que haga un ejercicio de «desmemoria» y utilice «un lenguaje gestual» que, según él, no refleja la verdad. Añade que, tanto el continente como el contenido de la información delicada, estaba en su poder, tal como señala la UCO.

El abogado del ICAM cuestiona la versión del periodista de la SER

El letrado sostiene que no es creíble que el periodista haya tenido la información antes que nadie y, aun así, se publique al final, permitiendo que otros se adelanten.

Advierte que ese razonamiento de que lo vio antes genera espacios de impunidad, ya que afirmar que alguien vio algo en una pantalla sin pruebas vacía de contenido el tipo penal y deja margen a quienes cometen la infracción.

El abogado del ICAM sobre la gestión de dispositivos y protección de datos

El letrado señala que ningún fiscal ha indicado que exista obligación formal de borrar dispositivos. Añade que hay un delegado de protección de datos que «sorprendentemente justifica las quiebras de seguridad». No afirma que falte a la verdad, pero considera «llamativo que se intente justificar graves vulneraciones de seguridad».

El abogado del ICAM critica el uso de la palabra «cianuro»

El letrado explica que no se trata del adverbio “más» cianuro, como lamentaba la fiscal Pilar Rodríguez, sino de introducir una carga venenosa en una nota que tenía como objetivo supuestamente aclarar los hechos. Señala que esa desafortunada expresión contribuye a crear una unidad de acto que buscaba lacerar derechos procesales que se dirimen en otro juzgado. No había nada

El abogado del ICAM aclara la validez de la prueba directa e indirecta

El letrado recuerda que desde hace más de cien años se reconoce que la prueba directa e indiciaria puede ser confusa y que algunos elementos cumplen ambas funciones. Señala que las pruebas directas incluyen declaraciones como las de Lastra o las incautaciones, pero no pierden entidad por ser también indicios. Afirma que en estas actuaciones se cumple el canon de lógica y suficiencia.

Respecto a la doctrina del Tribunal Constitucional, insiste en que no es necesario analizar la presunción de inocencia elemento por elemento, sino adoptar un planteamiento global que permita evaluar la realidad del caso sin vulnerar derechos fundamentales.

Destaca que la posición del ICAM debe estar por encima de consideraciones subjetivas y que se aplicaría igual si se tratara de otra relación personal, señalando que su argumento busca una valoración objetiva y equitativa de los hechos. «Haríamos lo mismo si fuera con la esposa de…», deja caer.

El abogado del ICAM presenta sus conclusiones sobre la prueba

El letrado explica que el hecho de que por razones técnicas haya sido necesario volcar todos los aparatos no implica nulidad como pide la Abogacía del Estado. Señala que esta es la prueba esencial y que intentar descartarla de raíz no procede.

Advierte que, llevada al extremo, cualquier entrada y registro sería nula si se exigiera volcar selectivamente los dispositivos antes de la extracción, lo que considera sorprendente.

Defiende la actuación general de la abogacía, que protege el secreto profesional con la Fiscalía, y subraya que las conformidades no se generan de forma espontánea, sino que son procedimientos a veces largos y complejos. El bien a proteger, concluye, es la libertad negocial.

El abogado de González Amador recuerda la trazabilidad de los correos

El letrado sostiene que la defensa del fiscal general hablará de que los archivos fueron accesibles para muchas personas, enviados a un correo genérico de varios fiscales, a un abogado del Estado, a una carpeta compartida y también estaba en poder del abogado.

Sin embargo, afirma que no se dirá que todo esto se hizo siguiendo las indicaciones de la Fiscalía para acordar conformidades, ni que las aplicaciones registran y permiten verificar los accesos.

Añade que ni García Ortiz ni las diferentes fiscalías han aportado documentos sobre esa trazabilidad ni han solicitado pruebas, y que los informes periciales sólo confirman accesos puntuales, en genérico, como los de Íñigo Corral, jefe de prensa de la Fiscalía madrileña. «¿Qué problema habría en mostrar esos accesos completos si García Ortiz no sería el filtrador?», se pregunta el letrado.

El juez ordena que el abogado comience a concluir su intervención

El magistrado le indica que vaya terminando, aunque concede que, tal como han hablado, el resto de acusaciones le ceden 15 minutos cada una para que disponga de más tiempo. Acepta la extensión, pero recalca que debe ir concluyendo su exposición.

El abogado de González Amador critica que no se han mostrado los chats

El letrado señala que ni los periodistas de la SER y El País, ni García Ortiz ni su jefa de prensa comparten sus comunicaciones de esa noche, ya sean por WhatsApp, Signal o correo electrónico.

Se pregunta qué problema habría existido si esas comunicaciones se hubieran mostrado, destacando que no habría vulneración del secreto de fuentes.

Afirma que basta con lo declarado por el periodista de la SER, que dice tener el correo antes que su fuente, para desestimar cualquier acusación de revelación de secretos en general, y subraya que la SER no hace ninguna foto al correo, ni lo escanea ni lo enseña a compañeros. «Sería la penicilina», esgrime.

El abogado de González Amador cuestiona la versión de la SER

El letrado sostiene que la SER afirma haber visto el correo a mediodía del día 13 y que no le autorizaban a publicarlo, sin compartir sus notas con nadie ese día ni aportar la lista de llamadas, lo que constituye, según él, un incumplimiento de la verdad sobre un elemento nuclear.

