Juicio al Fiscal General del Estado, en directo: última hora de García Ortiz hoy y los informes finales en el Supremo

Las acusaciones destacan borrado selectivo de los emails

El abogado de la acusación popular Foro Libertad y Alternativa sostiene que el fiscal general pidió un móvil nuevo en mayo, pero no lo utilizó hasta cinco meses después, cuando se abrió la causa.

Además, ve un «borrado selectivo» en los mails. Quedan 54 correos pero no los emails clave. Señala que esto contrasta con la versión del fiscal, que afirma que borra regularmente sus dispositivos por seguridad porque está muy concienciado con la protección de datos personales.

El letrado Fernando García Capelo lamenta que se use una cuenta de Gmail por «excusas» como que tardan los emails más en llegar en la cuenta oficial.

Insiste en la sincronía entre el momento en que el fiscal general accede a la documentación y cuando esta se filtra, resaltando la “inusitada urgencia” por obtener los correos y subrayando que no existe una explicación verosímil para este hecho.

El abogado del ICAM  censura el borrado del móvil y la frase de García Ortiz

El letrado señala que, aunque García Ortiz califica de «inadvertido» el borrado del móvil, este ocurre el mismo día en que se abre el caso, lo que implica la eliminación de pruebas que podrían ser incriminatorias, constituyendo «un indicio cualificado».

Recuerda que García Ortiz afirmó en su declaración que “la verdad no se filtra, se defiende” y entiende su posición; considera positivo que un alto cargo esté siendo juzgado, mostrando que el sistema funciona aunque haya fallado la actuación del imputado.

Añade que la frase, de carácter poético y transmitida a García Ortiz por otros, tiene «un componente de autoincriminación muy singular». Destaca además que el tratamiento de la causa ha sido ejemplar y que la defensa ha podido ejercer plenamente su labor pese a la complejidad del proceso.

Se suspende la vista por 10 minutos y se reanudará a las 12.

El abogado del ICAM cuestiona declaraciones sobre el acceso a actuaciones

El letrado sostiene que se hace un flaco favor a la carrera fiscal cuando García Ortiz, pese a decir que defiende el buen hacer de sus compañeros, insinúa que cualquier persona podría acceder a actuaciones privadas del caso.

Recuerda que en instrucción incluso se mencionó que “hasta la señora de la limpieza” podría tener acceso, y critica que se deje entrever que «hasta 600 personas podrían entrar».

Señala que esta duda sería fácilmente comprobable mediante una auditoría de trazabilidad, pero que no se ha realizado.

El abogado de González Amador critica la actuación de Pilar Sánchez Acera

El letrado considera «lamentable» que haga un ejercicio de «desmemoria» y utilice «un lenguaje gestual» que, según él, no refleja la verdad. Añade que, tanto el continente como el contenido de la información delicada, estaba en su poder, tal como señala la UCO.

El abogado del ICAM cuestiona la versión del periodista de la SER

El letrado sostiene que no es creíble que el periodista haya tenido la información antes que nadie y, aun así, se publique al final, permitiendo que otros se adelanten.

Advierte que ese razonamiento de que lo vio antes genera espacios de impunidad, ya que afirmar que alguien vio algo en una pantalla sin pruebas vacía de contenido el tipo penal y deja margen a quienes cometen la infracción.

El abogado del ICAM sobre la gestión de dispositivos y protección de datos

El letrado señala que ningún fiscal ha indicado que exista obligación formal de borrar dispositivos. Añade que hay un delegado de protección de datos que «sorprendentemente justifica las quiebras de seguridad». No afirma que falte a la verdad, pero considera «llamativo que se intente justificar graves vulneraciones de seguridad».

El abogado del ICAM critica el uso de la palabra «cianuro»

El letrado explica que no se trata del adverbio “más» cianuro, como lamentaba la fiscal Pilar Rodríguez, sino de introducir una carga venenosa en una nota que tenía como objetivo supuestamente aclarar los hechos. Señala que esa desafortunada expresión contribuye a crear una unidad de acto que buscaba lacerar derechos procesales que se dirimen en otro juzgado. No había nada

El abogado del ICAM aclara la validez de la prueba directa e indirecta

El letrado recuerda que desde hace más de cien años se reconoce que la prueba directa e indiciaria puede ser confusa y que algunos elementos cumplen ambas funciones. Señala que las pruebas directas incluyen declaraciones como las de Lastra o las incautaciones, pero no pierden entidad por ser también indicios. Afirma que en estas actuaciones se cumple el canon de lógica y suficiencia.

Respecto a la doctrina del Tribunal Constitucional, insiste en que no es necesario analizar la presunción de inocencia elemento por elemento, sino adoptar un planteamiento global que permita evaluar la realidad del caso sin vulnerar derechos fundamentales.

Destaca que la posición del ICAM debe estar por encima de consideraciones subjetivas y que se aplicaría igual si se tratara de otra relación personal, señalando que su argumento busca una valoración objetiva y equitativa de los hechos. «Haríamos lo mismo si fuera con la esposa de…», deja caer.

El abogado del ICAM presenta sus conclusiones sobre la prueba

El letrado explica que el hecho de que por razones técnicas haya sido necesario volcar todos los aparatos no implica nulidad como pide la Abogacía del Estado. Señala que esta es la prueba esencial y que intentar descartarla de raíz no procede.

Advierte que, llevada al extremo, cualquier entrada y registro sería nula si se exigiera volcar selectivamente los dispositivos antes de la extracción, lo que considera sorprendente.

Defiende la actuación general de la abogacía, que protege el secreto profesional con la Fiscalía, y subraya que las conformidades no se generan de forma espontánea, sino que son procedimientos a veces largos y complejos. El bien a proteger, concluye, es la libertad negocial.

El abogado de González Amador recuerda la trazabilidad de los correos

El letrado sostiene que la defensa del fiscal general hablará de que los archivos fueron accesibles para muchas personas, enviados a un correo genérico de varios fiscales, a un abogado del Estado, a una carpeta compartida y también estaba en poder del abogado.

Sin embargo, afirma que no se dirá que todo esto se hizo siguiendo las indicaciones de la Fiscalía para acordar conformidades, ni que las aplicaciones registran y permiten verificar los accesos.

Añade que ni García Ortiz ni las diferentes fiscalías han aportado documentos sobre esa trazabilidad ni han solicitado pruebas, y que los informes periciales sólo confirman accesos puntuales, en genérico, como los de Íñigo Corral, jefe de prensa de la Fiscalía madrileña. «¿Qué problema habría en mostrar esos accesos completos si García Ortiz no sería el filtrador?», se pregunta el letrado.

El juez ordena que el abogado comience a concluir su intervención

El magistrado le indica que vaya terminando, aunque concede que, tal como han hablado, el resto de acusaciones le ceden 15 minutos cada una para que disponga de más tiempo. Acepta la extensión, pero recalca que debe ir concluyendo su exposición.

El abogado de González Amador critica que no se han mostrado los chats

El letrado señala que ni los periodistas de la SER y El País, ni García Ortiz ni su jefa de prensa comparten sus comunicaciones de esa noche, ya sean por WhatsApp, Signal o correo electrónico.

Se pregunta qué problema habría existido si esas comunicaciones se hubieran mostrado, destacando que no habría vulneración del secreto de fuentes.

Afirma que basta con lo declarado por el periodista de la SER, que dice tener el correo antes que su fuente, para desestimar cualquier acusación de revelación de secretos en general, y subraya que la SER no hace ninguna foto al correo, ni lo escanea ni lo enseña a compañeros. «Sería la penicilina», esgrime.

El abogado de González Amador cuestiona la versión de la SER

El letrado sostiene que la SER afirma haber visto el correo a mediodía del día 13 y que no le autorizaban a publicarlo, sin compartir sus notas con nadie ese día ni aportar la lista de llamadas, lo que constituye, según él, un incumplimiento de la verdad sobre un elemento nuclear.

Afirma que el periodista contacta con Carlos Neira para intentar desbloquear la publicación de lo que su fuente no permitía, pero matiza que esto no ocurrió por la tarde, sino mediante un WhatsApp enviado a las 23:10.

El abogado plantea la duda de que, si realmente tenía una noticia “que le quema en las manos”, no habría esperado hasta tan tarde para intentar publicarla, cuestionando así la credibilidad de la versión del periodista.

El abogado de González Amador cuestiona las declaraciones de los periodistas

El letrado aclara que los testigos llamados a declarar tienen tres obligaciones: acudir, responder y decir la verdad. Sin embargo, no los periodistas están obligados a responder preguntas que afecten al secreto de sus fuentes. Además, dice, pueden acogerse a su derecho a la no autoinculpación en casos relacionados con la revelación de secretos.