Afirma que el periodista contacta con Carlos Neira para intentar desbloquear la publicación de lo que su fuente no permitía, pero matiza que esto no ocurrió por la tarde, sino mediante un WhatsApp enviado a las 23:10.

El abogado plantea la duda de que, si realmente tenía una noticia “que le quema en las manos”, no habría esperado hasta tan tarde para intentar publicarla, cuestionando así la credibilidad de la versión del periodista.

El abogado de González Amador cuestiona las declaraciones de los periodistas

El letrado aclara que los testigos llamados a declarar tienen tres obligaciones: acudir, responder y decir la verdad. Sin embargo, no los periodistas están obligados a responder preguntas que afecten al secreto de sus fuentes. Además, dice, pueden acogerse a su derecho a la no autoinculpación en casos relacionados con la revelación de secretos.

Señala que las declaraciones de los periodistas no pueden valorarse como una testifical normal, ya que objetivamente se observa que desde la Fiscalía se filtra información a la prensa. Por ejemplo, Pilar Rodríguez afirmó que «tooodo» lo publicado por eldiario.es tiene un vínculo con el Ministerio Público, un jefe de El País confirmó recibir información de la Fiscalía vía WhatsApp, y la SER dijo que la Fiscalía preparaba un comunicado.

Añade que los periodistas tienen interés comercial en proteger sus fuentes y, por ello, sus declaraciones deben tomarse con especial cautela durante el juicio.

El abogado alerta sobre la vulneración de la presunción de inocencia

El letrado recuerda que la Oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF) de la UE ya señala que la difusión de una nota de prensa propia constituye un ataque a la presunción de inocencia y cita una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Explica que al dar la impresión en un comunicado accesible al público se vulnera este principio, especialmente al usar términos como “fraude”, que implican una acusación penal directa.

Advierte que este tipo de actuaciones no pueden ser realizadas por las autoridades y subraya la gravedad de la situación: “Imagínense si está lesionada la presunción de inocencia en este caso”.

El abogado destaca el impacto personal y profesional en González Amador

El letrado subraya que González Amador ha sufrido graves consecuencias personales tras la filtración. Explicó que perdió contratos, los proveedores se negaron a seguir trabajando con él y a varios de sus empleados les cancelaron las hipotecas.

Según la acusación, el daño no se limita al terreno económico, sino que también afecta directamente a su derecho de defensa. “¿Qué defensa se va a hacer en el procedimiento de fraude fiscal?”, se pregunta el abogado ante el tribunal.

El abogado de González Amador acusa a Moncloa de orquestar el “blanqueamiento” de la filtración

El abogado de Alberto González Amador asegura que la filtración fue blanqueada mediante “dos documentos» en Moncloa y la difusión de uno en un medio afín, El Plural. Explica que, tras la publicación, el portavoz socialista Juan Lobato expuso el asunto en la Asamblea de Madrid, aumentando la intensidad del uso político de esos documentos.

Citando declaraciones públicas, el abogado dice que el presidente del Gobierno vinculó políticamente el caso con la presidenta de la Comunidad de Madrid, algo que, a su juicio, instrumentalizó el asunto.

También alude al ministro de Justicia, Félix Bolaños;  y Óscar López, jefe de Pilar Sánchez Acera, que  replicaron el mismo relato en sus intervenciones, consolidando la línea comunicativa.

El abogado de González Amador acusa a García Ortiz de borrar “todos los registros de los hechos delictivos”

El abogado de Alberto González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, ha asegurado en sus conclusiones ante el tribunal que el fiscal general “procedió a borrar todos los registros de los datos y hechos delictivos”. Ha defendido la actuación de la UCO, señalando que “siempre se clona todo” durante un registro, y que “todos los operadores jurídicos lo saben perfectamente”.

El letrado ha insistido en que la nota de prensa difundida por la Fiscalía el 13 de marzo de 2024 fue “el relato institucional de confesión y culpabilidad”, y que no era necesario incluir la referencia a la conformidad de González Amador para “neutralizar ningún bulo”.

Rodríguez Ramos también ha destacado las diferencias entre García Ortiz y la fiscal Almudena Lastra, recordando que el primero la presionó para publicar la nota con frases como “si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato”.

Durante su intervención, el abogado ha cuestionado por qué el periodista de la SER no ha mostrado sus mensajes con el fiscal general y la directora de comunicación, Mar Hedo, insinuando que “no hay compromiso con una fuente salvo que sea su fuente”.

No se descarta que García Ortiz haga uso de la última palabra antes de que el proceso quede visto para sentencia.

Lastra dijo que no estaba de acuerdo con la publicación de la nota

«Nos van a ganar el relato«. García Ortiz insistió a Lastra, y esta le dice que «no está de acuerdo» con la publicación de la nota, que la firmase la FGE. La nota se envió con el contenido de que el letrado defensor de González Amador reconocía la autoría de dos delitos contra la hacienda fiscal.

El abogado de González Amador expone sus conclusiones

Arranca la última sesión del juicio. El abogado del empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Diaz Ayuso, es el primero en exponer sus conclusiones ante el tribunal.

Comienza la sesión

La última sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha arrancado a las 10.05 horas de este jueves con la lectura de los alegatos finales por parte del abogado de González Amador. Informa Sara Méndez.