Señala que las declaraciones de los periodistas no pueden valorarse como una testifical normal, ya que objetivamente se observa que desde la Fiscalía se filtra información a la prensa. Por ejemplo, Pilar Rodríguez afirmó que «tooodo» lo publicado por eldiario.es tiene un vínculo con el Ministerio Público, un jefe de El País confirmó recibir información de la Fiscalía vía WhatsApp, y la SER dijo que la Fiscalía preparaba un comunicado.

Añade que los periodistas tienen interés comercial en proteger sus fuentes y, por ello, sus declaraciones deben tomarse con especial cautela durante el juicio.

El abogado alerta sobre la vulneración de la presunción de inocencia

El letrado recuerda que la Oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF) de la UE ya señala que la difusión de una nota de prensa propia constituye un ataque a la presunción de inocencia y cita una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Explica que al dar la impresión en un comunicado accesible al público se vulnera este principio, especialmente al usar términos como “fraude”, que implican una acusación penal directa.

Advierte que este tipo de actuaciones no pueden ser realizadas por las autoridades y subraya la gravedad de la situación: “Imagínense si está lesionada la presunción de inocencia en este caso”.

El abogado destaca el impacto personal y profesional en González Amador

El letrado subraya que González Amador ha sufrido graves consecuencias personales tras la filtración. Explicó que perdió contratos, los proveedores se negaron a seguir trabajando con él y a varios de sus empleados les cancelaron las hipotecas.

Según la acusación, el daño no se limita al terreno económico, sino que también afecta directamente a su derecho de defensa. “¿Qué defensa se va a hacer en el procedimiento de fraude fiscal?”, se pregunta el abogado ante el tribunal.

El abogado de González Amador acusa a Moncloa de orquestar el “blanqueamiento” de la filtración

El abogado de Alberto González Amador asegura que la filtración fue blanqueada mediante “dos documentos» en Moncloa y la difusión de uno en un medio afín, El Plural. Explica que, tras la publicación, el portavoz socialista Juan Lobato expuso el asunto en la Asamblea de Madrid, aumentando la intensidad del uso político de esos documentos.

Citando declaraciones públicas, el abogado dice que el presidente del Gobierno vinculó políticamente el caso con la presidenta de la Comunidad de Madrid, algo que, a su juicio, instrumentalizó el asunto.

También alude al ministro de Justicia, Félix Bolaños;  y Óscar López, jefe de Pilar Sánchez Acera, que  replicaron el mismo relato en sus intervenciones, consolidando la línea comunicativa.

El abogado de González Amador acusa a García Ortiz de borrar “todos los registros de los hechos delictivos”

El abogado de Alberto González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, ha asegurado en sus conclusiones ante el tribunal que el fiscal general “procedió a borrar todos los registros de los datos y hechos delictivos”. Ha defendido la actuación de la UCO, señalando que “siempre se clona todo” durante un registro, y que “todos los operadores jurídicos lo saben perfectamente”.

El letrado ha insistido en que la nota de prensa difundida por la Fiscalía el 13 de marzo de 2024 fue “el relato institucional de confesión y culpabilidad”, y que no era necesario incluir la referencia a la conformidad de González Amador para “neutralizar ningún bulo”.

Rodríguez Ramos también ha destacado las diferencias entre García Ortiz y la fiscal Almudena Lastra, recordando que el primero la presionó para publicar la nota con frases como “si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato”.

Durante su intervención, el abogado ha cuestionado por qué el periodista de la SER no ha mostrado sus mensajes con el fiscal general y la directora de comunicación, Mar Hedo, insinuando que “no hay compromiso con una fuente salvo que sea su fuente”.

No se descarta que García Ortiz haga uso de la última palabra antes de que el proceso quede visto para sentencia.

Lastra dijo que no estaba de acuerdo con la publicación de la nota

«Nos van a ganar el relato«. García Ortiz insistió a Lastra, y esta le dice que «no está de acuerdo» con la publicación de la nota, que la firmase la FGE. La nota se envió con el contenido de que el letrado defensor de González Amador reconocía la autoría de dos delitos contra la hacienda fiscal.

El abogado de González Amador expone sus conclusiones

Arranca la última sesión del juicio. El abogado del empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Diaz Ayuso, es el primero en exponer sus conclusiones ante el tribunal.

Comienza la sesión

La última sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha arrancado a las 10.05 horas de este jueves con la lectura de los alegatos finales por parte del abogado de González Amador. Informa Sara Méndez.